El lunes, el juez Juan Carlos Peinado decidió citar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo en la causa que instruye contra su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La noticia ha inundado los medios de comunicación, pero en la tarde de este martes Moncloa no había recibido ninguna documentación del juzgado que notificase la citación.
“Nos enteramos por la prensa”, se quejaban en privado altos cargos del Gobierno tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Desde el entorno del presidente afirman que toda información sobre la citación al presidente para declarar la han conocido a través de los medios de comunicación, pero admiten que el magistrado sí notificó a las partes, esto es, a la defensa de su mujer.
Desde el lunes, altos cargos del Gobierno fueron mostrando una absoluta estupefacción ante la “cascada” de noticias sobre la declaración de Sánchez, mientras que en Moncloa estaban a ciegas.
“Se ha contado hasta la intención del juez de venir al Palacio, pero aquí no se nos ha notificado ni la citación como testigo”, criticaban fuentes de la cúpula gubernamental.
La instrucción del juez Peinado ha “sobrepasado todos los límites”, en palabras de distintos ministros, que no solo se refieren al mero procedimiento judicial. Nunca antes un magistrado había llamado a declarar en una instrucción a un presidente del Gobierno. En Moncloa consideran que el juez se esconde tras las “filtraciones interesadas” que llegan a la prensa; entre ellas, la noticia de la citación a Sánchez como testigo.
Se refieren a informaciones que llegan a la prensa antes que a las partes involucradas en la causa. Por eso, el Gobierno identifica a los medios como otra de las patas de esta “gran causa política” contra Pedro Sánchez, a la par que la judicial y la política.
“Hay medios que publican informaciones que tienen una intencionalidad determinada”, sostienen las fuentes gubernamentales.
El juez pretende, según explica en el escrito de citación, tomar declaración al presidente en su lugar de trabajo: el Palacio de la Moncloa, acompañado de cámaras y micrófonos para grabar las respuestas.
Sin embargo, Moncloa no ha recibido la petición, pero tampoco los nombres de los técnicos que llegarán con el magistrado a la residencia presidencial. Y en Moncloa advierten: “Esto se tienn que visar con tiempo, porque los controles de seguridad en el complejo son exhaustivos”.
Para que pueda acceder el equipo al complejo, el servicio de seguridad debe antes examinar quiénes son los especialistas que lo integran, tanto cámaras como profesionales de la microfonía, antes de concederles el permiso.
En el Gobierno no gusta nada la idea de que sean técnicos de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, los encargados de acompañar al juez Peinado en su visita. “Tienen que enviar antes nombres, apellidos, documento de identidad… No se pueden plantar aquí de repente, cuando nadie no ha notificado nada de nada”, insisten las fuentes gubernamentales.
El entorno del presidente denuncia que la tardanza del magistrado en comunicar a Sánchez la decisión de citarle como testigo constituye una clara “falta de garantías” en el proceso. “Cuanto menos tiempo haya desde la notificación hasta la declaración, menos margen tiene el citado preparar su intervención”, se quejan.
En Moncloa confían en que la Audiencia Provincial ordene el archivo del caso, como ya hizo con la parte relativa a AirEuropa, cuando permitió a Peinado continuar con la investigación pero le instó a “acotarla”. Sin embargo, descartan que vaya a suceder antes del próximo martes, la fecha que ha fijado el juez para tomar declaración al presidente.
Sánchez remitió ayer, miércoles, una carta al magistrado comunicando su intención de declarar, pero de hacerlo por escrito.
En el Gobierno hablan abiertamente de “prevaricación”, pero lo hacen con las cámaras y micrófonos apagados. Aseguran que ellos ya preveían un “ataque” en escala de la “derecha y la ultraderecha”, después de los cinco días de reflexión del presidente. En abril, tras la admisión de la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, Sánchez suspendió su agenda y amenazó con dimitir, en una carta dirigida a la ciudadanía y publicada en X, antes Twitter.
“En aquella carta el presidente advirtió de que la cosa iría a más. No quiero decir que nos refiriésemos a esto, pero sabíamos que iba a llegar un ataque duro por parte de los sectores más a la derecha de este país”, comentan fuentes del Ejecutivo, que insisten en que la denuncia parte de organizaciones radicales. “Tanto quienes la presentaron como los que se han personado sirven de censo de la ultraderecha de este país”.
El Gobierno reitera que se trata de una investigación prospectiva, prohibida por el ordenamiento jurídico español. “Es como si a un ciudadano le notifican que le van a investigar toda su vida desde que hizo la comunión. Se trata de establecer una sombra de sospecha que inunde todo un periodo sin causa justificada”, critican desde el Ejecutivo.
Moncloa resalta dos fallos “flagrantes” del magistrado que dirige la investigación del caso. Se trata de dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que Peinado aludió en el escrito de citación del presidente como testigo.
El juez citó el punto 2.12 del 412 y el párrafo 12 del artículo 413 de la LECRIM, ambos inexistentes, como alegó la defensa de Gómez, que fue un paso más y lo calificó como “errores debidos a la premura con la que se dicta la resolución”.
