Casi sin debate, sin acceso a la prensa y en medio de una abierta disputa entre el Gobierno y el actual contralor, Nelson Shack, la Comisión Permanente del Congreso designó con 28 votos a favor y ninguno en contra a César Aguilar Surichaqui como nuevo contralor general de la República.
Aguilar había sido propuesto por el Ejecutivo mediante una resolución suprema firmada el 12 de julio por la presidenta, Dina Boluarte, el premier, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista.
Un día antes, la Contraloría había emitido un comunicado en el que se pronunció en contra de un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, el cual reduce el financiamiento del control concurrente que realiza esa institución.
“Hemos expresado nuestra gran preocupación por el hecho de que, en el marco de un crédito suplementario presentado por el Poder Ejecutivo han incluido de manera soterrada, dentro de las decenas de disposiciones, una que afecta directamente la capacidad operacional de la Contraloría", declaró Shack en RPP la semana pasada.
Shack agreg que la Contraloría detectó un presunto desbalance patrimonial de Boluarte, quien habría declarado menos cuentas bancarias de las que realmente posee en el sistema financiero nacional. Esto, de acuerdo con el todavía contralor, se le fue comunicado a la propia jefa de Estado el primero de julio. Luego, coincidentemente, vino lo del proyecto y la propuesta de elegir a Aguilar como reemplazo de Shack, cuyo mandato termina este mes luego de siete años.
Sin debate
La subcomisión encargada de evaluar la propuesta del Ejecutivo –que estuvo presidida por Alejandro Cavero (Avanza País)– acordó que Aguilar cumple con los requisitos legales y no presenta impedimento para ocupar el puesto de contralor general.
Sin embargo, hubo una controversia sobre su hoja de vida. Ocurre que Aguilar presentó una constancia de trabajo en la que figura como gerente general de la sociedad civil de responsabilidad limitada Aguilar & Motta Abogados, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017. Pero en los registros públicos la sociedad aparece inscrita recién a partir del año 2015.
Aguilar respondió que Aguilar & Motta Abogados era un emprendimiento y que en el 2015 se formalizó legalmente. Añadió que en la partida correspondiente consta que todas las acciones previas a dicha legalización quedaron validadas.
No hubo preguntas de los congresistas luego de eso. Aguilar se retiró –no estuvo presente más de cinco minutos en la sesión– y la Comisión Permanente procedió con la votación nominal.
Fuentes de la Contraloría informaron que Aguilar podría asumir la institución esta misma semana o bien a inicios de la siguiente. Por supuesto, uno de los primeros temas con los que tendrá que lidiar es, precisamente, el referido a Boluarte. Ha asegurado a los medios de prensa que las investigaciones continuarán. “La Contraloría no va a cesar funciones, no importa quiénes son los implicados”, declaró la semana pasada en el Parlamento cuando asistió a la subcomisión de evaluación.
Hay que recordar además que, durante el proceso de evaluación, Aguilar se mostró de acuerdo en la reducción del presupuesto para el control concurrente: “En mi opinión, yo no encuentro mucho sentido en demandar, exigir el 2% del control concurrente porque si la finalidad es cubrir necesidades en esas acciones de control, me parece que el 0.5% sería adecuado y, si no es adecuado, habrá que ver en incrementarlo”, indicó ante la subcomisión. Criticó también que la Contraloría no haya ejecutado el 100% de su presupuesto.
Aguilar es abogado de la Universidad San Martín de Porres. En el sector público ha trabajado como abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, secretario de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República y magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Actualmente es vocal titular de la Sala 1 del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) en la Contraloría General de la República.
El sindicato de trabajadores de la Contraloría saludó vía sus redes sociales la designación de Aguilar.
Protesta de gremios periodísticos
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) emitió una alerta frente a la decisión del presidente del Congreso, Alejandro Soto, de prohibir el ingreso de los periodistas a la última sesión de la Comisión Permanente de la presente legislatura. “La medida impuso que reporteros y reporteras sigan la sesión a través del canal de televisión del Congreso”. añadió. Del mismo modo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) indicó que la medida, “además de poco transparente, atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía”. Añadió que la disposición de que la sesión se siga por el Canal del Congreso es “una manifiesta restricción a la cobertura”.
