La Mesa Directiva del Congreso fue elegida el pasado viernes con una votación récord desde que se instaló este Parlamento el 2021. El más votado, hasta ayer, era Alejandro Soto, quien había logrado 77 votos un año antes; pero Eduardo Salhuana lo desplazó con 95. Al frente, una izquierda disidente de Perú Libre postuló una lista simbólica, sin ninguna posibilidad, que logró reunir apenas 17 votos.
95 votos para colocar en el manejo administrativo y político del Parlamento a los congresistas Salhuana (APP), Juárez (FP), Cerrón (PL) y Cavero (Avanza) no es un dato menor. La supuesta fragmentación se convierte en un frente unido para la administración del poder. Quien se pone fuera no gana nada. Quien se mete adentro tiene un espacio de negociación. El hallazgo del portal El Foco, que logró fotografiar los mensajes de WhatsApp entre Esdras Medina y Richard Acuña luego de la votación, da cuenta del reclamo de Renovación Popular. Se pusieron públicamente en contra (su candidata Norma Yarrow señaló que Salhuana era el candidato de Boluarte), pero, a la hora de votar, apoyaron. Por supuesto, nada es gratis y, con audacia, Medina reclamaba nada menos que la joya de corona: la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Un finísimo Richard Acuña le recordó cuánto lo quería, pero de la comisión, nones. Esa cuenta no le tocaba pagarla.
Estos incidentes dan luces sobre varios procesos en el poder. Lo primero es que, por ahora —y aquí todo es efímero—, la alianza de APP con Fuerza Popular, o más claro, de las familias Acuña y Fujimori, es sólida. Richard Acuña administra acuerdos con Luis Galarreta o con Miguel Torres y a ese núcleo se une lo demás para repartir los saldos o, mejor dicho, las presidencias de comisiones. Si estás con nosotros, te damos una de las buenas. Si no estás en la foto, chau. Esto implica llevar una contabilidad de acuerdos, pactos secretos y, sobre todo, votos. Cuentas que cobrar y cuentas que pagar que se actualizan año a año.
Lo segundo es que los cuatro elegidos son populares entre sus pares porque representan muy bien todos sus vicios y su entusiasmo por no cambiar nada de lo que opera tan soberanamente bien para los intereses de todos los involucrados. Por eso, ese 90% del rechazo popular les es irrelevante. No van a preocuparse de tomar una sola medida que revierta ese vergonzoso resultado. Así, Salhuana es un símbolo exitoso para todos los que tienen intereses en economías criminales; Juárez, la campeona de modificar la Constitución sin pasar por un proceso de reforma constitucional (para eso tienen su TC); Cerrón, el santo y seña de los prófugos y de los futuros congresistas procesados y tal vez condenados; y Cavero, “para mis amigos todo”, el protector de Manuel Merino en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ha demostrado cómo usar como arma política una acusación constitucional. El elenco lo tiene todo.
¿Qué viene ahora? Más de lo mismo. Nada de lo que diga Dina Boluarte este 28 de Julio va a cambiar el statu quo. Como lo señalan en su estupendo ensayo Democracia asaltada, Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea, los dos ejes de la crisis democrática, vaciamiento de la representación política y erosión del Estado de derecho solo se van a profundizar.
Pero en estos días aciagos para el Perú, hay un fenómeno que no solo viene del poder hacia el ciudadano. Ya conocemos a los políticos que hoy nos gobiernan y, a los tres años de su llegada, toditos los trucos se los hemos visto. Más aún cuando el 85% del Congreso no tenía experiencia previa y mucho menos quienes han ocupado la presidencia.
Lo que también existe es otro fenómeno que va desde la ciudadanía hacia el poder: una fuerza que viene, simultáneamente, del rechazo a los poderes del Estado y de la apatía ciudadana que ve pasar estos acontecimientos con hartazgo y desinterés. Ante esa realidad se viene discutiendo varias hipótesis: el miedo a participar por la represión indiscriminada y letal (49 muertos de Dina Boluarte que son un disuasivo poderoso), la pérdida de aprecio por la democracia y la pérdida de confianza interpersonal, como registra a lo largo de los años los estudios del Latinobarómetro, los efectos de la pandemia, entre otras razones. Esto también lo conocemos y padecemos.
Lo que es nuevo —y creo que ha reventado en nuestra cara con la elección de Salhuana— es la desaparición de la sociedad civil organizada. Mientras tanto, gremios, sindicatos, Iglesias y asociaciones de muy diversos intereses inyectan, a una ciudadanía decaída y que no encuentra representación política, ideas, energías y un nuevo aire para luchar por aquello que nos hace ser mejores. Sin embargo, ¿dónde han estado los gremios empresariales, quienes son los principales afectados por la minería ilegal? Salvo la excepción de Comex, que es el gremio de los exportadores, los demás han estado mudos. ¿Por qué? Varias hipótesis y poca claridad.
La primera: en un país donde la ley se acata, pero no se cumple, ¿ya se arreglaron con las economías criminales? Si es así, los que sí vemos sufrir a empresas mineras como Poderosa en Pataz ¿debemos pensar que son parte de una heroica resistencia? Es decir, el concesionario minero ya acepta al ilegal en su concesión, y ¿negocia? O, como me lo resumieron esta semana, si eliminas la ilegalidad, medio Perú no come. Entonces, a hacerse los locos, caballero.
Segunda hipótesis: las prioridades son otras. Al empresario peruano, que rumia su ira, pero no despega los labios, lo único que le interesa es el cuco comunista que le venden unos entusiastas consultores que ven Antauritos en todas partes con carita de Pedro Castillo (trabajar con los fantasmas ajenos rinde). La única prioridad es que se le prohíba a Humala postular con una ley que el Congreso debe darles. Por eso, “no te pelees con el Congreso”.
La tercera es la de la simple cobardía. No hay que descartarla del todo. Ese vicio se expande a muchos en la sociedad. Pusilánimes hay de todos los colores. Una pena y una vergüenza.
