El sindicato Manos Limpias, acusación popular en el juicio de la pieza política del caso ERE, ha dirigido un escrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla instándole a solicitar una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) con el objetivo de anular las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional que elimina delitos y concede amparo, parcialmente, a los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el sistema de ayudas fraudulentas como la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez. En su escrito de alegaciones facilitado a ABC, el sindicato asegura que la interpretación y el fallo que respecto a Álvarez que ha hecho la mayoría progresista de magistrados que controla el TC «no es ni independiente ni imparcial» y «no cumple con el canon del Estado de Derecho de la UE» y genera «un riesgo de impunidad respecto a los afectados». El Tribunal Constitucional declaró que se había vulnerado el derecho a la legalidad penal y ordenaba retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos. Manos Limpias asegura que la revisión de la sentencia, que reduce el delito continuado de prevariación por el que Álvarez fue inhabilitada en firme durante nueve años, resulta « totalmente contrario al canon de protección efectiva y disuasoria de los intereses financieros de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción y al estándar homologado y armonizado de tutela de los derechos fundamentales de la UE estipulado por el TJUE». Al hilo, el sindicato personado en la causa de los ERE por la que fueron condenados los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán hace constar que «nueve de los magistrados» que dictaron la referida sentencia «tenían una vinculación con el Legislativo y del Ejecutivo español» . Cinco de los jueces presentan, además, «vínculos directos con el PSOE», partido al que pertenecían «muchos de los condenados». Son los casos del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, el exministro de Justicia y ex alto cargo con Chaves, Juan Carlos Campo, la exalto cargo de Moncloa Laura Díez; y la vicepresidenta del tribunal Inmaculada Montalbán y la magistrada María Luisa Balaguer. Montalbán dictó sentencias sobre este proceso en la justicia ordinaria y Balaguer fue miembro del Consejo Consultivo andaluz y emitió dictámenes sobre las ayudas del sindicato. Asegura el sindicato que fallos como el del TC en el caso ERE genera «una imagen de ausencia de persecución de la corrupción en España y de protección asimétrica de los intereses financierso de la Unión entre estados miembros». Por esta razón, solicita a la Audiencia Provincial de Sevilla que, plantee la cuestión prejudicial europea para no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional.
