Presidenta de la Comisión de Hacendarios cuestiona al gobierno por incluir recursos para cárceles de carpas, pese a que no existen estudios técnicos que respalden el proyecto.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, envió al Congreso un presupuesto extraordinario para destinar ¢2.684 millones a la instalación de cárceles de carpas, afirmó este lunes la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
La parlamentaria cuestionó que el gobierno asigne recursos para este plan, pese a que el Ministerio de Justicia y Paz reconoció que “aún no se han emitido estudios técnicos de ningún tipo” sobre la propuesta.
Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, firmaron el proyecto del quinto presupuesto extraordinario del 2024, con los recursos para las cárceles de carpas, el 11 de julio, el mismo día en que el gobierno destituyó al exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez, quien se opuso al plan en reiteradas ocasiones por razones de seguridad.
El expediente legislativo 24.443 trasladaría recursos de gasto corriente para aumentar la subpartida de Edificios del Ministerio de Justicia en Paz, con el objetivo de “financiar módulos de baja contención en los centros penales para mitigar el impacto del hacinamiento”.
El texto indica que los recursos se utilizarán para “atender la construcción en material liviano (Proyecto de Cárceles Livianas) de módulos de baja contención en centros penales”.
Tanto Chaves como Campos se han referido a las cárceles con carpas como “estructuras de construcción liviana”.
“Nosotros interpretamos que es para lo que han mencionado de construcción de carpas para los centros penales”, indicó la legisladora Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN).
El gobierno no cuenta con un documento de la Dirección de Adaptación Social que justifique la compra de carpas como una solución carcelaria. Más bien, el director de la Policía Penintenciaria, Nils Ching, alertó desde el pasado 1.° de marzo que no se cumpliría con las mínimas condiciones de seguridad.
Cárceles de carpas carecen de estudio aunque Chaves aseguró tener criterios técnicos
Explicó que una cárcel con techo y paredes de lona conlleva riesgos de fuga de reos y la posibilidad de que los privados de libertad construyan escondites, además de que se generen más conflictos entre los reclusos.
“No reúne las condiciones mínimas de seguridad y contención para albergar población privada de libertad, sin importar el perfil de la población, ya que se requiere un tipo de material sólido y que no sea de fácil destrucción”, alertó Ching.
El exviceministro Exleine Sánchez relató a La Nación que, desde hace unos dos meses, le dijo al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, que la idea del gobierno de construir cárceles con carpas es una “ocurrencia”. Esta posición se la reiteró el día antes de su destitución, el 10 de julio, durante una reunión en la que se discutió el tema.
Según recordó el exviceministro, Campos se molestó y, al día siguiente, el mandatario Rodrigo Chaves anunció su destitución.
Horas después de que el gobierno anunciara su salida del cargo, Sánchez remitió al ministro Campos un oficio en el que expresó vehementemente su oposición a la iniciativa del gobierno. El exfuncionario manifestó que el proyecto es “una decisión alejada de una posición sensata”.
El exjerarca mencionó que estas estructuras serían más vulnerables a daños por parte de los privados de libertad e, incluso, al ataque de comandos, en comparación con cárceles de concreto y acero. Igualmente, estas condiciones hacen que el mantenimiento de estas infraestructuras sea más costoso.
El diputado Francisco Nicolás, del PLN, anunció que el próximo jueves presentará, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, una moción para que dicho foro abra una investigación sobre el plan del gobierno para crear cárceles de carpas.
La propuesta de Nicolás plantea que la indagatoria tenga una duración de seis meses, con capacidad de prorrogarla por una única vez, por el mismo plazo original.
Por este caso, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso aprobó, el pasado 18 de julio, una moción para llamar a cuentas al ministro de Justicia, Gerald Campos; la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, y el exviceministro de Seguridad, Exleine Sánchez.
La convocatoria fue propuesta por la diputada independiente Gloria Navas, quien aseguró que no existe una explicación clara sobre el uso de las carpas como parte de la infraestructura penitenciaria.
