Venezuela está en la antesala de una profunda transformación. Un movimiento popular organizado se está movilizando para destituir al presidente Nicolás Maduro por medios legales e institucionales. Me honra ayudar a impulsar este esfuerzo por restablecer la democracia de mi país, junto con una coalición diversa de ciudadanos, profesionales y líderes políticos y sociales.
No hay nadie en el mundo que desconozca el espectacular colapso económico de mi país. Años de crecimiento negativo bajo el gobierno de Maduro han resultado en una pobreza pasmosa y en una migración masiva. Las estimaciones sugieren que casi el 25% de la población se ha ido del país desde el 2015. Nadie, sinceramente, cree que la recuperación económica sea posible bajo este régimen corrupto, dictatorial y criminal que ha estado en el poder durante los últimos 25 años.
Hace 25 años, Venezuela era el país más rico de América Latina; hoy es uno de los más pobres en el hemisferio occidental. Del 2012 al 2022, el PBI se desplomó nada menos que el 75%, sin señales de haber tocado fondo. El bolívar, la moneda nacional de Venezuela, ha experimentado una depreciación sin precedentes, lo que resultó en una hiperinflación reminiscente de la República de Weimar en los años 20, de Zimbabue bajo el régimen de Robert Mugabe en el 2008 y de Hungría y Grecia en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.
Como resultado de la mala gestión económica de Maduro, el sistema de salud de Venezuela está en ruinas: más del 60% de los hospitales carecen de agua potable. Nuestro sistema educativo se está desmoronando. Los maestros ganan un promedio de 20 dólares al mes y los alumnos de las escuelas públicas asisten a clase solamente dos veces a la semana.
Esta realidad sombría es el resultado directo del socialismo del siglo XXI, introducido por el antecesor de Maduro, el difunto Hugo Chávez. El régimen que creó Chávez depende para su supervivencia de prácticas predatorias y parasitarias, y, por tanto, ha llegado muy lejos para proteger su permanencia en el poder, tomando control, por ejemplo, del Poder Judicial y silenciando a los medios independientes.
Bajo la conducción de Maduro, el régimen ha expropiado y llevado a la ruina a empresas prósperas. Ha eliminado empleos bien remunerados del sector privado, ha expandido la burocracia gubernamental, ha administrado muy mal la compañía petrolera estatal PDVSA y ha aumentado de manera irresponsable el gasto público, causando que la deuda nacional se disparara a más del 200% del PIB. Los enormes ingresos petroleros del país, que totalizaron más de $1.000 millones entre 1999 y el 2019, se desaprovecharon o se robaron.
Para agravar los desafíos de Venezuela, tanto Chávez como Maduro cultivaron vínculos con países como Rusia, Irán, China y Cuba, cuyos intereses geopolíticos chocan con los de las democracias liberales de Occidente. Estos países tienen poco que ofrecer en términos económicos, salvo su deseo de comprar petróleo a tasas de descuento. Asimismo, el régimen ha alienado a los vecinos de Venezuela al alinearse con carteles de la droga y grupos guerrilleros colombianos. También hay grupos terroristas islámicos que han ganado terreno en Venezuela, aparentemente con la aprobación tácita del gobierno.
Durante mucho tiempo, los venezolanos se sintieron abrumados por la brutalidad del régimen y la lucha diaria parar sustentar a sus familias. Pero la hora actual de protestas públicas representa una oportunidad sin precedentes. Las encuestas consistentemente muestran que los venezolanos están entre los defensores más fervientes de la democracia en América Latina. Incapaz de revivir la economía o de ganar apoyo popular, el autoritarismo de Maduro cada vez transita un terreno más inestable.
El cambio podría producirse antes de lo que muchos piensan. Frente a los fracasos económicos y políticos del chavismo, los venezolanos han puesto la mira en un camino ambicioso —constitucional, pacífico y electoral— hacia la libertad y la prosperidad.
El 22 de octubre, una elección primaria me eligió candidata presidencial de la oposición. A pesar de los esfuerzos del régimen por alterar el proceso, nosotros en la oposición estamos decididos a conseguir que se elija un liderazgo unificado y legítimo.
Un líder creíble con un respaldo popular probado estaría en condiciones de cultivar una colaboración con la comunidad internacional, creando incentivos para que todas las partes interesadas esenciales respalden la transición democrática de Venezuela. Este cambio inclinaría la balanza de poder y obligaría al régimen de Maduro a ser partícipe de un diálogo constructivo y pragmático.
Si la elección presidencial, programada para finales del 2024 según la Constitución venezolana, se llevara a cabo hoy, es muy probable que yo derrotara a Maduro de manera aplastante. Por esta razón, Maduro, ilegal y arbitrariamente, me prohibió ejercer cargos públicos durante 15 años. Pero esta decisión no hace más que alentar el apoyo a favor de mi causa.
Nuestra defensa de un camino electoral al poder no es ingenua. Todos somos plenamente conscientes de que las condiciones actuales de Venezuela no permiten elecciones libres y justas. Para ello, se deben cumplir varias condiciones; la más apremiante es que se reviertan las prohibiciones que nos impusieron a mí y a otros líderes de la oposición.
De la misma manera, se considera ampliamente que la liberación de prisioneros políticos y militares es un prerrequisito. Pero identificar la combinación correcta de incentivos y garantías es esencial para persuadir al régimen de que debe cumplir estas condiciones.
Creemos firmemente que una democratización ordenada es más factible que nunca, y estamos decididos a aprovechar al máximo esta oportunidad única. Al optimizar el uso de nuestras reservas de hidrocarburos, al volvernos un proveedor confiable y competitivo y al sacar provecho de nuestro vasto potencial para la producción hidroeléctrica, eólica, solar y de hidrógeno, Venezuela podría erigirse como un polo energético de primer nivel en las Américas.
Si ganáramos, nuestro objetivo es consolidar a Venezuela como un aliado confiable de las democracias liberales occidentales y persuadir a los millones de venezolanos que han huido de que regresen a casa. Sus habilidades, su conocimiento y su experiencia son necesarios para catalizar la reconstrucción de nuestro gran país.
Insto a la comunidad internacional a brindar a los venezolanos el apoyo que necesitan. No cesaremos en nuestra intención de alcanzar una transición democrática; la victoria está a nuestro alcance.
María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, fue miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela y cofundadora de Súmate, organización de monitoreo electoral con sede en Caracas.
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