El martes, Costa Rica amanecerá sumida en el caos de una turbulencia social nunca vista desde los trágicos acontecimientos de la década de los 40. El pueblo, enardecido por un fallo de la Sala IV sobre la inconstitucionalidad de la llamada “ley jaguar”, se volcará a las calles para manifestar su descontento mientras el presidente de la República se cruza de brazos para observar la dirección del movimiento y decidir si llama a la calma o se pone a la cabeza de la multitud.
Esta fantasía delirante la propagó el presidente Rodrigo Chaves durante una entrevista con un medio afín de Guanacaste. Pero no debe pasar inadvertida, porque revela un desdén absoluto por la democracia y el Estado de derecho.
La Sala Constitucional anunció para el lunes la resolución de la consulta elevada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la ley que el presidente Rodrigo Chaves pretende llevar a referéndum. Para el mandatario, los magistrados solo podrían pronunciarse a favor de su tesis si desean mantener la paz social.
Desde las postrimerías del siglo pasado, existe una bien fundamentada línea jurisprudencial contraria a las pretensiones de la “ley jaguar”, pero “el pueblo”, según imagina el presidente, no permitirá su preservación. La exministra de la Presidencia admitió conocer la jurisprudencia vigente y un miembro de la comisión conformada para plantear la reforma salvó responsabilidades revelando sus advertencias sobre la incompatibilidad de la ley con la Constitución, pero su fantasía es que la reforma se producirá en las calles, no en los tribunales.
El cambio logrado por esa vía, tan inusitada en la democracia costarricense, podría ir mucho más allá. El mandatario especula sobre la posibilidad de una huelga de brazos caídos o una decisión de tirarse a la calle “para que nunca más esta gente, el ecosistema del cambalache corrupto, del amiguismo y el capitalismo de amigotes vuelva a tener poder”. Dijo también: “Yo, como presidente de la República, observaría, desde el punto de vista político”.
Desde su oficina en Zapote o su residencia en el exclusivo condominio Monterán, el mandatario se limitará a ser testigo de la caída del sistema vigente, sin mover un dedo para cumplir el juramento de observar la Constitución y las leyes. La desautorización de la Sala Constitucional sería, en efecto, un golpe de Estado.
Nada de eso va a ocurrir aunque los magistrados reiteren la jurisprudencia de tantos años. El “pueblo enardecido” por el rechazo a una ley que pretende echar por tierra los controles establecidos para dificultar la corrupción y el favoritismo en los contratos del Estado no existe, y tampoco saldrá a la calle. El presidente no logrará observar el espectáculo y mucho menos ponerse al frente de las inexistentes masas. Tendrá una gran frustración.
Pero si bien se trata de una fantasía perversa, no deja de tener importancia porque anida en la mente del mandatario y enseña mucho sobre él. El presidente se imagina a la cabeza de una turba capaz de arrasar con cuanto se le oponga, incluida la separación de poderes consagrada por el diseño republicano.
No va a suceder porque las convicciones democráticas de los costarricenses bastan para frenar las pretensiones subversivas de cualquier minoría desorientada, pero la sola descripción del caos y la manifiesta voluntad de “observarlo” antes de decidir un curso de acción encuentra auditorio más allá de nuestra fronteras. Tomemos, por ejemplo, a los analistas del Bank of America que involuntariamente proporcionaron el nombre de la “ley jaguar”. Como tantos otros, señalaron en su último informe los peligros de la reforma propuesta y sus repercusiones para la economía local.
Según el documento titulado “LatAm de un vistazo. Informe de mitad de año”, BofA Securities critica la “ley jaguar” porque “la economía costarricense se beneficia de controles y contrapesos fuertes. Este es también uno de los atributos que hace que Costa Rica sea claramente diferente de sus pares de América Latina”.
Ahora, los mismos observadores internacionales, consejeros de la inversión extranjera, se enteran de la fantasía revolucionaria del presidente. El país, que tanto ha retrocedido en los índices internacionales de respeto a las libertades básicas, como la de expresión, y la preservación de la paz, no necesita más ruido emanado de las más altas esferas del Ejecutivo.
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