La Comisión Europea ha dado este miércoles un tirón de orejas a España por no separar los mandatos de la Fiscalía y el Ejecutivo, lo que contraviene los estándares europeos sobre autonomía e independencia europeos . En su informe anual sobre el Estado de derecho en los países europeos, Bruselas reconoce que España ha realizado “algunos progresos” sobre el estatus del Fiscal General, pero que aún debe seguir realizando esfuerzos en este terreno.
En cuanto a la Ley de Amnistía, Bruselas recuerda que está analizando esta nueva normativa y pidiendo clarificaciones a las autoridades públicas. También recuerda el informe sobre la Comisión de Venecia en el que este órgano pide eliminar ambigüedades sobre el alcance de la amnistía y evitar el peligro de que el trabajo de las comisiones parlamentarias pueda afectar la independencia judicial.
La Comisión de Venecia también se mostró crítica con el procedimiento de urgencia empleado debido a que esto limitaba las consultas públicas y subrayaba la importancia de esta ley hubiese contado con un mayor apoyo parlamentario.
Este informe resulta menos duro que el de años anteriores debido al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con los auspicios de Bruselas, para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En el texto publicado este miércoles se pide finalizar el acuerdo para la renovación y a la vez continuar el proceso para “adaptar el procedimiento de asignación de sus miembros”, teniendo en cuenta los estándares internacionales. Bruselas ya ha recomendado a España en numerosas ocasiones que al menos la mitad de los vocales de este órgano sea elegido por los propios jueces como modo de arrebatar poder a los partidos políticos.
Entre los deberes que el Ejecutivo comunitario pone a nuestro país también están también incluidos mejorar la transparencia de los denominados grupos de presión, a través de un registro obligatorio de los lobbies; finalizar la reforma del código de enjuiciamiento criminal, mejorar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de las personas con responsabilidades públicas y revisar el acceso de información a través de la revisión de la ley sobre secretos oficiales.
