Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 se dan ya por perdidos en el Gobierno y también entre los socios parlamentarios. Moncloa y el Ministerio de Hacienda tienen la obligación de mantener la expectativa abierta hasta el último momento, pero el clima era pesimista antes de la semana pasada, y el golpe de Junts en el Congreso, al tumbar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad, ha confirmado las malas previsiones. No hay clima político para sacar adelante otros Presupuestos, y al Gobierno no le queda más remedio que trabajar ya en definir el discurso para convencer a la opinión pública de que este nuevo revés, consecuencia de su debilidad política y parlamentaria, no debe verse como un signo que acerca más la convocatoria de unas elecciones generales.
El pasado mes de marzo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el adelanto de las elecciones catalanas «alteraba» los planes del Gobierno porque cambiaba de forma clara el tablero político y por eso no se iban a poder presentar los Presupuestos para el año 2024. Montero explicaba entonces en la Cadena Ser que «están prorrogados actualmente y la realidad indica claramente que tenemos que aprovechar todo un trabajo técnico impresionante y las conversaciones fluidas y los preacuerdos con la mayoría de formaciones, que son un punto de partida importante para el proyecto del 25 y tener los mejores Presupuestos de nuestra historia».
Igual que se hizo entonces, también ahora, salvo sorpresa, lo que se nos contará desde el Gobierno es que no es un drama continuar con unos Presupuestos no restrictivos, al menos, en el gasto. Pedro Sánchez puede mantenerse en Moncloa sin Presupuestos, pero su posición de debilidad se agrava hasta niveles extremos. En un contexto en el que, además, Junts ha retirado su apoyo al Gobierno, y falta ver hasta dónde lleva esa decisión. Esta retirada del apoyo no tiene marcha atrás salvo que el PSOE facilitara a Carles Puigdemont acceder a la Presidencia de la Generalitat.
El artículo 134 de la Constitución determina la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado el 1 de enero si no hay unas nuevas cuentas públicas para esa fecha. Para el ejercicio 2024 ya no fue posible por la convocatoria de las elecciones generales y la investidura de Sánchez en noviembre de 2023. Los Presupuestos deben presentarse con un trimestre de antelación al año al que corresponden.
En lo que respecta a los tributos, el Gobierno puede modificar los impuestos vigentes a través de decreto ley, pero en caso de querer aprobar nuevos impuestos sería necesario confirmar una ley específica nueva. En todo caso, no sería la primera vez en la que una prórroga presupuestaria se extiende a otro ejercicio. En 2018, las cuentas, elaboradas por el PP, y aprobadas por el PSOE tras la moción de censura, fueron prorrogadas durante dos años, una primera prórroga de 2018 a 2019 y una segunda en 2019. Estos presupuestos estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020, algo que no había ocurrido nunca hasta ese momento.
En todo caso, la situación es distinta a la de 2020, y, si se confirma que no hay Presupuestos Generales del Estado, Moncloa tendrá muy difícil poner sordina a la conclusión de que no está en condiciones de gobernar el país con sus socios de investidura. Ante ese escenario, los socios parlamentarios del Gobierno son los que dicen que ven capacidad al presidente del Gobierno para seguir aguantando, a lo más, hasta la próxima primavera, pero no más. Ya se ha convertido en una especie de mantra la idea de que Sánchez resucita cada vez que se le entierra, pero Puigdemont tiene en su mano el jaque mate a la legislatura y cada vez son menos los recursos de supervivencia que le quedan a un Gobierno con el partido del expresident fugado en la oposición y sin ningún incentivo para seguir sosteniendo al Ejecutivo de coalición.
La realidad es que no hay una mayoría de gobierno, no puede haber producción legislativa, salvo en los casos excepcionales en los que el PP se abstiene o vota a favor, y, en consecuencia, no puede haber tampoco soluciones para problemas tan graves como el de la financiación autonómica o el de la inmigración. Y más si se tiene en cuenta que el Gobierno gobierna también en contra de la mayoría de las comunidades autónomas.
A este respecto, en ronda de visitas de Sánchez a Cataluña y al País Vasco, hay quien ha creído ver un tanteo preventivo de sus dos principales graneros electorales en las últimas generales dentro del «por si acaso» en el que está instalada la política desde hace meses. Los partidos se mueven bajo la consigna de que todos los escenarios son posibles, incluso el de que Sánchez sorprenda con una convocatoria electoral en otoño. Las cifras de los sondeos no le dan hoy para mantener el control de Moncloa de someterse a un nuevo examen en las urnas, como tampoco le dan a Alberto Núñez Feijóo para sacar adelante una moción de censura. Por cierto, aquellos que se mueven en el entorno del presidente popular aclaran que la presión de Feijóo con la reclamación de una convocatoria electoral no tiene nada que ver con la censura: «No es una idea que hoy esté en la cabeza de Alberto».
