En su extenso mensaje a la Nación, la presidenta no se refirió a los muertos en protestas ni marcó posición en temas ligados a los derechos humanos, como la ley que prescribe delitos de lesa humanidad.
En 5 horas de mensaje a la Nación, Dina Boluarte dedicó 6 párrafos para hablar sobre la percepción de su Gobierno sobre la protección de los derechos humanos. La presidenta dijo que existe un “compromiso” de respeto a los DD. HH., pero no mencionó ni dio un balance sobre reparaciones a los deudos de las víctimas en las protestas en su contra.
En cambio, Boluarte optó por anunciar la aprobación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 y señalar que el Ministerio de Justicia ha capacitado a 81 mil personas en temas relacionados a esta materia.
La jefa de Estado también expuso que el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos implementó medidas de protección ante 185 situaciones de riesgo, pero no dio a conocer medidas ante los asesinatos de defensores ambientales. Solo en julio se registraron dos nuevos lamentables casos.
Para el abogado Andy Carrión, lo leído por la mandataria es “meramente declarativo y cosmético” porque no se aleja de lo que ella ya ha dicho en pasadas declaraciones a la prensa. Indicó que una acción concreta que podía haber anunciado era un fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos a través de la transferencia de partidas presupuestarias.
Por otro lado, el abogado Carlos Rivera considera que el hecho de que Boluarte no profundizara sobre derechos humanos en su extenso mensaje a la Nación es “absolutamente coherente con lo que está haciendo el Gobierno” en dicha materia.
Dina Boluarte pudo aprovechar el mensaje a la Nación para marcar posición en temas en los que no se ha pronunciado tajantemente. Por ejemplo, si observará la ley aprobada por el Congreso que prescribe delitos de lesa humanidad. Existen informes del Ministerio de Justicia que avalan la promulgación de la cuestionada norma, pero la decisión política de hacerlo o no recae únicamente en ella.
El país podría ser declarado nuevamente en desacato luego que el Congreso, con el aval del Ejecutivo, rechazó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aprobó el proyecto de ley que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. El tribunal supranacional ya declaró en desacato en una oportunidad al Perú debido a que el Gobierno ejecutó el irregular indulto a favor del exdictador Alberto Fujimori y lo liberó en diciembre de 2023.
En esa misma línea, otro tema omitido en el mensaje a la Nación es si el Ejecutivo aún reafirma la vigencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como de sus órganos (CIDH y Corte IDH). En las últimas semanas, el canciller Javier González-Olaechea y el premier Gustavo Adrianzén no han descartado una eventual salida de la competencia de la Corte IDH.
El abogado Carlos Rivera afirmó que, a raíz de las omisiones en derechos humanos, ha quedado “de una manera más clara” que el Gobierno de Dina Boluarte se encuentra sometido al fujimorismo respecto a la competencia de la Corte IDH, el indulto de Alberto Fujimori y los delitos de lesa humanidad.
“Esa es una agenda fujimorista. Boluarte no llegó con esa agenda al Ejecutivo. Ese no era la perspectiva política de la alianza del grupo de Perú Libre. Boluarte lo está asumiendo como suya porque es parte de las garantías fundamentales de su sobrevivencia”, declaró Rivera.
En esa línea, el letrado Andy Carrión cree que “definitivamente” el Ejecutivo no marca posición en materia de derechos humanos para no chocar con el Congreso y suscribe el reciente artículo de la revista británica The Economist.
“La presidenta no está gobernando. El que está gobernando es el Congreso de la República. Es muy difícil que haya un contrapeso a todas estas normas con cierto despropósito que está emitido el Congreso. Es algo que no vamos a encontrar. Incluso, el día de hoy (ayer) ella ha promulgado esta norma que ratifica la ‘Ley Soto’. Son pocos los casos en los que se enfrenta al Legislativo, diría que en algunos temas económicos porque tiene cierto respaldo del ámbito empresarial”, sentenció.
Andy Carrión, abogado penalista
"Afianzar la protección de derechos humanos es afianzar el convenio de imprescriptibilidad, que es lo que el Congreso de la República acaba de dinamitar. No ha habido un contrapeso al Legislativo".
Carlos Rivera, abogado del IDL
"Me ha parecido coherente que Dina Boluarte no diga nada sobre el tema de derechos humanos porque en realidad no le interesa. Queda claro el nivel de sometimiento del Ejecutivo al fujimorismo".
