La Audiencia Nacional investigará todo el "caso Koldo", la trama de comisiones en adjudicaciones para el suministro de mascarillas en pandemia tejida en torno a Koldo García, exasesor del entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos. Así lo ha acordado el Tribunal Supremo en detrimento de la Fiscalía Europea -que había asumido la investigación de los contratos adjudicados por los gobiernos balear y canario por estar financiados con fondos comunitarios y que reclamaba toda la causa-, al concluir en el conflicto de competencia planteado al alto tribunal que debe ser el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el que asuma todo el procedimiento. Incluidas esas adjudicaciones de los gobierno autonómicos entonces presididos por la actual presidenta del Parlamento, Francina Armengol, y por el ahora ministro Ángel Víctor Torres.
Para la Sala Penal, la Fiscalía Europea no es competente para investigar los hechos porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. En la resolución en la que acuerda la medida, acuerda que en este momento debe ser el Juzgado Central de Instrucción número 2 del citado tribunal el competente para investigar los hechos, manteniendo solo la Fiscalía Europea su competencia sobre los expedientes balear y canario en lo que hace referencia a la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.
El Supremo -con el aval de la Fiscalía del alto tribunal- explica que lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales, con o a través de la intervención y/o mediación de cargos públicos de tales administraciones, que se habrían enriquecido con su actuación, como lo habrían hecho los miembros de aquella organización", incurriendo en posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal." Unos y otros, presuntamente, habrían tratado de ocultar las ganancias obtenidas a través de diversas operaciones financieras también objeto de investigación -posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública".
Cualquier intervención de la Fiscalía Europea, deja claro la Sala, debe de partir de una premisa: "Los delitos competencia de esta Fiscalía, lo serán, si existe ese perjuicio a los intereses financieros de la Unión y si su mejor y más eficaz persecución exige que aquella asuma su investigación y persecución". Algo que según su criterio en este caso no se cumple.
El tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, se alinea con los argumentos expuestos tanto por la Fiscalía del Tribunal Supremo como por Anticorrupción al defender que en este momento no se advierte que los hechos investigados por el juez Ismael Moreno impliquen un fraude de los intereses financieros de la Unión "que, por su dimensión, pudiera justificar la intervención de un órgano supranacional como la Fiscalía Europea" ni que los delitos que se persiguen "puedan suponer una amenaza para aquéllos o para las instituciones de la Unión".
En la misma línea que la Fiscalía Anticorrupción, la Asociación Liberum, que ejerce la acusación popular, también defendió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos y se opuso a la pretensión de la Fiscalía Europea de asumir la causa.
Para la Sala Penal, "las actuaciones practicadas parecen estar dirigidas a investigar la posible existencia de una trama de corrupción a nivel nacional que afectaría a diversas administraciones y organismos públicos, también nacionales, que debe y puede ser investigada más eficazmente por órganos de la misma naturaleza, dada su falta de conexión material con cualquier interés supranacional que pudiera justificar la intervención de un órgano de esta naturaleza como lo es la Fiscalía Europea".
"Sin perjuicio de lo que finalmente pudiera resultar de la investigación -sostiene el TS- las adjudicaciones presuntamente irregulares a Puertos del Estado -por 20 millones de euros- y a la Secretaría de Estado de Seguridad -por 3.479.355 euros- pudieron ser financiadas íntegramente por fondos nacionales". Mientras que de los 12,5 millones correspondientes a la adjudicación de ADIF -recuerda- 10.868.867,47 euros corresponderían a fondos nacionales y solo 1.631.132,53 euros a fondos de la Unión.
La Sala ha tenido en cuenta también que la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional "se encuentra en un estado avanzado y dada su evidente complejidad el cambio de competencia podría mermar su ritmo y eficacia", como ya apuntó la Fiscalía del Supremo. Además, no advierte que la Fiscalía Europea esté en una mejor posición para asumir la investigación por contar con una mayor especialidad o mejor dotación de medios materiales y humanos que la Audiencia Nacional.
Los magistrados, en definitiva, defienden que solo se podría atribuir la competencia a la Fiscalía Europea si los delitos investigados en la Audiencia Nacional estuvieran "indisociablemente vinculados" con un fraude a los intereses de la UE, algo que, según la Sala, no se produce en este caso.
