El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho aboga por incrementar el control a los lobbies y fortalecer las normas sobre conflictos de intereses, mientras el Ejecutivo del PP ha relajado estas medidas con modificaciones legislativas y decretos
La Abogacía de la Generalitat cuestiona que el macrodecreto 'simplifica' elimine la huella de los 'lobbies' en grandes proyectos
Las políticas implementadas por el Gobierno de Carlos Mazón en materia de transparencia y conflictos de intereses chocan con las recomendaciones de la Comisión Europea. Un informe de trabajo sobre el Estado de Derecho en España, elaborado por la Comisión Europea, evidencia los distintos rumbos entre Europa y el Gobierno valenciano en materia anticorrupción.
La Comisión Europea ha remitido al Parlamento y al Comité de las Regiones el documento sobre las estrategias anticorrupción de los Estados. Aborda la renovación del poder judicial, las reformas del Código Penal, la legislación en materia de lobbies, medios de comunicación y también medidas autonómicas, como las agencias de prevención contra el fraude.
El organismo insta a España a adoptar legislación en materia de lobbies y crear un registro obligatorio de grupos de interés. También a fortalecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altos cargos y funciones ejecutivas, incluso reforzando la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses. La ley valenciana de transparencia, aprobada por la exconsellera de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, incluye esta obligación, aunque las modificaciones adoptadas por el Consell del PP con el apoyo de Vox en el primer año de Gobierno han ido reduciendo los controles a los lobbies y las incompatibilidades de altos cargos.
La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada el pasado junio, reduce las incompatibilidades para los altos cargos, tanto durante como después del ejercicio de la responsabilidad pública, y reduce las obligaciones de transparencia del Gobierno autonómico. Los cargos públicos no electos podrán pertenecer a consejos de administración de empresas privadas, sin cobrar por esta labor, y siempre que éstas no estén directamente relacionadas con su actividad política. Es un sistema similar al de los concejales con dedicación exclusiva, recogido en la Ley de Régimen Electoral nacional. Esta incompatibilidad, ahora resuelta, es la que forzó al ya exconseller y vicepresidente, Vicente Barrera, a abandonar sus responsabilidades en media docena de empresas.
La reforma elimina la rendición de cuentas semestral del Ejecutivo autonómico -en la pasada legislatura, se organizaban seminarios en los que el Gobierno se autoevaluaba y establecía nuevos objetivos-, que pasará a ser un plan anual; y abre la mano a mantener acciones de empresas a los altos cargos, siempre que no superen el 10% y fueran adquiridas con anterioridad a su nombramiento. La limitación afecta también a propiedades en común con la pareja y a empresas “que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza en el sector público o que sean subcontratistas de estas empresas o que reciban subvenciones provenientes del sector público”. En la última ley de medidas fiscales se introdujo un apartado para que los altos cargos pudieran dar clase y cobrar por ello hasta 22.000 euros anuales.
Respecto a los lobbies, el Gobierno del PP con el apoyo de Vox ha aprobado excepciones en los proyectos de interés autonómico, los llamados proyectos estratégicos. La ley de Ordenación del Territorio elimina la obligatoriedad de la consulta previa en la presentación de los llamados proyectos estratégicos, aquellas grandes inversiones industriales, urbanísticas o de ocio que quieran instalarse en suelo valenciano. El Ejecutivo autonómico decidirá “caso por caso” si debe realizarse o no la consulta pública previa, en “los términos previstos” en la legislación, con el objetivo de “acortar y agilizar plazos”.
Además, el decreto recién convalidado del Plan Simplifica establece excepciones para mostrar la huella de los lobbies en las inversiones económicas. El decreto cambia la ley de transparencia para eximir de su aplicación a los instrumentos de planificación territorial; es decir, que en proyectos urbanísticos desaparezca la obligación de informar si ha habido actividades de lobbies relacionadas si no se han manifestado en un primer momento. En concreto, “si previamente o a lo largo del procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley o de un proyecto de decreto del Consell no se han producido actividades de influencia relacionadas con el anteproyecto o proyecto, no sea necesario emitir informe de huella de los grupos de interés negativo para su tramitación, como se exigía hasta ahora, sino una mera constatación en el expediente de esta circunstancia por parte del órgano de tramitación”.
La Abogacía de la Generalitat ha puesto reparo a este punto: los letrados consideran que debe seguir siendo obligatorio emitir los informes sobre la actividad de los grupos de interés en los proyectos estratégicos en todas las etapas de su tramitación. El texto está abierto a enmiendas al tramitarse como proyecto de ley, pero sus medidas ya están en vigor.
El documento de la Comisión Europea muestra su preocupación por los cambios que los gobiernos de PP y Vox -ahora del PP en solitario desde la reciente ruptura- han ido impulsando en las agencias autonómicas contra el fraude. Estos organismos, que en su momento se adelantaron a la legislación estatal, han ido perdiendo fondos o directamente desapareciendo, como en el caso Balear.
El informe insiste en que debe ser designada una autoridad estatal independiente para luchar contra el fraude. El texto recoge: “Las organizaciones de la sociedad civil y los servicios de fiscalía han expresado su preocupación por los recientes iniciativas legislativas regionales que cerrarían agencias regionales que trabajan en la prevención y luchar contra la corrupción o limitar sus recursos”. Y añade: “Las autoridades denunciantes han expresado su preocupación por el cierre de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares. Además, la Fundación Hay Derecho señala que el año 2024 el presupuesto de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana se ha reducido un 3,61%”.
Ante este punto, el PSPV denuncia: “La Agencia Antifraude valenciana, que ha sido un ejemplo de lucha contra la corrupción, desde que gobierna Carlos Mazón se ha convertido en un fraude de agencia”. El portavoz parlamentario de los socialistas, José Muñoz, considera que el recorte en los medios de la agencia antifraude “impedirá que haga su trabajo de manera efectiva”. Pero además, Muñoz ha querido señalar que Mazón “ha colocado a dedo al director de la agencia, Eduardo Beut, una persona de su estricta confianza para controlar la agencia rompiendo el principio fundamental de independencia”. Europa pide más controles; la Comunitat Valenciana, los relaja.
