En torno a una treintena de víctimas y familiares del accidente del tren Alvia en Santiago, del que ayer se cumplieron 11 años, recorrieron las calles compostelanas en una manifestación para reclamar a la juez del caso, Elena Fernández Currás, que sea «valiente» y que la sentencia que, creen, emitirá de forma «inminente», sea «ejemplar». A las 11.30, ante la estación de tren, y previo arranque hacia el Obradoiro, el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, recordó que llevan casi un año a la espera de esa sentencia tras el fin del juicio el 27 de julio de 2023, pocos días después del décimo aniversario de este siniestro que dejó 80 muertos y 145 heridos. El fallo «ejemplar» que esperan, en palabras de Domínguez, pasa por una condena a Andrés Cortabitarte, exresponsable de seguridad de Adif, porque «autorizó la desconexión del sistema de seguridad (ERTMS) que hubiera evitado el accidente». Él y el maquinista, Francisco Garzón, son los dos únicos imputados por 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave. Pero el fiscal del caso, Mario Piñeiro, recientemente ascendido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, el último día del juicio retiró su acusación contra Contrabitarte. A los afectados los acompañaron cargos del BNG: la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín; el diputado en el Congreso Néstor Rego; y la eurodiputada Ana Miranda; así como la teniente de alcaldesa, María Rozas, de Compostela Aberta. En la terminal ferroviaria, el presidente de la plataforma de víctimas ha insistido en que 11 años después siguen «sin justicia, sin una sentencia y sin una investigación independiente» sobre lo ocurrido en la curva de A Grandeira, como solicitó la Unión Europea. Ahora, casi un año después de la resolución del juicio, las víctimas del Alvia esperan una sentencia «inminente», quizá «la semana que viene», según les han «filtrado» sus fuentes, recoge Ep. Al hilo, Domínguez reclama «una mayor responsabilidad de Adif» y, más concretamente, de su exdirector de seguridad. «Cortabitarte autorizó la desconexión del sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente por los retrasos que generaba. Lo hizo con su firma, con su puño y letra. Lo hizo un sábado sin hacer un análisis de riesgos, como dijo la Agencia Europea Ferroviaria que había que hacer», argumentó el presidente de la plataforma de víctimas. En caso de que la sentencia no vaya en esa dirección, confirmó que recurrirán, pese a verlo «complicado», porque tienen «en contra», critica, a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía. «Siempre ha habido ocultación detrás de esta tragedia, porque realmente no se quiere que sepa la verdad, porque hay unos intereses que son los de la alta velocidad y los que hay que proteger. Los protegieron todos los gobiernos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y ahora se necesita una jueza muy valiente que vaya contra todo eso. Esperamos que lo sea», manifestó Domínguez. De hecho, las fechas en las que esperan que se haga pública la sentencia, a finales de este mes, cuando estarán «todos de vacaciones», las ven «una maniobra más» dentro de ese intento por silenciarlos. Una vez en el Obradoiro, Laura, una mujer que viajaba en aquel tren, leyó un manifiesto contra una tragedia «evitable», según el texto. Denunció que el colectivo lleva 11 años «peleando contra el Estado y las instituciones implicadas, que han tratado por todos los medios de culpar al último eslabón de la cadena, el maquinista, y de contaminar a la opinión pública para ocultar las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad». El manifiesto también cargó contra la exministra de Fomento Ana Pastor, por la «falta de colaboración» y porque «presionó a la UE para ocultar el informe que desmontaba la verdad oficial». Los afectados insisten en ese «pacto de la curva» de los diferentes gobiernos estatales, de PP y de PSOE, para «señalar al maquinista» como único responsable y eludir «cumplir con la obligación de llevar a cabo una investigación técnica e independiente» que reclamaba Bruselas.
