A un mes de las elecciones municipales y regionales, todavía se encuentra en discusión algunas de las características que tendrá el proceso del 27 de octubre. La reforma, originada a raíz de la petición del Servicio Electoral de Chile (Servel) de realizar la votación en dos días debido a la posible duplicación de los electores sufragando, lo que se traduciría en una aglomeración de las personas en los locales de votación, sigue en discusión en el Senado, especialmente en aspectos relacionados con la posible multa y el voto extranjero.
El Presidente Gabriel Boric ingresó este miércoles el veto para reponer la multa por voto obligatorio al proyecto de elección en dos días. La propuesta incluye una fórmula “intermedia” que busca recoger las distintas posturas, tanto del oficialismo como de la oposición. Sin embargo, pese a ello, encontró resistencia en la Cámara de Diputados.
Se trata de un documento con siete numerales: un veto sustitutivo, tres supresivos y tres aditivos. En líneas generales, aborda la regulación de la propaganda electoral a través de redes sociales, reestablece el feriado irrenunciable que había sido aprobado por ambas cámaras y mantiene una multa de 0,5 UTM (33 mil pesos).
Dicho proceso contempla la elección de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales. El académico y jefe de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Gonzalo Parra, aclara que de no aprobarse el veto presidencial, el proyecto que habilita la elección en dos días sigue el curso para su promulgación, debido a que ya fue despachado por parte del Congreso.
El Servel tomó en consideración el uso de cuatro papeletas, además del tamaño del voto de los consejeros regionales y concejales, la que puede llegar a tener 100 candidatos y más de 15 listas según lo planteado. A ello se suman los tiempos en que la población tomaría ejercer el derecho a voto, que sería de aproximadamente 5 minutos por persona, y el horario de funcionamiento de las mesas, el que es de diez horas.
Asimismo, falta por definir si se abrirá el comercio en la elección de los comicios municipales y regionales. Respecto a esto, la directora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Susana Mondschein, comentó que “en dos días uno puede pensar que hay más gente, pero ¿qué pasa si no hay incentivo que se distribuya uniformemente la votación entre el sábado y domingo? Si el Servel no implementa un mecanismo que obligue a la mitad de la gente a asistir equitativamente en ambos días, teniendo en cuenta que el sábado el comercio esté abierto, entonces se van a aglomerar todos el domingo”.
Inicialmente, la intención del Ejecutivo era establecer sanciones sólo a “ciudadanos”, pero el Gobierno decidió reponer a través de un “súper numeral” la sanción a “todos los electores“, término que incluye a los residentes extranjeros habilitados para votar. Junto a ello, la norma suma la consagración de la elección en dos días, el procedimiento para aplicar la sanción y la rebaja del aporte a las campañas. Lo que, para algunos, obliga al oficialismo -donde se había manifestado resistencia- a aprobar el veto en su conjunto.
Ante un eventual rechazo al veto presidencial, el académico Gonzalo Parra manifestó que aplicar la multa solo a ciudadanos significaría que se “desincentivaría la participación de extranjeros habilitados para sufragar”.
“No la excluye, ni limita. En términos estrictos la votación es obligatoria y todas las personas habilitadas a sufragar deben hacerlo. Sin embargo, al no establecer multa a un grupo específico de la población se permite que la inasistencia electoral no tenga consecuencias o costos”, plantea.
Por otro lado, Parra explica que se espera que la participación en estas elecciones obligatorias y en dos días aumente considerablemente, con un porcentaje cercano al 80% del padrón.
Si bien las elecciones locales y regionales, denominadas de segundo nivel, tienen menor adhesión o convocatoria en la ciudadanía que las de primer orden o presidenciales, es posible que esto esté cambiando, declara el académico, ya que últimamente los gobiernos locales han logrado una mayor atención por parte de la ciudadanía.
“Desde antes de la pandemia, los alcaldes y alcaldesas se han convertido en actores claves en la elaboración de políticas públicas e innovación de iniciativas con un impacto directo en la ciudadanía”, afirma Parra.
El veto será votado y despachado por el Senado la próxima semana. Mientras que la Cámara de Diputadas y Diputados haría lo propio los primeros días de agosto.
Este plazo es analizado negativamente desde el Servicio Electoral (Servel), pues su presidente, Andrés Tagle, cuestionó la dilatación del tramite de la reforma y sostuvo que es “problemático”, dado que el atraso del proyecto afecta “seriamente” las labores del Servel.
