La flamante reforma fiscal y su aplicación volverá a discutirse una vez más en el Congreso y será judicializada por sectores gremiales y de la política. La oposición dialoguista denunció a Javier Milei por realizar una "trampa" en el cálculo de la indexación de Ganancias para recaudar más fondos. ¿Qué cambios hubo y como se judicializaría?
El diputado de Hacemos Coalición Federal (HCF), Nicolás Massot, advirtió que al discutir la ley en el recinto se acordó que la actualización sería semestral por lo que "la primera actualización sería en enero de 2025, tomando el IPC desde julio de este año".
Por este motivo, el diputado indicó que se tomó la decisión que, por única vez, haya una actualización de los mínimos no imponibles en septiembre, en la que "se considerara la inflación de ese trimestre 'perdido'" y se conservaran los pisos "en términos reales".
Massot detectó que el presidente modificó "de forma ilegítima" los plazos y de esta manera "arrastra ese trimestre a la primera actualización semestral de enero de 2025, convirtiéndola arbitrariamente en trimestral.
"Esto debe ser modificado", sostuvo Massot desde su cuenta de X y confirmó que, con esta maniobra del Poder Ejecutivo, ahora pagarán ganancias 18,5% más de trabajadores.
El diputado confirmó que desde su bloque insistirán en corregir este error, de esta manera se tendría que retrotraer el impuesto para las personas.
Fuentes cercanas a Massot, expresaron en diálogo con El Cronista que la presentación judicial se hará "si el gobierno no corrige el tema".
En este sentido, informaron que "aún no han recibido ningún tipo de respuesta" del Ejecutivo.
Además, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frede respondió el posteo de Massot y agregó: "El problema es confiar y darle carta blanca a la siniestralidad de este gobierno. Hay que prevenir, para no llorar tarde".
"Probablemente tengas razón", le respondió Massot a Frede.
Asimismo, desde las provincias patagónicas, el diputado Rodrigo Llancafilo presentó un proyecto para derogar la medida. Esto se debe a la decisión de la Cámara de Diputados de no haber tomado la condición de zona desfavorable, que permitiría subir un 22% los mínimos no imponibles a dicha región.
En ese orden, la santacruceña de Unión por la Patria (UxP) Ana María Ianni indicó -a través de la red social X- que "nosotros, sobre todo los patagónicos, seguiremos trabajando para que sea ley la restitución del 22% en la deducción a las y los trabajadores por Ganancias para toda nuestra región" y afirmó que "el salario no es ganancia".
Los bancarios se aprestan para hacer la primera tanda de amparos hoy en los tribunales laborales.
A comienzos de mes hubo una reunión de los gremios de la CATT -la plataforma de transporte- junto a otros aliados, como el caso de los bancarios, donde fijaron una hoja de ruta de cuatro pasos para hacer frente a Ganancias: crear una mesa técnica con todos los sindicatos afectados por la reinstalación del impuesto a las ganancias a los trabajadores; formalizar ante la Justicia las presentaciones pertinentes reclamando por la inconstitucionalidad; acompañar la presentación judicial con una movilización de las organizaciones sindicales afectadas y realizar asambleas informativas para explicar los alcances de la medida judicial solicitada.
Tanto Palazzo como Moyano descreen de cualquier tipo de negociación con el Gobierno en cuanto a la posibilidad de sumar deducciones. Más aún considerando que en el debate en el Congreso quedó en claro que no se aceptarían. De hecho, se dieron de baja, con la reforma, hasta 25 deducciones contempladas en los últimos incisos del artículo 25, los puntos 4 y 8 del artículo 82 y los artículos 110, 111 y 127 para eximiciones del pago del tributo.
"Este Gobierno no tiene intención de acordar con los trabajadores. El leitmotiv de sus leyes son todas en contra de los trabajadores. Los trabajadores pagan Ganancias, los no registrados se la tienen que aguantar y el que los tuvo sin registrar todavía tienen premio porque es el Estado el que se hace cargo de las cargas sociales", opinó ayer el líder bancario en El Destape Radio.
En simultáneo, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), sindicato nacional que representa a profesionales de la salud del ámbito público y privado, ya presentó un amparo ante el Juzgado Federal Nro 1 de San Martín pidiendo la suspensión del Título V de la Ley 27.743, en este caso, ante el fuero Contencioso Administrativo.
En paralelo, "los gremios portuarios nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) que encabeza Juan Carlos Schmid, vamos a presentar acciones judiciales con medidas cautelares ya que se afectan principios fundamentales del derecho del trabajo como la progresividad y la tutela del salario", había adelantado Roberto Coria, secretario general del Sindicato Guincheros y Grúas móviles, para el Cronista.
También están los gremios de aceiteros, AEFIP y Supara en representación de los trabajadores fiscales, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los aeronáuticos y los Camioneros.
El único gremio contemplado en la reglamentación para exceptuar algunos items en base a la Ley 26.176 que empujaban los salarios por encima del mínimo no imponible es el de los Petroleros. En rigor, una conquista del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante un juego de doble presión ante los gobiernos provinciales y las cámaras empresarias.
Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 27.743, el "personal de pozo" incluido en esta posibilidad de deducir determinados segmentos del salario incluye a aquellos que trabajadores que realizan actividades como la exploración petrolífera o gasífera, tareas en boca de pozo, perforación, terminación, mantenimiento, reparación, intervención, producción, servicios de operaciones especiales y servicios de ecología y medioambiente.
