El Gobierno culmina un primer curso con un balance bastante peor de lo esperado por Moncloa. Desde el inicio de la legislatura solo han conseguido aprobar tres leyes: la ley de amnistía, la reforma de la Constitución para permitir hablar lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados y el proyecto de ley para regular las enseñanzas artísticas superiores. El Ejecutivo pretende aprobar casi un centenar de normas este año para cumplir con Europa y recibir los fondos comunicativos correspondientes, pero la aritmética parlamentaria ha impedido sacar adelante gran parte de la agenda que tenía previsto el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo sí consiguió convalidar dos decretos leyes en enero, pero decayó un tercero impulsado por el Ministerio de Trabajo tras el "no" de Podemos a la reforma del despido incluido en el macroproyecto. También han conseguido luz verde a extender las medidas anticrisis que vienen extendiéndose desde la pasada legislatura para paliar el impacto de la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania.
Más allá de las leyes que han conseguido la luz verde de la Cámara Baja, el Gobierno ha perdido un total de 33 votaciones. El 23-J dibujó un escenario más que incierto: a la compleja suma de mayoría de la pasada legislatura, que aunaba a Unidas Podemos, PNV, Bildu, Esquerra Republicana y Teruel Existe, se ha sumado Junts. La formación liderada por el expresident Carles Puigdemont ha tensado al máximo la cuerda, llevando al límite cada negociación y tumbando iniciativas fundamentales de la legislatura.
A las negociaciones con el partido independentista se ha sumado las conversaciones con Podemos, que abandonó el Grupo de Sumar para integrarse en el Mixto y tumbó al macrodecreto impulsado por Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo el pasado enero. Junts incluso frenó la aprobación de la amnistía, la norma pactada con el Partido Socialista para hacer presidente a Pedro Sánchez.
El pasado martes, el Gobierno perdió sus últimas dos votaciones: el reparto de menores inmigrantes pactado con el Ejecutivo canario y el techo de gasto, el primer paso para la aprobación de los presupuestos generales del Estado —la ley más importante de cada curso político—.
Sánchez ya renunció a elaborar y presentar unas cuentas estatales para este año tras el adelanto electoral en Cataluña. En Moncloa consideraban inviable poder pactar unos presupuestos con todos sus socios en mitad de una elecciones autonómicas en sus respectivos territorios. El carrusel electoral del primer semestre de 2024 puso el freno a la agenda legislativa del Gobierno, que ha evitado enfrentarse a cualquier votación en el Congreso.
Galicia celebró los comicios regionales en febrero, en abril las elecciones vascas, con PNV y Bildu luchando por liderar Euskadi, en mayo las catalanas —en pleno enfrentamiento entre ERC y Junts— y, por últimos, las europeas, cruciales para medir el apoyo al Gobierno de coalición.
"Va a ser una legislatura de pocas leyes", aseveraba un ministro a ECD en noviembre, tras la tercera investidura de Sánchez, pero no esperaban un primer año con solo tres leyes aprobadas y tres decretos leyes convalidados.
Las normas que sí ha conseguido aprobar el Congreso y el Senado no han servido para coger fuerza en las encuestas. El Ejecutivo reformó el artículo 41 de la Constitución para permitir a los parlamentarios intervenir en las lenguas cooficiales —catalán, euskera, gallego...—. Después impulsó la ley de amnistía que ha dejado sin efecto cualquier causa judicial vinculada al procès desde finales de 2011 hasta noviembre de 2023. La Justicia tendrá que dirimir ahora si la norma incumple la Carta Magna. La última de las iniciativas, libre de polémica, busca regular las enseñanzas artísticas superiores.
