Abogado informó a la Corte Suprema que la fiscalía ocultó y negó ante los jueces que la empresaria había tramitado un acuerdo de colaboración eficaz y que por eso dictaron su detención. El Poder Judicial revolverá su caso el 30 de julio.
El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) negó ante los jueces que la empresaria Sada Goray Chong negoció y tramitó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público, motivo por el cual su abogado recurrió a la Corte Suprema de Justicia para que se reconozca una realidad que fue pública y notoria.
Dicha negación, de acuerdo con su abogado Francisco Álvarez Dávila, fue determinante para que el juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano Romero y la Sala Penal Nacional de Apelaciones le imponga y ratifique una orden judicial de 30 meses de prisión preventiva que cumple desde el 7 de julio de 2023 en el penal de mujeres de Chorrillos.
Sada Goray fue detenida un día después de retornar al Perú, desde Estados Unidos, y de hospedarse en el hotel Costa del Sol, en el aeropuerto Jorge Chávez, según su abogado, por instrucciones del equipo de fiscales que lidera la fiscal superior Marita Barreto.
La empresaria y gerente general de la empresa Marka Group es acusada de pagar a una presunta red de corrupción que operaba dentro del Ministerio de Vivienda, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, para que su empresa obtuviera contratos de obras públicas.
El 24 de octubre de 2022, Sada Goray ofreció a la fiscalía revelar todo los detalles de esa trama de corrupción, pero el 7 de julio de 2023, al ser detenida, le notificaron que su solicitud de colaboración eficaz fue rechazada el 3 de octubre.
Al no lograr que los jueces dieron valor legal a la realidad de las negociaciones y el trámite de la colaboración eficaz, la defensa de la empresaria recurrió, vía un recurso de casación, ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez supremo César San Martin Castro.
En su recurso de casación, el abogado defensor propuso a la Corte Suprema que establezca como doctrina jurisprudencial y para el caso específico de Sada Goray, los tres temas siguientes:
1) Que la fiscalía y los jueces reconozcan el valor de un proceso especial de Colaboración Eficaz como circunstancia para establecer el arraigo procesal: domiciliario, familiar, laboral, de una persona sometida a investigación. Álvarez Dávila explicó que, si bien dicho proceso especial fue rechazado mediante una resolución con fecha 3 de julio de 2023, durante más de nueve meses la fiscalía, a través del Eficcop, conocía su arraigo domiciliario, familiar y laboral dentro y fuera del país, por lo que es un error que ahora los jueces digan que al vivir en el extranjero, no tiene una dirección domiciliaria fija.
2) Que se establezca la posibilidad de valorar los documentos de la Colaboración Eficaz en la apelación de una prisión preventiva, con el fin de acreditar el arraigo de Sada Goray. El abogado explicó que las actas de las declaraciones brindadas por la empresaria en el extranjero acreditan que durante más de nueve meses el Ministerio Público supo que tenía varios domicilios y que si se hospedó en un hotel al regresar Lima, en julio de 2023, fue a pedido de los fiscales.
3) Que se ratifique que la sola pertenencia a una presunta organización criminal no es suficiente para afirmar un peligro procesal de fuga. La Corte Suprema ha establecido, recordó el abogado, que en estos casos se debe acreditar que la organización no esta desarticulada y, al estar activa, tiene la posibilidad de ayudar a fugar u obstaculizar las indagaciones. Al respecto, Francisco Álvarez indicó que las únicas personas que se encuentran presas por este caso es el ex presidente Pedro Castillo y el ex ministro Geiner Alvarado. Los demás procesados afrontan la investigación en libertad.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó el recurso de la empresaria en una audiencia realizada el pasado 17 de julio. Luego de escuchar al abogado Francisco Álvarez Dávila y el fiscal supremo adjunto Denis Pérez Flores, los jueces anunciaron que darán a conocer su decisión el martes, 30 de julio.
En la audiencia, Álvarez Dávila explicó que el proceso de colaboración eficaz de Sada Goray fue un hecho público y notorio, que en el auto de detención preliminar de Miguel Girao se reconoce que la fiscal Marita Barreto viajó a EE.UU a tomar la declaración de la mencionada empresaria y , en las actas de ese proceso, se reconoce que ella residía fuera del país, desde junio de 2021 y con residencia estable en EE.UU desde el 30 de agosto de 2022.
Informó que Sada Goray solicitó acogerse a la colaboración eficaz el 24 de octubre de 2021, momento a partir del cual, el Ministerio Público tomó conocimiento que tenia varios domicilios: En Estados Unidos, en Tampa, Florida y en Lima, en el Club el Golf Los Incas y el Club El Golf Trujillo.
Es así, agregó el abogado, que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides y su fiscal adjunto Marco Huamán y la fiscal superior Marita Barreto y los fiscales del Eficcop viajaron a Estados Unidos y la localidad de Punta Cana, en República Dominicana, a tomar la declaración de la empresaria.
Anotó que posteriormente los fiscales le pidieron que venga al Perú a continuar su declaración, pero que ingrese por otro país para evitar ser rastreada. Ante ese pedido, ella regresa al 3 de mayo de 2023 vía Chile, para continuar su declaración y firmar un preacuerdo de colaboración eficaz.
En ese pre acuerdo se dispone que ella debía reportar sus actividades cada 60 días, por lo que el 6 de julio de 2023 retorna a Lima, esta vez vía Colombia, hospedándose, dijo su abogado, en el hotel Costa del Sol por indicación de los fiscales. Al día siguiente es detenida, en dicho hotel,
Sin embargo, añadió Álvarez, al pedir su prisión preventiva ante el juez Justiniano Romero, sin ningún reparo negaron esa realidad y, la volvieron a negar parcialmente, ante la Sala de Apelaciones. "El Estado no tiene reparo en mentir", enfatizó el abogado.
Álvarez Dávila informó que de los 12 investigados por el caso Mi Vivienda, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de cinco, de los cuales a la fecha solo ella, el expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado, son los únicos que permanecen detenidos.
Luego que el abogado concluyó su alegato, el presidente de la Sala Suprema, César San Martin preguntó al fiscal Pérez Flores si lo que decía el abogado era correcto o había algunos datos que aclarar.
- El fiscal respondió que ella fue detenida en un hotel, lo que demuestra falta de arraigo, y que se trataba de introducir información de un acuerdo de colaboración eficaz que fue denegado
- Lo que fuera, replicó el juez, el tema es ¿existen o no existen esas diligencias?
- Sí, existen, respondió el fiscal, pero consideramos que al ser denegado el cuaderno de colaboración pues no cabría la posibilidad de su utilización.
- Pero, ¿Cómo no? Se deniega el pedido, pero ¿las actuaciones en tanto expresen realidades cómo no van a tenerse en cuenta? insistió San Martín.
- Si obran en la carpeta, fue la respuesta del fiscal supremo adjunto.
- Son realidades por eso hay que valorarlas. Acá no estamos discutiendo su culpabilidad sino estamos evaluando los peligros procesales. Si lo que se dice que estuvo, declaró, salió, volvió, regresó nuevamente, es correcto.
- Sí, es correcto, volvió a responder el fiscal
- La fiscalía sabía de su domicilio en tal lugar, sabía que iban a ir a Punta Cana. La fiscalía sabia todo. ¡Todo! ¿O me equivoco? volvió a pedir precisión el juez.
- En efecto, juez supremo, es real, volvió a responder el fiscal.
- Acá el tema es determinar el peligro procesal porque en esta causa, aparte de los altos funcionarios, la señora Goray es la única detenida.
- La declaración en Punta Cana fue en un hotel, eso no demuestra arraigo, intentó insistir el fiscal.
- Pero, ustedes lo consintieron. Es un tema del procedimiento de la colaboración que ustedes aceptaron. Tampoco uno, puede pedir formalidad absoluta.
En ese momento del diálogo, intervino el abogado Francisco Álvarez para precisar que la estadía de Sada Goray en el hotel Costa del Sol era conocida por la fiscalía, que fue un acuerdo con los fiscales y luego ella se retiraría a su domicilio, que han acompañado los mensajes de celular en su solicitud a la Corte Suprema.
San Martín volvió a pedirle a la fiscalía que verifique la autenticidad de esta última información, el fiscal Pérez volvió a contestar que eran datos reales, con lo que concluyó la audiencia.
