La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha alertado por carga a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de los "ataques" y "críticas furibundas" al juez Juan Carlos Peinado por su investigación a Begoña Gómez por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La asociación que preside la magistrada María Jesús del Barco, decana de los juzgados de Madrid, insta además al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a defender la independencia de los jueces y a no permitir injerencias en su trabajo.
La defensa de Peinado se produce solo unas horas antes de que el magistrado tome mañana declaración como testigo a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, una citación que ha concitado duras críticas desde el Gobierno, ya no solo por la necesidad de la testifical en sí, sino también por la negativa del juez a que el presidente del Gobierno declare por escrito, como pretendía, al entender Peinado que tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa con el empresario Juan Carlos Barrabés en Moncloa no por su condición de jefe del Ejecutivo, sino como esposo de Begoña Gómez.
En esa misiva, el Comité Ejecutivo Nacional de la APM subraya que aunque las resoluciones judiciales están sujetas a crítica y la libertad de expresión "es necesaria y enriquece el debate de la ciudadanía y su formación en valores democráticos", lo que está sucediendo en las últimas semanas "excede de lo asumible en una democracia plena, donde debe existir un respeto a la independencia judicial y a las actuaciones de los jueces, debiendo evitarse por parte del Ejecutivo y del Legislativo socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial".
Y recuerda que en esa misma línea se ha pronunciado la propia Comisión Europea en el informe sobre la situación del Estado de derecho en nuestro país que se dio a conocer la pasada semana.
La asociación judicial hace hincapié en que nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales -pudiendo interponerse por quienes son parte en el procedimiento los recursos que estimen oportunos si entienden que una resolución no es ajustada a Derecho-.
Pero lo que no cabe "ni puede admitirse en modo alguno", denuncia la APM "es el ataque personal al juez instructor, -incluso a su familia-, las acusaciones veladas de prevaricación o el intento
de darle instrucciones sobre qué decisiones debe adoptar en el procedimiento, indicando que procede el archivo o que “aquí no hay nada de nada”, etc".
"Esperamos que estos ataques injustificados y estas críticas furibundas cesen", afirma la primera asociación judicial, que el CGPJ "cumpliendo su papel constitucional, defienda y ampare a los jueces en su independencia".
