Salud Mental España critica el trato discriminatorio a pacientes por parte de seguros y entidades bancarias, reflehado en su 'Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2023', que expone las vulneraciones de los derechos de las personas con problemas de salud mental.
El objetivo de esta publicación es que las personas con problemas de salud mental y su entorno conozcan cuáles son sus derechos e identifiquen qué instrumentos jurídicos y sociales están a su disposición para que se cumplan.
En primer lugar, señalan que se necesitan intervenciones públicas orientadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental en los ámbitos que constituyen los pilares básicos del Estado de bienestar: sanidad, educación y derechos sociales. "Resulta fundamental la garantía pública, adecuándose las medidas a la realidad social vigente, post pandemia generada por el Covid-19, y a los retos que plantean la demografía, el clima y el mundo digital", aseveran.
En cuanto a los servicios garantizados en el Estado de bienestar, no solo han de proveer una atención de calidad a todas las personas con problemas de salud mental que los requieran, sino que, se indica en el informe, han de articular cauces eficaces para prevenir su proliferación.
Del informe 'La situación de la Salud Mental en España: 2023' , elaborado de forma conjunta por la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña, se advierte que la pandemia generada por la Covid-19 opera como una bisagra en materia de salud mental, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la población española.
De hecho, el mencionado estudio concluye que un 74,7 por ciento de la población considera que la salud mental de la sociedad española ha empeorado, y pone de relieve que tiene un fuerte impacto en el estado de bienestar de la persona, en todos los ámbitos de su vida.
Se identifican, así, una serie de perfiles vulnerables, como las y los jóvenes, las mujeres, las personas de clase baja y media-baja, el colectivo LGTBIQ+, las personas con dificultad para llegar a fin de mes, las personas con incapacidad laboral y las personas que consumen drogas.
En este marco, el documento hace hincapié en la necesidad de atender a estos colectivos, con medidas de carácter preventivo y asistencial, tanto desde una perspectiva sanitaria y psicoeducativa, como desde una perspectiva social y económica.
Este documento llama 'accesibilidad psicosocial' a la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la acogida y la inclusión de las personas con problemas de salud mental, promoviendo mecanismos preventivos y de eliminación de las barreras actitudinales, contextuales, administrativas, sistémicas y simbólicas, que son alzadas por el estigma, los prejuicios y, en definitiva, el desconocimiento.
Salud Mental España insta a un flujo ágil de políticas públicas, que vaya desde los propios servicios públicos a otras estructuras territoriales y sociales, como son las entidades del tercer sector, que acumulan una amplia experiencia, atendiendo a personas de colectivos vulnerables con personal especialmente cualificado.
Se propone que, tanto en lo que respecta al trabajo privado como en el ámbito público, la tarea se haga bajo parámetros de calidad acreditables y desde la promoción de la metodología del apoyo de pares.
El presidente de la organización, Nel González Zapico, reflexiona al respecto de los "anclajes" que estructuran el informe, en cuanto a la participación real de todas las personas en la realidad social, la inclusión de toda diversidad, la universalidad de los servicios y recursos públicos y la justicia. Según el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, para lograr esto, "la cooperación es vital".
El informe enfatiza que la salud mental es la defensa de los derechos. Recalca la importancia de que no se sobremedique, ni se ate, ni se aísle, ni se señale a quienes transitan un trastorno. La Confederación reivindica la puesta en marcha de mecanismos y apoyos que garanticen la autonomía y la libertad de todas las personas.
Este documento da cuenta de lo "transversal" que es la necesidad del cuidado de la salud mental. Que todas las personas participen de la conversación implica una vida integrada en la sociedad, desde su convivencia familiar, las relaciones sociales normalizadas, el acceso al empleo y a una formación.
Salud Mental España reclama que no exista una legislación especial para las personas con trastorno mental, sino que se cumplan las principales normativas que les afectan: la Ley General de Sanidad, la Ley de Autonomía del Paciente, Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), informa Ep.
