La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) propuso al Ministerio de Hacienda rediseñar su modelo de financiamiento actual, para adoptar un enfoque similar al de la educación pública, en el que, por mandato constitucional, se debe asignar como mínimo un 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Así lo dio a conocer Luis Diego Villalobos Calderón, gerente financiero a. i. de la CCSS, ante una consulta de La Nación. El funcionario aclaró que se trata de una propuesta preliminar, pero que podría aceptar el uso de otras variables e indicadores que se definan.
Según Villalobos, el cambio generaría beneficios a la institución, como una mayor simplicidad en la determinación de las obligaciones, una mayor eficiencia administrativa al evitar la validación de datos, una mejora en el plano fiscal al definirse con mayor certeza las sumas a presupuestar y girar, y una mayor estabilidad financiera para la institución al estabilizarse el giro de los aportes estatales.
El despacho de la presidencia ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, señaló que la iniciativa permitiría dar por concluido el proceso de conciliación de la deuda del Estado con el Seguro de Salud y las pensiones de Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Deuda del Estado con la CCSS creció en ¢638.000 millones en un año, reporta auditor
El auditor interno de la Caja, Ólger Sánchez Carrillo, estimó en más de ¢3,7 billones (millones de millones) la deuda del Estado con la Caja, hasta febrero del 2024. Del monto total, el 82% corresponde al Seguro de Salud; mientras que el restante 18% pertenece al IVM.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda confirmó que la propuesta fue presentada por funcionarios de la CCSS en una reunión celebrada el pasado 4 de junio, en la que participaron jerarcas y miembros de los equipos técnicos de ambas instituciones.
“En este momento se encuentra en etapa de construcción por parte de las dos entidades y no se ha definido un plazo para tomar una decisión al respecto”, añadió el despacho del ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Los servicios de atención médica y pago de pensiones, a cargo de la CCSS, se financian principalmente a través de las contribuciones de los empleadores, los trabajadores y el Estado.
Si bien este medio solicitó a la CCSS una entrevista para profundizar en el nuevo modelo, se indicó que al estar todavía en un proceso de construcción, no se puede profundizar sobre el tema hasta que se reciba la realimentación de los otros entes involucrados.
El 8% del PIB para educación se aprobó mediante reforma al artículo 78 de la Constitución en 2011, durante la administración de la presidenta Laura Chinchilla. La intención era asegurarlo a partir del 2014, pero no ha sido posible y ha visto un fuerte retroceso desde 2020.
Las autoridades de la CCSS y Hacienda se encuentran enfrascadas en la revisión de los datos que sustentan los cobros al Estado por servicios médicos prestados y pago de pensiones. El proceso ha sido fustigado por diputados y la misma Contraloría General de la República (CGR) por el poco avance alcanzado.
CCSS y Gobierno no lograron acuerdo sobre deuda de Estado
Los legisladores reclaman que, tras dos años de negociaciones, los funcionarios del gobierno, al frente de la CCSS y Hacienda, no logren ponerse de acuerdo sobre los saldos y el correspondiente plan de pagos, que permita acabar con la creciente deuda.
En el caso de la Contraloría, el ente fiscalizador abrió una auditoría sobre el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con los Seguros de Salud y Pensiones. La decisión fue comunicada el pasado 4 de junio a Esquivel y Acosta, tras no obtener evidencia sobre la elaboración, formalización o implementación de un plan para la institucionalización de la verificación de los pagos.
En lo que va de la administración del presidente Rodrigo Chaves, solo se ha concretado la suscripción de un convenio de pago parcial, en diciembre de 2023, por ¢51.738 millones.
