La Guardia Nacional fue creada a partir de un amplio consenso de la oposición y el partido oficial en el Congreso de la Unión, que tuvo como consecuencia la reforma constitucional de 2019.
En el mes de abril de este año, circularon imágenes de un asalto perpetrado a plena luz del día en Naucalpan, Estado de México, en el que dos agresores despojaron e hirieron con arma blanca a un joven, todo ello ante la mirada de una camioneta de la Guardia Nacional que circulaba por ahí en esos momentos. Los policías se percataron del hecho, sin embargo, no procedieron a la persecución y detención de los maleantes.
Durante el mes de mayo se difundió otro video en el que dos miembros de la Guardia Nacional son captados vaciando la caja registradora de un comercio y sustrayendo una consola de videojuegos y vapeadores.
Hace un mes se dio a conocer la noticia de la visita de la Guardia Nacional en una vivienda en la que minutos después, serían masacradas dos mujeres y dos menores de edad, dentro de una vecindad en León, Guanajuato.
Apenas hace unos días, policías de la Guardia Nacional apostados en un retén en San Luis Potosí, abrieron fuego contra una camioneta en la que circulaba una familia, dejando gravemente herido a un niño y matando a una niña de tan sólo nueve años.
Estos son apenas unos cuantos de los señalamientos que ha sufrido la Guardia Nacional en los últimos meses, aunque desafortunadamente no son los únicos que desde su creación y durante esta Administración se han presentado, que además han traído consigo vejaciones a los derechos humanos y ataques a la población civil.
Sin embargo, la militarización de las fuerzas de seguridad pública continúa siendo un hecho en nuestro país, a pesar de ser una política iniciada por administraciones anteriores que ha demostrado sus falencias y que fue sumamente criticada por el entonces líder social y ahora presidente López Obrador, ahora es reconocida y ratificada la necesidad de su continuación, profundizando y ampliando sus resultados.
La Guardia Nacional fue creada a partir de un amplio consenso de la oposición y el partido oficial en el Congreso de la Unión, que tuvo como consecuencia la reforma Constitucional de 2019, en la que se modificaron entre otros preceptos, el artículo 21 de dicho ordenamiento, para establecer a este cuerpo como una institución de seguridad pública, de naturaleza civil y bajo la autoridad y mando de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y que, según sus disposiciones transitorias, se integraría temporalmente por miembros de las fuerzas armadas, en tanto se generaba capital humano debidamente capacitado a partir de la sociedad civil. Con la reforma se construyó un andamiaje legal y normativo para concretar el texto constitucional, del que nació, entre otras disposiciones, la Ley de la Guardia Nacional, que regula y da vida operativa y administrativa a la Guardia.
Posteriormente, en 2022 se publicaron algunas reformas a diversas leyes, entre las que destacaron las de la Guardia Nacional y la Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de transferir las facultades operativas y administrativas que sobre la Guardia Nacional tiene la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana hasta el día de hoy, a la Secretaría de la Defensa Nacional, situación que fue combatida por legisladores de oposición mediante la acción de inconstitucionalidad 137/2022, que fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a finales del 2023, dejando sin efectos dicha reforma legal.
La resolución de la Corte se fundó claramente en las disposiciones vigentes de la Constitución, que mandatan que dicha institución sea de naturaleza civil y se encuentre bajo la dirección y mando de la dependencia responsable del ramo de Seguridad Pública, sin embargo, también abrevó de algunas sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado en contra del Gobierno mexicano debido a diversas violaciones de derechos humanos en las que el ejército mexicano ha incurrido en contra de la población civil al realizar actividades y operativos de seguridad fallidos. En estas sentencias se condena la participación del ejército en tareas de seguridad pública y destaca la diferencia que existe incluso en el entrenamiento y el tipo de intervenciones que se realizan por las fuerzas armadas, en relación con las del orden civil.
Hace apenas unos meses, en febrero del presente año, el presidente López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales en múltiples materias, de las que poco a poco han ido cobrando importancia, la reforma al poder judicial y la de los órganos constitucionales autónomos y ahora también se ha puesto el dedo sobre la reforma de la Guardia Nacional, a través de la cual se pasaría a este órgano a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, transformando su naturaleza y legitimando a nivel constitucional la militarización de cuerpos encargados de actividades policiales (algo que ya sucede en el campo de los hechos desde hace años, aunque siempre con la convicción de ser una medida temporal y extraordinaria).
La realidad de las cosas y, por eso mismo, comienzo esta participación exponiendo las más recientes pifias de la Guardia Nacional, es que ninguna reforma, sea constitucional o legal, va a modificar la situación de inseguridad que vivimos, bajo el debate acerca de la arquitectura institucional de la Guardia Nacional o de la participación o no de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y de seguridad interior, subyace algo más relevante y que no ha sido atendido, corrijo, no ha querido ser atendido por nuestras autoridades y corresponde a la manera en la que el Estado mexicano pretende dar cumplimiento a la seguridad pública como una de las función trascendental para el orden y la paz pública y, consecuentemente, para la existencia de cualquier estado moderno.
Mientras no sea consevida una política integral en la materia, que popicie el fortalecimiento y la credibilidad en nuestras instituciones; que combata la impunidad y garantice el Estado de Derecho; que aproveche la inteligencia, la cooperación internacional y la tecnología en la prevención del delito y que mejore radicalmente la procuración e impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos, no lograremos avanzar, no importa si procede o no esta pretendida reforma constitucional de la Guardia Nacional, si se queda en la letra, como ha sucedido en todos estos años, seguirá dando los mismos resultados, las instituciones y las personas no cambian por decreto, de esto nos ha dado muestras a pasto esta administración.
