Los ojos del mundo hoy están puestos sobre Venezuela. La decisión del Consejo Nacional Electoral de proclamar la reelección de Nicolás Maduro sin proporcionar registros oficiales de la votación, se transformó en la mayor irregularidad de un comicio que estuvo plagado de vicios operativos y actos de prepotencia política.
En la sociedad había prendido la esperanza de que esta vez el resultado podía ser distinto. La anterior elección presidencial también estuvo marcada por denuncias de fraude. Pero después de años de descalabro económico y social, la oposición había conseguido aglutinar fuerzas para enfrentar un intento más del chavismo por perdurar en el poder.
La inhibición como candidata de María Corina Machado no llegó a frenar el envión. Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años, tomó la posta hasta el final y junto a la exdiputada venezolana, abrió una expectativa diferente: esta vez el objetivo era vencer el desánimo y estimular la concurrencia a votar.
Pero fue en ese frente donde al régimen de Maduro comenzó a debilitar la estrategia. De los 4,5 millones de venezolanos que viven fuera de su país y tienen derecho a votar, quedaron habilitados menos de 70.000.
El domingo fue visible, desde temprano, que el acceso a los datos electorales iba a ser la pelea de fondo. Corina llamó a los votantes a permanecer en los centros de votación y a reclamar copias de las actas. Nada de eso fue posible. Por la noche, en muchos lugares del país directamente fueron desalojados.
Edmundo González Urrutia y Marina Corina Machado
Horas después del cierre de la votación, el CNE rompió el "apagón de datos" con una doble declaración: denunció que las redes de transmisión de los votos habían sido hackeadas y sin dar otra explicación ni mostrar cifras, afirmó que 80% de los sufragios contados daban ganador a Maduro por 51%. Ayer al mediodía fue proclamado presidente por otros seis años. Y remarcaron que quien no reconozca los resultados podría ser penalizado.
Hoy la única salida a esta encerrona está dada por la presión internacional. La Argentina directamente desconoció el resultado y se sumó a los pedidos para que la OEA requiera una revisión completa del proceso. El panel de observadores de la ONU y el Centro Carter, que actuaron como veedores internacionales, están en condiciones de hacer una auditoría de la elección. La sociedad venezolana la reclama y mostró que está dispuesta a salir a la calle para exigir que el Gobierno cumpla con su obligación de ser transparente. Si Maduro la rechaza, Venezuela quedará más sola y aislada de lo que estaba. La pulseada no terminó.
