El informe sobre el estado de derecho en Italia pide evitar "cualquier riesgo de impacto negativo" en la tramitación de una ley que los profesionales de la información denuncian que tiene un "efecto amedrantador" y también cuestiona decisiones sobre la RAI
Cerco a periodistas y control de la televisión pública: así expande el Gobierno de Meloni su poder mediático
Ursula von der Leyen retrasó la presentación de los informes sobre la situación del estado de derecho en la UE. Inicialmente previstos para principios de julio, los documentos que hacen un análisis de la calidad democrática de los países europes, se han publicado este miércoles, seis días después de que la alemana fuera reelegida en el Parlamento Europeo con la incógnita hasta el final de qué harían los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. En la burbuja bruselense se dio por hecho que el aplazamiento de los informes sobre el estado derecho tenía bastante que ver con esa votación y las posibilidades de que la primera ministra ultraderechista apoyara a Von der Leyen ante la evidencia de que la Comisión Europea cuestionaría la deriva del Ejecutivo italiano.
Finalmente así ha sido. Aunque los técnicos comunitarios se cuidan mucho de excederse en sus críticas a los estados miembros, salvo en casos como el de Hungría, que tiene abierto un procedimiento bajo el artículo 7 por sus constantes vulneraciones del estado de derecho, o en el pasado con Polonia por su deriva autoritaria, sí dejan un tirón de orejas a Meloni por sus decisiones respecto a los medios de comunicación, especialmente el control de la televisión pública y el cerco a periodistas.
“Continuar el proceso legislativo sobre el proyecto de reforma en materia de difamación, protección del secreto profesional y de las fuentes periodísticas, evitando al mismo tiempo cualquier riesgo de impacto negativo sobre la libertad de prensa y garantizar que tenga en cuenta las normas europeas sobre protección de los periodistas”, recoge el informe relativo a Italia en sus recomendaciones en el que confirma que no ha habido progresos en la aprobación de esa normativa que ha provocado preocupación.
“Las partes interesadas acogieron con satisfacción la propuesta de abolir formalmente la pena de prisión por difamación de la prensa, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y de ampliar la protección del secreto profesional y de las fuentes periodísticas a los periodistas no profesionales. Sin embargo, también expresaron su preocupación por otros aspectos de la reforma propuesta relacionados con las sanciones penales y disciplinarias por difamación de la prensa, la introducción de una obligación de rectificación automática, y los criterios jurisdiccionales de las demandas por difamación, considerando que estos elementos corren el riesgo de desencadenar un efecto amedrentador sobre la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión”, expone el documento.
Otro de los motivos de preocupación que recopila la Comisión Europea tiene que ver con el intento de Meloni de limitar el periodismo de investigación para los que ha colado penas de cárcel en un proyecto de ley de ciberseguridad. “Las iniciativas legislativas que regulan el acceso a determinada información judicial y su publicación son motivo de preocupación para los periodistas”, señala el informe, que también recaba la opinión del Gobierno italiano de que la norma pretende proteger “el derecho a la intimidad, el respeto de la confidencialidad de la correspondencia y las comunicaciones, y la presunción de inocencia” y que “estas iniciativas no afectarían a la libertad de prensa ni a la libertad de información”.
La otra gran recomendación de la Comisión Europea respecto al respeto a los medios de comunicación tiene que ver con “garantizar” la financiación adecuada para los medios de comunicación públicos y, con ella, su independencia. “Se expresó preocupación por la decisión del Gobierno, adoptada con la Ley de Presupuestos para 2024, de reducir el canon de la RAI y compensar esta reducción con la provisión de una financiación directa adicional de 430 millones de euros”, señala la Comisión Europea.
“Las partes interesadas también informaron de que tras el nombramiento del nuevo director general de la RAI y otras figuras de alto nivel, incluidos los editores de los programas informativos, se produjo un cambio editorial que provocó la dimisión de varios periodistas y presentadores”, recoge el informe sobre la revuelta en la radiotelevisión pública italiana en la que los periodistas llegaron a denunciar el intento del Gobierno de que se convirtiera en un “megáfono” durante la campaña electoral de las europeas: “Las partes interesadas expresaron su preocupación por las nuevas normas sobre igualdad de tiempo en antena, aplicables a las comunicaciones e informaciones políticas emitidas en la RAI durante las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, que permitirían a los candidatos con un papel en el Gobierno disponer de más tiempo en antena y visibilidad en comparación con los candidatos de los partidos de la oposición”.
