Congreso tiene un paquetazo de contrarreformas pendientes para la nueva legislatura

Lo que viene. Estos son los proyectos que aguardan su aprobación en el Congreso: la eliminación de la JNJ, cambiar la composición del JNE, someter a las autoridades electorales a denuncias constitucionales, aumentar el número de congresistas a 237, perseguir a las ONG y sancionar jueces y fiscales.

Las contrarreformas que el Congreso tiene pendiente de aprobar son un paquetazo contra el sistema judicial y electoral y normas que apuntan a perseguir a las ONG, sancionar jueces y fiscales e incrementar el número de diputados y senadores cuando retorne la bicameralidad.

Ahora depende de la nueva Mesa Directiva, presidida por el congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, y sus bancadas aliadas, la rápidez con las que estas contrarreformas avancen en sus respectivas comisiones y sean agendadas en el Pleno.

Las contrarreformas desde la Comisión de Constitución

La legislatura pasada la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Martha Moyano, impulsó leyes contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las autoridades y reglas electorales.

Aún está pendiente que el Congreso decida si aprobará o no en el Pleno el dictamen de reforma constitucional de esa comisión – que se sostiene en una iniciativa de la legisladora Glady Echaiz, de Honor y Democracia – para eliminar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crear la Escuela Nacional de la Magistratura.

Ese dictamen, además, plantea que los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Estado Civil (Reniec) sean elegidos por el Parlamento. Los jefes de ambas instituciones Piero Corvetto y Carmen Velarde fueron ratificados en el cargo por la JNJ.

Sin embargo, en los Pasos Perdidos aguardan que el Tribunal Constitucional (TC) anule las decisiones tomadas por la JNJ luego de la restitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez. Caso contrario, apelarán a modificaciones legislativas para que Corvetto y Velarde no sean autoridades electorales durante los comicios generales del 2026.

A eso se suma que el Pleno aún no ha sometido a debate el dictamen de la Comisión de Constitución promovido por el fujimorismo para modificar el artículo 99 de la Carta Magna y poder someter a las autoridades electorales a procesos de antejuicio y juicio político, algo que condiciona la autonomía de estos funcionarios.

Asimismo, aún falta que el hemiciclo convoque a la segunda votación de la reforma constitucional que cambia la modalidad de elección del magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que representa a los abogados.

Actualmente esa autoridad es elegida por el Colegio de Abogados de Lima (CAL), pero esta iniciativa pretende que sean todos los colegios del país los que voten.

La Comisión de Constitución también promovió una norma para que el presidente del JNE sea elegido con los votos de los cinco miembros del pleno de este tribunal electoral. Actualmente, el titular del jurado es el magistrado que representa a la Corte Suprema.

Y respecto a las reglas electorales, esta comisión intentó aprobar un texto sustitutorio que modifica el artículo 34 de la Constitución para impedir que personas que fueron sentenciadas, como Antauro Humala, puedan postular en 2026, pero omite los delitos cometidos por el exdictador Alberto Fujimori.

Esa ley tampoco prosperó y tuvo que regresar a la Comisión de Constitución para que sea reformulada.

Por último, está la reforma constitucional impulsada por Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Perú para incrementar a 237 el número de diputados y senadores en el Congreso bicameral. El texto aún no tiene dictamen aprobado en la Comisión de Constitución.

Estas 6 leyes no fueron aprobadas en la legislatura pasada. Fuentes legislativas explicaron que se debió a que, al tratarse de reformas constitucionales, los promotores de estos dictámenes no contaron con los 87 votos que exige el reglamento del Congreso para darles luz verde.

Otras contrarreformas

También hay iniciativas que causaron controversia y no son de reforma constitucional. La comisión de Moyano aprobó en la legislatura anterior un dictamen - basado en un proyecto del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez - para habilitar suplentes que rellenen el pleno de la JNJ sin importar el puntaje de la calificación. Falta que el Pleno la ponga en agenda.

Falta además la segunda votación en el hemiciclo de la ley que elimina los movimientos regionales. En principio, cuando se aprobó en primera votación, la Asociación de Movimientos Regionales protestó y anunció que iba a sumarse a las protestas contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso.

Sin embargo, luego esta asociación retrocedió debido a que llegó a un “entendimiento” con los congresistas y bancadas. Una de las bancadas que ahora no apoyará la eliminación de los movimientos regionales es Renovación Popular. Pero ellos son una agrupación con pocos legisladores. No es garantía.

Otra ley que generó revuelo – incluso de la comunidad internacional – fue la ley que persigue el financiamiento y las actividades de las ONG. La norma fue impulsada en la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular. Hasta hace dos semanas, figuraba en la agenda de la Comisión Permanente, pero no fue votada.

En la Comisión de Economía, por otro lado, los parlamentarios aprobaron el 30 de junio un dictamen que deroga la ley de prevención y contaminación lumínica. Falta que sea agendado en el Pleno.

El 5 de julio la Comisión de Justicia aprobó un dictamen de una propuesta fujimorista para impedir que la Fiscalía pida detención preliminar o prisión preventiva contra los policías que hacen uso de sus armas en situación de actividad.

El 8 de julio el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, presentó ante esta comisión un proyecto de ley que permite denunciar a jueces y fiscales en cualquier jurisdicción.

La repartija se avecina

Con estas contrarreformas pendientes, por eso es importante el manejo de las comisiones del Congreso debido a que los presidentes de estos grupos de trabajo son quienes sustentan y modifican esas iniciativas.

La repartija de las presidencias de las comisiones del Congreso dependerá de la voluntad de las bancadas aliadas que dominan la Mesa Directiva y las otras que conforman el autodenominado "Bloque Democrático". Ellos tienen los votos suficientes para imponer su distribución en la Junta de Portavoces.

Además, tienen los votos para decidir qué temas son incluidos en la agenda del Pleno. Al cierre de esta nota, era conocido el interés de Fuerza Popular por mantener el dominio de las comisiones de Constitución, Relaciones Exteriores. En caso de APP, además de las comisiones ordinarias que le asignen, conservaría la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (ver despiece). Mientras que Perú Libre sigue con el interés de dirigir la de Justicia, Somos Perú por Descentralización, Acción Popular por Economía y Podemos Perú por Presupuesto.

No hay quien detenga esas aspiraciones.

El papel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene pendiente las denuncias constitucionales contra el presidente del JNE, congresistas sindicados por presunto recorte de sueldo y en el caso Los Niños, y contra el expresidente Francisco Sagasti.

La Subcomisión no es una comisión ordinaria, es una adscrita a la Comisión Permanente. Solo los integrantes de la Permanente pueden integrarla. El presidente de la Permanente es el titular de la Mesa Directiva, es decir, Salhuana, de APP.