El gobernador Ron DeSantis rechazó un proyecto de ley que proponía numerosos cambios en el mercado de alquileres vacacionales temporales, dominado por empresas y plataformas como Airbnb en Estados Unidos.
La propuesta había causado gran controversia y fue ampliamente criticada por ciudades y condados en Florida, ya que priorizaba la regulación estatal sobre las normativas locales. Además, imponía el cumplimiento de varios requisitos adicionales.
El proyecto de ley 280 del Senado, aprobado por la Legislatura de Florida en marzo, fue vetado por el gobernador Ron DeSantis a finales de junio. La decisión de DeSantis respalda la posición de las ciudades y condados que buscaban impedir la implementación de la ley.
El proyecto recomendaba varias modificaciones al marco regulatorio del mercado de alquileres vacacionales en Florida, incluyendo límites de ocupación. Entre sus múltiples disposiciones, exigía a los gobiernos locales estimar el impacto comercial antes de implementar cualquier programa de registro de alquileres vacacionales y establecía requisitos específicos para el registro de dichos alquileres, tales como:
En su carta de veto, el gobernador DeSantis argumentó que la normativa "impide que los gobiernos locales hagan cumplir las ordenanzas existentes o aprueben nuevas medidas locales que se aplicarían exclusivamente a los alquileres vacacionales". Criticó el proyecto por abordar el problema como si fuera "un caso único", mientras que el sector enfrenta situaciones variadas en diferentes regiones de Florida.
"Según el proyecto de ley, cualquier medida de este tipo debe aplicarse a todas las propiedades residenciales. Esta disposición prácticamente impediría toda regulación local de alquileres vacacionales, a pesar de que los mercados de alquileres vacacionales son muy diversos en las distintas regiones del estado", explicó DeSantis. Además, alentó a los legisladores y partes interesadas a trabajar en una nueva legislación que considere la heterogeneidad del sector.
