La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, aprobó por mayoría acusar al exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, por presunta infracción al artículo 9 de la Constitución y por delitos de omisión y demora de actos funcionales durante la gestión de la pandemia de la COVID-19. La decisión fue adoptada con 13 votos a favor, uno en contra y una abstención, luego de la presentación del informe por parte del congresista Jorge Montoya.
El informe final de la Denuncia Constitucional 367, sugiere inhabilitar a Zamora por diez años para el ejercicio de la función pública y propone que el Ministerio Público investigue y actúe conforme a sus competencias. La denuncia también subraya la responsabilidad del exministro en el desabastecimiento de oxígeno medicinal, un recurso crítico durante la pandemia.
El documento aprobado será remitido a la Comisión Permanente del Congreso, la cual será responsable de designar una subcomisión acusadora. Dicha subcomisión tendrá la responsabilidad de presentar los fundamentos del informe ante el Pleno del Congreso, formulando la acusación respectiva.
La posible inhabilitación de Zamora para ocupar cargos públicos busca ser una medida de rendición de cuentas frente a las presuntas deficiencias en su gestión durante uno de los momentos más críticos para la salud pública en el país.
El exministro de Salud, Víctor Zamora, se encuentra en medio de acusaciones vinculadas al desabastecimiento de oxígeno medicinal durante la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Además, se le señala por la adquisición de pruebas rápidas que habrían demostrado ser ineficaces, provocando falsos negativos y contribuyendo al aumento de contagios de la enfermedad.
Dichas acusaciones se encuentran dentro del marco de las investigaciones sobre la gestión de Martín Vizcarra, donde Zamora fue ministro. Recientemente, la Fiscalía de la Nación ha reabierto por 120 días una investigación preliminar contra Vizcarra y otros exministros, entre ellos Víctor Zamora, por posibles delitos de colusión y negociación incompatible en perjuicio del Estado.
“Se ha emitido la disposición fiscal n.º 08 mediante la cual declara fundada las solicitudes de reexamen de actuados presentados por la denunciante Katherine Milagros Ampuero Meza, y la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe; alegando la existencia de nuevos elementos de convicción en la investigación preliminar en contra de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República; así como María Antonieta Alva Luperti, María Elizabeth Hinostroza Pereyra y Víctor Marcial Zamora Mesía, exministros de Estado; por la presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible, en agravio del Estado”, se lee en el comunicado.
El caso se encuentra en la carpeta fiscal N.º 131-2020 y está a cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Para reabrirlo se tomó en cuenta, según la Fiscalía, los pedidos de reexamen planteados por la procuradora general del Estado, María Caruajulca, y por la exprocuradora Katherine Ampuero, autora de la denuncia original.
