Las acusaciones populares del "caso Begoña Gómez" han pedido al juez Juan Carlos Peinado que rechace la petición de Pedro Sánchez de declarar como testigo por escrito y que le tome declaración, como está acordado, el próximo martes en el Palacio de la Moncloa, al considerar que va a ser interrogado por hechos ajenos a su cargo.
En el escrito dirigido al magistrado, las acusaciones -Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento Regeneración Política de España- acusan al presidente del Gobierno de "mala fe procesal" y defienden que Sánchez no puede acogerse a la dispensa de declarar que ampara la legislación procesal, que le permite no declarar contra su esposa, teniendo en cuenta que además de Begoña Gómez hay otros dos investigados con los que no le une relación alguna de parentesco: el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés, muñidor del máster de la esposa del jefe del Ejecutivo y a quien esta avaló por escrito en dos adjudicaciones públicas que ahora investiga la Fiscalía Europea.
La acción popular insiste al juez que investiga a Begoña Gómez por un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios en que Sánchez "no ha tenido conocimiento del procedimiento por su cargo de autoridad, sino por ser el esposa" de Begoña Gómez, en referencia a las dos reuniones en Moncloa con Barrabés a las que habría asistido (que la defensa de la esposa del presidente reduce a una).
En esas mismas alegaciones, afirman que "ni tan siquiera podría utilizar la dispensa" del artículo 416 de la Ley Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) -por la que puede acogerse a su derecho a no declarar contra su esposa-, puesto "es público y notorio" que en el procedimiento hay otros dos investigados, que "han declarado que no les une relación de amistad alguna con él, ni tampoco con su esposa" lo que según defienden no supone impedimento alguno para que Sánchez testifique.
Las acusaciones ven además "mala fe procesal" en la queja de la defensa de Begoña Gómez (que también acogió la Fiscalía en su recurso) sobre el error del instructor al identificar los artículos de la Lecrim que amparan que Sánchez tenga que declarar en su despacho oficial del Palacio de la Moncloa al tener que declarar -según entiende Peinado- sobre hechos ajenos al ejercicio de su cargo de presidente del Gobierno. Se trata, dicen, de "un error aritmético" -al aludir a los artículos 412.3 y 413 de la Lecrim- "que cualquier licenciado o graduado en Derecho advertiría sin mayor análisis jurídico y que de ningún modo vulnera la tutela judicial efectiva". La resolución judicial -recalcan- hace referencia "de manera clara" a que se le pretende interrogar por hechos ajenos al ejercicio de su cargo.
El abogado de una de las acusaciones, Hazte Oír, hace hincapié en que Sánchez "no está obligado" por ley a declarar en su despacho o por escrito, pues "perfectamente puede elegir declarar, según la norma general, en el mismo juzgado". Javier María Pérez-Roldán asegura "puede hacer uso del privilegio procesal del artículo 412" (la declaración por escrito), "pero no de cualquier modo", sino únicamente si la declaración es sobre hechos de los que haya tenido conocimiento en razón del cargo.
"Lo que pretende el presidente", asegura Pérez-Roldán, "una inversión del papel procesal de cada parte, pues sustituyendo al juez y a las acusaciones pretende predeterminar él, con carácter previo, en calidad de qué intervino en las reuniones objeto de la instrucción".
El letrado recuerda que el abogado de Begoña "ha insistido en varios medios de comunicación en que precisamente si en alguna entrevista estuvo el presidente del Gobierno era porque el domicilio tanto de él como de su esposa es La Moncloa". "Él mismo detalló -subraya- que una vez, reunido en La Moncloa con su clienta, apareció Pedro Sánchez, pero apareció como cohabitante en tal domicilio".
