Nuevos informes fiscales sobre la represión policial en Andahuaylas y Chincheros durante las protestas antigubernamentales ratifican que se permitió el uso indiscriminado de armas de fuego contra civiles, incluidos menores de edad. No fueron acciones aisladas, sino que responden a una orden superior.
El 16 de julio, la fiscal Rosa Retamozo Eguía, del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, formalizó la investigación contra el excomandante general de la Policía Nacional, teniente general (r) Raúl Alfaro Alvarado, por el asesinato del menor de edad Robert Medina Llanterhuay (16), durante las manifestaciones en Andahuaylas, el 12 de diciembre de 2022. Medina es uno de los 7 niños fallecidos durante las jornadas antigubernamentales, que dejó un saldo total de 50 muertos.
Tres días después de la resolución de la fiscal Retamozo, el 19 de julio, la presidenta Dina Boluarte, en un acto público, justificó la acción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Asumiendo su responsabilidad, señaló: “(Desde) aquel 7 de diciembre (de 2022), cuando asumí el gobierno, está demás que les diga, porque todos fueron testigos de la situación en la que nosotros recibimos el país, y nos enfrentamos a 500 manifestaciones, todas ellas violentas”.
Para la jefa de Estado, quienes actuaron violentamente, fueron los manifestantes, y no los efectivos del orden, pese a que todos los muertos fueron civiles desarmados: “Estuvimos firmes, tercos, decididos de reafirmar nuestra democracia en ese respeto de estado de derecho, basado en la preocupación y en el interés de que en nuestro país la violencia no se puede desarrollar”, apuntó.
Pero los informes del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, contradicen la versión oficial de la mandataria Boluarte. Los uniformados usaron inapropiadamente sus armas de fuego, contraviniendo las normas sobre el uso de la fuerza, y bajo la consigna de que quienes salieron a protestar, eran “terroristas”. El informe del 16 de julio de la fiscal Rosa Retamozo, así lo confirma. Los efectivos que usaron su armamento lo hicieron con el consentimiento de sus superiores, y estos actuaron conforme las directrices de la cadena de mando, que se inicia en la presidenta Boluarte.
A SANGRE Y FUEGO
El informe de la fiscal Retamozo se suma a otros de sus colegas de Ayacucho, Juliaca, Cusco, Pichanaqui y otras localidades, donde se han abierto investigaciones contra autoridades militares y policiales por el homicidio de manifestantes. Los imputados estaban en condiciones de impedir que sus subordinados usen sus armas de fuego, pero no lo hicieron, con el resultado de 50 fallecidos. Para la fiscalía, no existió justificación para disparar a los civiles que ejercían su derecho a la protesta.
“Cabe precisar que aun cuando, en el marco de las protestas o manifestaciones efectuadas en la provincia de Chincheros (Apurímac), ciertos grupos o personas que estuvieron presentes, pudieron haber realizado actos de violencia en los locales de las instituciones públicas; sin embargo, dicha situación no autoriza ni permite a las fuerzas policiales a disolver dichas manifestaciones a través del uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza, que se materializó con el uso de armas de fuego letales, al haberse realizado de manera indiscriminada al cuerpo de las personas. Más aún, cuando no se tenía plenamente identificados a los responsables de los actos, afectando gravemente a menores de edad”, señala en su resolución la fiscal Rosa Retamozo.
Entre el 10 y 11 de diciembre de 2022, la represión policial causó 6 fallecidos en Andahuaylas, pero ni la mandataria Boluarte, ni el Comando de la Policía Nacional, ordenaron cesar el uso de las armas de fuego. Esto explica por qué el 12 de diciembre la policía disparó y mató a Robert Medina Llanterhuay , de 16 años, y dejó herido de gravedad a otro niño, Einer Quispe Navarro, de 13 años, además de Alcides Barzola Huamán, de 23 años, en la localidad de Chincheros.
Estos hechos de sangre ocurrieron “por la omisión (del excomandante general de la Policía Nacional) teniente general Raúl Alfaro Alvarado, de no tomar medidas efectivas para prevenir el uso desproporcionado de armas letales durante las manifestaciones suscitadas en la provincia de Chincheros, el 12 de diciembre de 2022”, señala la fiscal Rosa Retamozo.
De acuerdo con la cadena de mando establecida durante el periodo de estado de emergencia por las protestas, el comando Policial de Andahuaylas estaba bajo el mando del teniente general Raúl Alfaro, quien a su vez respondía a la presidenta Boluarte.
LÍNEA DE COMANDO
Por esta razón, la fiscal formalizó la investigación contra el teniente general Raúl Alfaro y la cadena que le sigue:
-Jefe del Frente Policial Apurímac, general PNP Luis Flores Solís.
-Jefe del Frente Policial Apurímac, coronel PNP Alexis Luján Ruíz.
-Comisario de Chincheros, mayor PNP Carlos Cuya Campos
-Teniente PNP Litman Peña Pacheco.
Sin embargo, el uso indiscriminado de las armas continuó siendo una práctica de las fuerzas del orden en el marco de la represión a las protestas contra el gobierno de Boluarte.
La misma fiscal Rosa Retamozo formalizó investigación por homicidio calificado y otros delitos contra 14 oficiales y subalternos del Frente Policial Apurímac por la muerte de un manifestante y por las heridas graves de otros 5.
TERRUQUEO MORTAL
Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2023, cuando efectivos policiales virtualmente emboscaron a balazos a dos camiones que trasladaban a pobladores para sumarse a una acción de protesta, pero como la carretera estaba bloqueada, decidieron retornar. Sin embargo, los efectivos los alcanzaron con sus vehículos y dispararon para que se detuvieran. Aunque no ofrecieron resistencia, dispararon y mataron a Denilson Huaraca Vílchez e hirieron a otros 4 también con armas de fuego.
Este episodio de Chincheros se registró dos meses después de lo sucedido en Andahuaylas, por lo que la fiscalía considera que las autoridades no hicieron nada por ordenar a sus subalternos a no disparar a civiles desarmados.
“Dicho personal policial realizó disparos con los fusiles AKM y pistolas (…) sin prever que había personas que iban como ocupantes dentro de los camiones, y más aún, que los disparos podrían ser letales, incumpliendo de esa forma las funciones del Plan de Operaciones (…), hicieron uso indebido de (las armas) produciendo muerte y lesiones”, señala la fiscal en la formalización del caso.
En la resolución se destaca que los policías trataban a los manifestantes como “terroristas”, que fue el discurso con el que algunas autoridades del Ejecutivo se referían a las protestas antigubernamentales. Como en el caso del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Liendo O’Connor, nombrado por la presidenta Boluarte, quien afirmó públicamente: “En cada lugar donde se ataca a la Policía y a las fuerzas del orden, hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista”.
En efecto, conforme a la declaración de las víctimas ante la fiscalía, estos fueron tratados como “terroristas” por los policías mientras les disparaban.
“Bajen terrucos de mierda, perros, serranos, ahorita los voy a matar a todos’, gritaba uno de los policías. (…) Los imputados ST2 PNP Wilfredo Oscco Nolasco y S1 PNP Wilfredo Oscco Ludeña, realizaron disparos al interior de la carrocería del camión haciendo uso de sus armas afectadas, pese a que no existía un peligro inminente para el personal policial, toda vez que los intervenidos ya se encontraban reducidos. (…)”, se indica en el informe fiscal.
Uno de los testigos, David Rojas Lazo, declaró: “Un policía le gritó a Pablo Lazo Mariño: ‘Te crees macho, terruco conchatumadre. ¡Baja, conchatumadre! Y le dispara e impacta en el brazo izquierdo de Pablo Lazo”.
Los 50 fallecidos y los 716 lesionados, según la investigación del Equipo Especial, no fueron resultado de acciones aisladas de militares y policías sino de una orden superior que se dictó desde Palacio de Gobierno para sofocar “500 manifestaciones, todas ellas violentas”.
