Un proveedor de proyectos de tecnología, con numerosos contratos en el Estado, facilitó el contacto entre el ministro de Justicia, Gerald Campos, y la compañía española de carpas, ARPA.
Un inusitado proveedor apareció en medio de las gestiones del gobierno para montar el sistema de cárceles de carpas. Se trata de Datasys, empresa de proyectos tecnológicos que ha ganado 273 contratos del Estado entre el 2018 y el 2024; los de mayor monto inicial los obtuvo en la presente administración.
Datasys facilitó el “contacto empresarial” entre el Ministerio de Justicia y la empresa española de carpas, ARPA, para que esta última expusiera su oferta de servicios.
No se trató de un contacto cualquiera, sino de uno de alto nivel. Dos gerentes de Datasys, Arturo Salazar Valverde y Alberto Salazar Valverde, lograron reunir al ministro de Justicia, Gerald Campos, con un representante comercial de ARPA, el español Tomás Bujeda Rami, el pasado 7 de marzo, en el despacho del jerarca.
Casi cuatro meses después, el ministro y la viceministra, Carolina Castro del Castillo, visitaron las instalaciones de ARPA en Zaragoza, España, durante una gira organizada por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
Sin embargo, Douglas Durán, director del Ilanud, negó rotundamente que la agenda oficial del viaje hubiese incluido una visita a ARPA o a cualquier otra empresa privada. El objetivo, precisó, era que las autoridades costarricenses conocieran el sistema penitenciario español, por lo que solo se programaron visitas a instituciones oficiales.
Aun así, el ministro y la viceministra tomaron rumbo a Zaragoza el jueves 4 de julio.
El Ministerio de Justicia sostuvo que los gerentes de Datasys “dieron la referencia” de ARPA y que el encuentro en el despacho del ministro consistió en “una reunión de exploración sobre el tema”.
Por su parte, Datasys dijo que “atendió una solicitud de información para el desarrollo de un sistema constructivo liviano y de fácil montaje temporal”, para el sistema penitenciario costarricense.
La empresa agregó que, desde hace muchos años, tiene la práctica habitual de colaborar con el sector público mediante reuniones exploratorias, “proporcionando acompañamiento para el desarrollo de diversos proyectos”.
“Nuestra participación se limitó a facilitar el contacto empresarial entre el Ministerio de Justicia y ARPA; ellos fueron los expositores como especialistas en las soluciones en referencia”, comunicó Datasys. La compañía insistió en que su espectro de servicios es amplio y cuenta con múltiples socios alrededor del mundo.
Sobre la visita a las instalaciones de ARPA en Zaragoza, el Ministerio de Justicia argumentó que el objetivo era hacer un estudio de mercado para las cárceles de carpas, pese a las advertencias técnicas internas sobre la inseguridad del plan.
El 22 de julio, La Nación reveló que el gobierno de Rodrigo Chaves decidió construir cárceles con este material sin siquiera contar con un análisis que evidencie que el plan es factible. “Aún no se han emitido estudios técnicos de ningún tipo”, reconoció el Ministerio de Justicia.
Pese a ello, cuando este caso estalló en la opinión pública por las severas críticas del exviceministro Exleine Sánchez, el ministro de Justicia, Gerald Campos, declaró con ambigüedad que había conocido un modelo de carpas para cárceles en España. No obstante, luego se confirmó que el jerarca no visitó ninguna prisión de carpas en Europa. Lo que visitó fueron las instalaciones de la proveedora ARPA.
Pese a que el Ministerio de Justicia admitió la ausencia de estudios, el presidente Rodrigo Chaves afirmó, el 12 de julio, que había visto criterios técnicos según los cuales el plan era “completamente factible”, por lo que su gobierno no dará marcha atrás con esta idea.
Chaves desestimó el criterio del exviceministro, quien dijo que el proyecto es una “ocurrencia”. El mandatario no se ha referido todavía a la posición del actual director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching. Según este funcionario, el plan no reúne las mínimas condiciones de seguridad, pero las gestiones están encaminadas y no hay marcha atrás.
