Guillermo López, intendente de Florida y miembro del Partido Nacional.
Las alarmas se han encendido en el Partido Nacional tras la revisión de un informe jurídico por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), conocido también como la Junta Anticorrupción. Este documento podría desencadenar una serie de complejidades judiciales en el departamento de Florida, según informaron fuentes políticas a Búsqueda.
El consejo de la Jutep, que se reunió el pasado jueves 25, evaluó un informe de su asesoría letrada que sugiere trasladar a la Fiscalía un expediente relacionado con presuntas actividades delictivas en la Intendencia de Florida. La denuncia principal se enfoca en el intendente Guillermo López, perteneciente al Partido Nacional, y destaca una serie de contrataciones directas que suman irregularidades.
La principal acusación se centra en la contratación directa de la empresa Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito en 37 ocasiones. Esta compañía, propiedad del hijo y exesposo de la secretaria personal del intendente, Natalia Castellini, fue favorecida con un trato preferencial en la adjudicación de un contrato de alquiler de retroexcavadoras destinadas a la recolección de residuos no domiciliarios. Los contratos en cuestión ascienden a un monto total de aproximadamente 70.000 dólares.
El asunto cobró tal gravedad que, en julio del año pasado, cuando la Junta Departamental se encontraba en plena deliberación sobre la Rendición de Cuentas de la Intendencia, la controversia obligó a Castellini a renunciar a su cargo. La disputa dividió significativamente al Partido Nacional, reflejando las tensiones internas por la gestión de López.
El edil del Frente Amplio, Fabiel González, presentó la denuncia ante la Jutep, que traspasó la evaluación del caso a su equipo jurídico. En su próxima sesión, la junta deberá decidir sobre la recomendación de sus asesores jurídicos que apunta a remitir los antecedentes a la Fiscalía, argumentando la existencia de una presunción de delitos.
Si bien el dictamen de la Jutep no es vinculante, tiene peso suficiente para impulsar acciones legales que podrían implicar serios repercusiones para López y su equipo. Las recomendaciones de la Jutep habitualmente son consideradas por el sistema judicial de Uruguay.
La Jutep también tiene en su mira otra investigación que involucra a la Intendencia de Maldonado, otro bastión del Partido Nacional. El consejo de la Jutep solicitó a la Intendencia documentación relacionada con la entrega de una vivienda en 2018 bajo un régimen de “comodato”. La vivienda, destinada a personas en situación de vulnerabilidad social, fue asignada a Mary Nellys Bermolen Muñoz, una militante del Partido Nacional.
Conforme a la información difundida por Caras y Caretas, la adjudicación fue autorizada por el intendente Enrique Antía. No obstante, según la denuncia que revisa la Jutep, Bermolen no cumplía con los requisitos establecidos para beneficiarse de dicha vivienda.
