El Gobierno constata su debilidad parlamentaria en el último Pleno del curso político con las derrotas en la votación de la senda de estabilidad presupuestaria y en la Ley de Extranjería
PP y Junts tumban el reparto obligatorio de menores migrantes
El Gobierno ha vuelto a chocar este martes con la realidad parlamentaria que dejaron las elecciones del 23J. Un año exacto después de esas elecciones que permitieron a Pedro Sánchez revalidar la coalición progresista, su Ejecutivo ha sufrido dos importantes derrotas en el Congreso. Junts ha tumbado el primer trámite para los presupuestos del año que viene, un primer aviso de lo difícil que le será al Gobierno amarrar el apoyo para esas cuentas públicas con las que espera encaminar la legislatura. Además, la Cámara Baja ha rechazado empezar a tramitar una modificación de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas y aliviar la situación en Canarias.
PSOE y Sumar esperaban que este último pleno del curso sirviera para dar un empujón a la legislatura. Un 'súperpleno' con un puñado de iniciativas legislativas variopintas. Por un lado, el Gobierno buscaba aprobar la prórroga del decreto anticrisis, que ha salido adelante tras una negociación final con Podemos, así como dos leyes sobre agentes y bomberos forestales y una sobre paridad. Todas ellas han quedado aprobadas. La reforma de la Ley de Extranjería llegaba sin los apoyos suficientes pero a esa complicación se ha sumado finalmente el fracaso de la senda de estabilidad presupuestaria.
Este último trámite era importante para que el Gobierno pudiera encarrilar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Lo que se debatía en el Congreso este martes era el “marco fiscal” del Ejecutivo para el próximo año, el primer paso para sacar adelante las cuentas públicas de 2025. Las dificultades parlamentarias del Gobierno ya le obligaron a prorrogar los de 2023 y una extensión más pondría en peligro la estabilidad de la coalición progresista. Ya en 2019 Pedro Sánchez forzó un adelanto electoral al no conseguir sacar adelante las cuentas de aquel año.
A medida que avanzaba la jornada, en los pasillos del Congreso comenzaban los rumores de que Junts podría terminar rechazando la senda de estabilidad. Solo una cosa había cambiado en esas últimas horas: el anuncio de una reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès que se celebrará este miércoles, a falta de una semana para que finalice el plazo que ERC concedió al PSC para cerrar un acuerdo que permita la investidura del candidato socialista.
Poco antes de la votación, el diputado de los posconvergentes Josep Maria Cruset anunciaba que votarían en contra. El parlamentario ha hecho una larga introducción para argumentar la escasa ejecución presupuestaria en Catalunya. “Nosotros advertimos de que era importante corregir el déficit en la ejecución presupuestaria. Que no se podía dar por sentado que nuestro voto fuese a cambio de nada”, ha sostenido. Cruset ha advertido además de que su grupo parlamentario no forma parte de ningún bloque. “No se puede dar por sentado nuestro apoyo”, ha insistido.
Junts ha desvinculado por completo esta decisión de las negociaciones para la investidura en Catalunya entre el PSC y ERC. “El posicionamiento de Junts responde a posicionamientos fundamentales, no queda supeditada a cuestiones adicionales, paralelas, que se puedan producir a última hora”, ha aseverado Cruset. Aunque en el partido han reconocido horas después la estrecha vinculación entre ambas cosas.
Apenas minutos después de conocerse la decisión de Junts, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra los de Carles Puigdemont. “Creo que estamos más cerca que ayer de una moción de censura de Feijóo votada por Junts. Creo que es poco opinable, lo digo por la dinámica que vemos de votos de Junts con la derecha y la ultraderecha española”, ha vaticinado en declaraciones a la prensa.
Al término de los debates de este miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, restaba importancia a las medidas tumbadas por el Congreso. “Hemos sacado cuatro proposiciones de ley que son muy importantes y dos proyectos que se quedan en el camino”, ha dicho en unas declaraciones a los medios en las que ha centrado sus críticas en el PP.
Ha acusado a esa formación de querer competir con la ultraderecha sin respetar los derechos humanos al votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, pero también ha culpado a Feijóo en la votación sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria. “Ha sido el PP simple y llanamente por el afán de acoso y derribo a este Gobierno”, ha dicho sin pronunciar ninguna crítica al partido de Carles Puigdemont.
En privado, fuentes del Partido Socialista restaban importancia al fracaso del primer trámite para los presupuestos, con el argumento de que la senda de estabilidad puede volver al Congreso en septiembre. Fuentes del Gobierno consideran que este movimiento de Junts es un intento de desestabilizar la investidura en Catalunya y que el escenario puede mejorar una vez consumado ese acuerdo allí.
En Sumar creen además que ni siquiera es necesario volver a presentar una nueva senda de estabilidad porque se puede aprovechar la que está vigente. “Es un golpe al Gobierno que suena mucho pero no hace tanto daño”, resumía un diputado del socio minoritario del Gobierno, que admite la importancia simbólica del movimiento de Junts en el último pleno del curso, en el que el Ejecutivo esperaba impulsar el camino de los Presupuestos, pero que prevé que no tendrá demasiadas consecuencias para su aprobación final.
El impacto de ese golpe para el Gobierno se ha acentuado con la otra derrota parlamentaria, la de la reforma que buscaba fijar por ley el reparto de menores migrantes a otras comunidades autónomas en momentos de saturación en las islas. PSOE y Sumar llegaban a la jornada de este debate con pocas expectativas, después de que el PP adelantara en los días previos que no apoyaría la toma en consideración de esa ley para que arrancase el trámite parlamentario.
Los de Feijóo se apoyaban en la excusa de que el Gobierno no quería aceptar las condiciones expresadas en los últimos días, que van más allá de la propuesta de reforma abordada en el debate, como la declaración de “emergencia migratoria” en todas las comunidades autónomas o la petición de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. La coalición progresista tampoco contaba con los votos de Junts, que pide desde el principio que Catalunya asuma todas las competencias sobre inmigración.
A pesar de que las posiciones parecían claras por la mañana, el Gobierno ha apurado los contactos hasta las últimas horas para tratar de amarrar el apoyo de alguna de esas dos formaciones. Contactos que no han movido las posiciones iniciales y que no han impedido que el Congreso acabe tumbando una ley que era importante para el Ejecutivo.
Si el Ejecutivo tiene herramientas para sortear el fracaso de la senda de estabilidad, no tiene demasiadas para volver a llevar esta reforma. Una opción que se había barajado en los últimos días es presentarla como decreto ley para luego convalidarla pero fuentes del Gobierno reconocen que esa situación puede ser delicada si finalmente no consiguen los apoyos en el Congreso para convalidarlo y la medida termina decayendo. Otra posibilidad es volver a llevar la ley después de un nuevo intento de negociación con el Gobierno.
Poco después de la sesión de este martes, Podemos aprovechaba para constatar la debilidad del Gobierno. “Hoy han venido a perder la reforma de la Ley de Extranjería y la senda de déficit que es el primer paso que abre la puerta a los presupuestos y esto es muy preocupante porque antes teníamos un gobierno que gobernaba, que hacía avances sociales y hoy tenemos un gobierno que no gobierna y solo busca el titular”, ha dicho Belarra en declaraciones a los medios. “La legislatura progresista queda literalmente enterrada”, ha vaticinado.
En el PP también han corrido para criticar al Gobierno. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha calificado la situación de Sánchez de “insostenible” tras las votaciones de este martes y ha enunciado que “ha acabado su tiempo”.
A pesar de esta doble derrota parlamentaria, el Gobierno ha conseguido en este superpleno aprobar importantes iniciativas. El Congreso ha dado el visto bueno definitivo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras el acuerdo alcanzado hace un mes entre PSOE y PP, un trámite que pone fin a cinco años de bloqueo por parte de los de Alberto Núñez Feijóo al órgano de gobierno de los jueces.
También ha conseguido sacar adelante la prórroga del escudo anticrisis que incluye la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%, la subida de los sueldos a los funcionarios en 2024 o la extensión del bono social eléctrico, fortalecida en un acuerdo con Podemos que se ha conocido este mismo martes. El PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.
El Gobierno ha obtenido también el visto bueno definitivo a la Ley de Paridad, que obligará a que exista una representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, entre ellos el propio Consejo de Ministros y también los consejos de administración de las grandes empresas. La norma eso sí ha salido adelante con dos enmiendas que el PP incluyó en el paso del texto por el Senado. Ese texto incluye además una enmienda del Gobierno que le permite eliminar el veto de la Cámara Alta al techo de gasto y sortear así el posible veto allí a los presupuestos.
El Congreso ha aprobado por último, sin votos en contra, los dos proyectos de leyes básicas para agentes y bomberos forestales, un marco jurídico que busca establecer condiciones equivalentes en todo el país, acompañadas de formación y seguridad, y jubilación anticipada. Estas normas continuarán su tramitación en el Senado para su aprobación definitiva. Junto a ellas, ha aprobado definitivamente una ley que crea una autoridad independiente para investigar accidentes ferroviarios, marítimos o de aviación civil como los de Spanair o el tren Alvia que descarriló en Santiago de Compostela hace 11 años.
