La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sumó un nuevo episodio a la polémica por la nueva contratación de cooperativas de salud para administrar los Ebáis de 10 áreas de salud que atienden a 600.000 asegurados en la Gran Área Metropolitana.
Se trata de las Áreas de Salud de Barva y San Pablo, en Heredia; Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-León XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José.
El pasado 22 de julio, el Semanario Universidad publicó que Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, denunció ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la aprobación de un contrato por ¢471.000 millones para administrar las áreas de salud por un periodo de diez años.
El martes 23 de julio, la oficina de prensa de la Fiscalía confirmó a este diario que el caso se tramita bajo el número de expediente 24-000267-1218-PE por el presunto delito de tráfico de influencias y que, por ahora, no hay imputados identificados.
Además de la causa judicial, la Contraloría General de la República también abrió una investigación administrativa desde el 10 de julio para precisar si existieron irregularidades en la adjudicación.
El informe entregado por la Auditoría de la Caja a la Fiscalía señala que, pese a existir varios criterios técnicos en los que se califica las ofertas económicas presentadas por las cooperativas como excesivas, la Junta Directiva adjudicó la millonaria licitación basada en un análisis emitido por una única funcionaria y que no se ajusta “a la metodología establecida institucionalmente”.
El primer criterio que calificó como excesivas las ofertas fue emitido por el Área de Contabilidad de Costos el 8 de abril de 2024. En ese documento se señaló que la CCSS pagó en promedio ¢29.200 millones por año en los últimos cuatro años por la administración de los centros médicos ubicados en esas diez áreas de salud. Ese monto incluye mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquileres y utilidades.
No obstante, según el análisis, el desembolso subiría a ¢53.300 millones por año, aproximadamente, sin que exista una mejoría en el servicio, en el alcance o algún otro rubro.
El segundo criterio que categorizó como excesivas las propuestas fue elaborado por un equipo intergerencial el 7 de mayo, en el cual reiteran que los montos ofertados son excesivos.
En la sesión de la Junta de Adquisiciones realizada el 3 de mayo, Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, indicó que por la administración de las diez áreas de salud se pagan en la actualidad cerca de ¢30.000 millones y que ese monto ha ido creciendo a un ritmo que oscila entre el 2% y 3% por año y que las ofertas de la nueva licitación superan, en total, los ¢50.000 millones.
“Significa un incremento del 65% en términos de lo que estamos pagando hoy y lo que deberíamos pagar en caso de que las ofertas sean aceptadas”, comentó Picado.
Frente a esos análisis, la Junta de Adquisiciones de la CCSS, integrada por los gerentes institucionales, recomendó, el 8 de mayo anterior, declarar infructuosa la licitación. Sin embargo, pese a los criterios, el pasado 6 de julio las 10 áreas de salud fueron adjudicadas a las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
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Se solicitó una entrevista con Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, pero respondió a través de la oficina de prensa institucional que solo atendería preguntas por escrito.
Desde mayo, varios representantes de las cooperativas involucradas en el proceso de contratación calificaron de “absurdo” el análisis de costos hecho por la CCSS.
También, desde mayo, este diario solicitó una entrevista con Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, para conocer la metodología utilizada en sus cálculos y hacer preguntas al respecto, pero la funcionaria no ha accedido a dar una cita.
En 2015, un análisis de la Gerencia Médica concluyó que el costo de operar Ebáis con recursos propios de la CCSS era el doble si se comparaba con los costos de las cooperativas.
Otro de los aspectos informados por la Auditoría Interna a la Fiscalía es que los directivos de la Caja decidieron apartarse de la recomendación dada por la Junta de Adquisiciones y el 11 de mayo solicitaron a la Gerencia de Logística ya la Gerencia Financiera un nuevo análisis de razonabilidad de precios.
El 22 de junio, por medio del oficio PE-2642-2024, se conformó un equipo de trabajo integrado por Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, Arturo Herrera Barquero, asesor de la Gerencia Médica, María Gutiérrez Brenes, directora de Proyección de Servicios de Salud, Gilberth Alfaro Morales, director jurídico y Adriana Chaves Díaz, directora de Bienes y Aprovisionamiento, para realizar el estudio de razonabilidad de precios encomendado por la Junta Directiva.
Según la Auditoría Interna, el 5 de julio, Gutiérrez Brenes emitió en solitario un informe en el que recomendó adjudicar la licitación a las cooperativas.
Por su parte, Gutiérrez afirma que ella mostró el análisis a sus compañeros y lo respaldaron, pero desconoce por qué no lo firmaron. Incluso, expresó que antes de remitir la recomendación a la Junta Directiva para que se adjudicara a las cooperativas ella le mostró el documento a sus compañeros.
“Nos reunimos varias veces antes de entregarlo (...) No sabría responder por qué ellos no lo firman, pero sí se vio y lo revisamos”, enfatizó Gutiérrez.
Añadió que la Junta Directiva puede apartarse del criterio técnico que recomendó declarar infructuoso la licitación siempre que existan razones fundamentadas y, según ella, el criterio emitido por la Proyección de Servicios de Salud establece los beneficios de contratar a las cooperativas.
Contrario a lo expresado por Gutiérrez, Adriana Chaves, directora de Bienes y Aprovisionamiento, dijo que no avaló el criterio que recomendó la adjudicación.
“Puedo asegurarle que todo documento avalado por esta servidora es debidamente firmado digitalmente (...) Con el informe emitido por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, adscrita a la Gerencia Médica, el mismo fue resultado de un trabajo de dicha dirección y no responde a un trabajo refrendado por la comisión conformada”, concluyó Chaves.
Alberto Ferrero, gerente general de Coopesalud, encargada de las Áreas de Salud de Pavas y Desamparados 2, en San José, defendió el análisis emitido por la funcionaria.
“Me parece que es un estudio muy profesional y mucho más razonable, porque está comparando el costo real de sus propias áreas de salud homologas con lo que los oferentes están cobrando”, comentó Ferrero, quien agregó que desconocía que el criterio fue firmado en solitario por Gutiérrez Brenes.
También dijo que desconocía que la Presidencia Ejecutiva había integrado un equipo para ese fin.
Oscar Abellán, gerente de Coopesiba, a cargo de las Áreas de Salud de Barva y San Pablo, en Heredia, comentó que no conoce “en su extensión”, pero observó la presentación hecha en la sesión de Junta Directiva del pasado 6 de julio.
“Me parece que sí se ajusta a lo que establece la ley, porque establece rangos, un piso y un techo”, afirmó.
Editorial: Súbita decisión de la Caja
En la nota enviada a la Fiscalía, la Auditoría Interna expresó que a pesar de que existe una unidad institucional encargada de planificar y ejecutar procesos de licitación, la Junta Directiva creó en febrero de 2023 una comisión integrada por tres miembros de Junta Directiva: María Isabel Camareno Camareno, Roberto Quirós Coronado y Juan Ignacio Monge Vargas, “con la finalidad de que se analizara la ejecución de contratos vigentes por servicio de salud por terceros”.
La Auditoría Interna agregó que, en marzo de 2023, la comisión propuso una moción para anular un proceso de licitación iniciado desde 2021 que pretendía establecer un nuevo contrato para las diez áreas de salud.
Además, el auditor enfatizó que Karla Solano Durán, directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, indicó que miembros de la Junta Directiva le pidieron “de manera informal” cambios en el pliego de condiciones como disminuir la garantía de cumplimiento, fijar el periodo de contratación en diez años y eliminar varios requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento.
Al respecto, Quirós manifestó que hace un año no está en la Junta Directiva de la Caja, que se integró la comisión porque la unidad técnica a cargo no tenía la capacidad suficiente y estaba sesgada y rechazó haberle pedido cambios en el cartel de licitación a Solano.
Por su parte, Camareno contestó una llamada, pero al mencionarle que le llamaba un periodista cortó la comunicación. Vía mensaje de texto dijo que no quería referirse al tema para no “entorpecer la investigación”.
Juan Ignacio Monge, el otro exdirectivo mencionado por la Auditoría Interna, tampoco contestó las llamadas.
El miércoles pasado, Solano contestó una llamada de este diario, pero al mencionarle el motivo de la comunicación, dijo que no podía atender debido a una reunión y pidió que se le llamara más tarde, pero luego no atendió.
Este viernes, por medio de la oficina de prensa, comunicó que solo respondería preguntas por escrito.
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La adjudicación a favor de tres cooperativas y una asociación médica fue aprobada por la Junta Directiva de la CCSS en una sesión extraordinaria realizada el sábado 6 de julio, bajo la figura de funcionario de hecho, ese mecanismo se puede utilizar, de acuerdo con la normativa vigente, cuando no se logra completar el cuórum por renuncias o destituciones de directivos, pero solo en “situaciones de urgencia o necesidad apremiante” que deban ser atendidas para evitar daños a los usuarios de la Seguridad Social o a la entidad.
De acuerdo con el acta de ese día, estuvieron presentes, Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, y María Isabel Camareno Camareno y Jorge Porras López, como representantes del gobierno en la Junta Directiva. Además, participaron Jhonny Gómez Pana, Zeirith Rojas Cerna y Jorge Araya Chaves como representantes de los patronos.
Todos ellos votaron a favor de adjudicar las diez áreas de salud a las cooperativas a pesar de que, según indicó la Auditoría Interna, existían varios criterios técnicos que señalaban un precio excesivo en las ofertas.
Martha Rodríguez González, representante de los trabajadores, no estuvo presente debido a una incapacidad. Faltan dos representantes laborales más, pues uno renunció y otra fue destituida por el Consejo de Gobierno.
