La configuración de un modelo de «financiación singular para Cataluña» – usando la terminología de María Jesús Montero , ministra de Hacienda y Función Pública–, que es el escollo principal que está retrasando la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, mantiene en vilo a los cerca de 3.800 empleados públicos –la mayoría de ellos, funcionarios– que tiene la Agencia Tributaria en esa Comunidad Autónoma, según datos de la propia AEAT. De concederse lo que ERC pide, que no es otra cosa que recaudar el 100% de los impuestos de titularidad estatal en Cataluña, necesariamente esos empleados públicos dejarían de trabajar para el Gobierno central y pasarían a depender del gobierno autonómico. O al menos, es lo...
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