Eduardo Salhuana Cavides es el nuevo presidente del Congreso por el periodo 2024-2025. Su candidatura fue sorpresiva luego que la lideresa de Fuerza Popular no se mostrara tan convencida con su postulación. Sin embargo, el congresista por Madre de Dios fue anunciado el último miércoles liderando la lista 1.
No obstante, la propuesta de Salhuana trajo varios comentarios negativos al ser señalado de tener vínculos con la minería ilegal. Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue la asociación civil Transparencia, quienes expresaron su preocupación al ser el próximo presidente del Congreso. A través de su cuenta de Twitter, la institución recordó que el parlamentario impulsó leyes que debilitan la lucha contra la minería ilegal.
“La elección de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso sería un nefasto paso hacia la consolidación en el poder de las economías ilegales que tanto daño le hacen al país. El congresista por Madre de Dios ha promovido consistentemente legislación que ha debilitado la lucha contra la minería ilegal y, según la Procuraduría, mantiene vínculos con actores de esa actividad, asociada al crimen organizado, la trata y diversos delitos conexos”, se lee en la publicación.
Tras la elección de la nueva Mesa Directiva por el cuarto periodo legislativo, Patricia Juárez es la primera vicepresidenta del Congreso. La parlamentaria de Fuerza Popular ha sido presidenta de la Comisión de Constitución en el periodo 2021-2022, en la que se aprobaron proyectos de ley como el retorno a la bicameralidad.
Durante su gestión como congresista, Juárez Gallegos ha sido portavoz de su bancada por el periodo 2022-2023. Pero también tuvo que afrontar momentos como ser víctima de expresiones por parte del parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu, quien emitió comentarios sexistas contra su persona en una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Patricia Juárez, quien ahora pasará a integrar el Bloque Democrático, siempre mostró una postura en contra de la gestión Pedro Castillo, votando a favor de las tres mociones de vacancia contra el expresidente. Sin embargo, actualmente, con el gobierno de Dina Boluarte, ha tomado una posición junto a la bancada fujimorista de no apoyar las mociones de vacancia contra la jefa de Estado.
El congresista por Perú Libre, Waldemar Cerrón, repite la figura como segundo vicepresidente del Congreso por otro periodo legislativo. Durante su gestión, Cerrón ha impulsado con 35 proyectos de ley la creación de universidades públicas.
Pero entre sus propuestas legislativas más comentadas está el reciente proyecto de cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Así como también, el PL 6349/2023-CR que tiene como fin modificar tres artículos del nuevo Código Procesal Penal. Las cuales podrían beneficiar legalmente a su hermano y actual prófugo de la justicia, Vladímir Cerrón.
Waldemar Cerrón también ha sido señalado por la Fiscalía, junto a su partido, de ser el presunto brazo legal de una organización criminal. Dicha acusación, que involucra también a la presidenta Dina Boluarte, sostiene que se habría utilizado influencias entre el Congreso y el Gobierno para aprobar leyes que puedan obstaculizar investigaciones contra Perú Libre y sus integrantes.
El parlamentario de Avanza País recientemente presidió la subcomisión que evaluó la propuesta del Ejecutivo para el próximo contralor, César Aguilar Surichaqui. Alejandro Cavero ahora asume la tercera vicepresidencia del Congreso de la República.
No obstante, dentro de su gestión parlamentaria, Cavero fue cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales tras la elaboración del informe sobre el expresidente Manuel Merino, en el que lo exime de responsabilidades por las muertes y agresiones realizadas por la Policía Nacional durante las protestas de noviembre de 2020. Proponiendo que no se inicie ningún proceso legal contra el exmandatario ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
En el año 2022, Alejandro Cavero presentó un proyecto de ley relacionado con la unión civil entre parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, aunque con restricciones en cuanto a la adopción homoparental. Esta propuesta generó críticas por parte de los colectivos LGTB.
