Para Marta Acosta, la resolución reafirma las competencias de fiscalización de la Contraloría General.
Marta Acosta, contralora general de la República, se declaró satisfecha con la resolución de la Sala IV que declaró inconstitucional la “ley jaguar” en vista de que le habría quitado herramientas a la Contraloría General de la República (CGR) para ejecer su función constitucional de control.
“Nos satisface la decisión de la Sala Constitucional sobre las competencias de fiscalización con las que la Contraloría debe ejercer los controles previos, preventivos y posteriores, establecidos tanto en la Constitución Política como en las leyes que rigen nuestras competencias.
“Hemos cumplido con seriedad nuestro rol en el pasado, lo hacemos en el presente, y lo seguiremos haciendo a futuro, cumpliendo con el principio de legalidad, la ética y las buenas prácticas nacionales e internacionales. Los ciudadanos pueden tener garantía de que las actuaciones de la institución siempre pueden ser revisadas en instancias judiciales, como en un Estado Democrático de Derecho corresponde”, expresó Acosta.
‘Ley jaguar’ es inconstitucional, declara Sala IV
Este lunes la Sala IV declaró que todos los artículos consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la “ley jaguar” violentan la Constitución Política.
El 4 de julio, la Contraloría presentó a la Sala IV otra consulta sobre la “ley jaguar”, con la intención de que “se analice en su conjunto la constitucionalidad de las reformas propuestas y se advierta de los graves vicios que imposibilitan que sea sometida a referéndum”.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes llamó a respetar la resolución de la Sala, en el tanto constituye un cimiento fundamental del Estado de derecho y de la convivencia democrática.
Según comunicó, el acatamiento es necesario para garantizar la seguridad jurídica del país.
“Toda sociedad puede decidir los cambios que se necesitan sin debilitar los controles que garanticen la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
“En una democracia como la costarricense, todas y todos debemos velar porque se garantice la independencia en la actuación de las instituciones del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los contrapesos en el ejercicio del poder público”, declaró la Defensoría.
