Entre 5 y 7 millones de venezolanos ya han salido de su país, nosotros lo sabemos muy bien y, si sale Maduro, varios millones más saldrán, eso es lo que ocasiona que hasta sus aliados le den la espalda.
Los gobiernos autoritarios, los talantes totalitaristas, sean de izquierda o de derecha, detestan a las ONG. Veámonos en el espejo de Venezuela, donde una ONG, que también quiere fiscalizar el gobierno, denominada: El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea, que tiene 35 años defendiendo los derechos humanos en el país, ha publicado un desolador informe respecto a la última década del gobierno chavista 2013-2023. ¡El chavismo ya lleva 25 años en el poder! 25 años de chavismo que han sumido al 82% de la población venezolana en la pobreza y al 53% en la pobreza extrema, de acuerdo con Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, tras haber efectuado una visita de dos semanas en febrero de este año.
Sería muy interesante que la candidata Verónica Mendoza lea el informe y también aquellos extremistas de derecha que quieren salirse de la OEA (tal cual lo hizo Maduro desde el 2019) y que les gusta la “mano dura”, para que reflexionen acerca de lo que ocurre con los absolutismos cuando estos tocan nuestra puerta o la de alguno de los nuestros, es decir, entiendan su inconveniencia. Tomen nota. Según el informe de Provea, el cual, en nuestro país, por supuesto que muchos, paradójicamente, calificarían como “caviar”, revela que en este período al menos 10.085 personas han sido asesinadas o ejecutadas por agentes de seguridad de los cuerpos policiales y militares y la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados ni sancionados. Óscar Murillo, miembro de Provea, señala que el 2023 se ha caracterizado nuevamente por una alta y deliberada letalidad policial y militar que ya ha sido institucionalizada en el país. Se han producido graves violaciones al derecho a la vida que bien pueden constituir crímenes de lesa humanidad (otro término “caviar”).
Los agentes policiales y militares se ensañan en los sectores más vulnerables, con los barrios populares. El año pasado, dice Murillo, en el diario El Clarín: “se mantuvo el patrón en la actuación policial, de aparentar que las muertes fueron causadas por enfrentamientos con presuntos delincuentes. El encubrimiento de los crímenes tiene como propósito garantizar impunidad, argumentando que los funcionarios actuaron en legítima defensa. En realidad, se trata de ejecuciones extrajudiciales”. (Inevitable relacionar esto último con el hecho de que, el jueves pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó tramitar la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra Boluarte por las 77 muertes durante las protestas antigubernamentales, 49 de las cuales, precisamente, ocurridas durante enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad).
Las denominadas operaciones “Trueno” y “Guaicaipuro” retomaron prácticas de las “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP) consumadas entre 2015 y 2017 y que bajo el terror policial produjeron crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones forzadas y tortura. “Estos operativos también fueron usados contra la población privada de libertad”. El informe indica, además, que el gobierno de Maduro sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias: solo entre 2013 y 2023 se registraron 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen más de 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. La mayoría de los castigos infligidos a los afectados consistió en amenazas de abuso sexual, golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, insultos y amenazas de muerte y también a sus familiares, entre otras barbaridades, indica dice el informe.
Según los registros de Provea, la mayoría de las personas torturadas fueron mujeres, jóvenes, pobres y privadas de libertad, que fueron sometidas a abusos por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC) adscritos al Ministerio de Prisiones.
En esta década, al menos 28 personas murieron a consecuencia de torturas. La totalidad de las víctimas murió en centros penitenciarios y comisarías, como consecuencia del precario y a veces inexistente acceso a alimentos, medicinas y condiciones de salubridad mínimas, informa Provea.
La situación de abandono a la que sigue sometida la población reclusa en Venezuela constituye una práctica de trato cruel, inhumano y degradante que está ocasionando muertes en recintos carcelarios. A la cotidiana exposición a la violencia física a la que están sometidos miles de jóvenes pobres venezolanos en las cárceles del país, se suma la victimización generada por el sometimiento al hambre y la ausencia de servicios y tratamientos de salud,que afecta al 90% de la población. (En sintonía con la derecha extrema en el Perú, para quienes los delincuentes o presuntos delincuentes no tienen derechos humanos).
No obstante, Maduro tiene un fuerte incentivo para seguir en el poder, por eso habla de baños de sangre si no resulta reelecto: él y otros funcionarios de su gobierno están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. También es buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ha ofrecido 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Muchos no lo saben, pero, esta vez su oponente es Edmundo González, un ex diplomático que se convirtió en el candidato sorpresa de consenso de la oposición después de que el gobierno de Maduro le impidiera postularse a su líder popular, María Corina Machado, luego de haberla inhabilitado (¿Les suena familiar?).
Sus partidarios esperan que González pueda ayudar al país a dejar de lado 25 años de chavismo, el movimiento socialista que comenzó con la elección democrática de Hugo Chávez en 1998 y que desde entonces se ha vuelto más autoritario. (Así esto conlleve una salida negociada dado el control chavista de todas las instituciones).
En este momento, la comunidad internacional trabaja para que las partes firmen un documento por el que se comprometan a aceptar el resultado este próximo 28 de Julio, pero, el país afronta la votación en un ambiente de máxima tensión, más aún cuando observadores, incluso de países “amigables” con Maduro, ya no estarán en la justa electoral. El expresidente argentino Alberto Fernández ha asegurado este miércoles que el Gobierno le pidió suspender su viaje como observador. Lo mismo ha ocurrido con Lula da Silva quien ya había emplazado a Maduro a aceptar el resultado si sufre una derrota. “Si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar”, afirmó, respaldado por el chileno Boric. Brasil ha informado que suspende el envío de observadores electorales a las presidenciales, Maduro reclamó, dijo que Lula no controla las urnas de su país, criticando el sistema electoral brasileño. Hasta Petro ha entrado a la colada. Entre 5 y 7 millones de venezolanos ya han salido de su país, nosotros lo sabemos muy bien y, si sale Maduro, varios millones más saldrán, eso es lo que ocasiona que hasta sus aliados le den la espalda. Lo peor, de toda esta cantidad de venezolanos que huyeron al exterior y tienen derecho al voto, sólo 69.000 lograron inscribirse en las listas electorales abiertas en los consulados. Si pierde Maduro, “Fraude, fraude”, gritará. Otra palabra, por estos lares, recientemente familiar.
