A pesar de que en la Radio de la UCh en ocasiones anteriores, ya nos hemos referido al hotel Punta Piqueros en Concón, recientemente supimos que el eximio abogado Darío Calderón, educado en el Instituto Nacional, al igual que este columnista, fue contratado por los inversionistas Said, Urenda y Bolocco de ese hotel para que impida su demolición resuelta por la Seremi Minvu conforme el artículo N° 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).
Esta estructura de 10 pisos se levantó con el permiso de edificación N° 007 del 10/01/2011, que contempla una altura de 4 pisos, otorgado a la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A. por el entonces director de obras municipales de Concón, Julio Leigh, posteriormente destituido, cuyo acto administrativo fue anulado por la Corte Suprema debido a las denuncias interpuestas por el abogado Gabriel Muñoz de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. El gracioso mote “Conde Negro” que tiene Calderón, se lo puso el ex futbolista, hoy fallecido, Eduardo Bonvallet.
Tal como quedó reflejado en el reportaje del 20/07/2024 de El Mostrador “La cocina del hotel Punta Piqueros: el intenso lobby de inmobiliaria con Municipio de Concón y CDE”, existe un impropio acuerdo secreto de conciliación, entre las dos partes interesadas, radicada en la 5a Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para intentar la mantención intacta de las permisivas normas urbanísticas del permiso anulado, ya que las actuales contenidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón son muy restrictivas: se admite solo una altura máxima de 7 metros equivalentes a 2 pisos y medio.
El abogado Calderón con su colega Juan Carlos Manríquez, el mismo que defiende en instancias judiciales internacionales al alcalde Daniel Jadue, ya han sostenido reuniones “de arduo trabajo” con el alcalde de Concón Freddy Ramírez y con el presidente del CDE Raúl Letelier, sin que la opinión pública conozca los resultados de esas tratativas.
Nos llamó poderosamente la atención que los intervinientes en las entrevistas no se hayan puesto de acuerdo para contestar las preguntas formuladas al respecto por el periodista de El Mostrador pues Manríquez, sobre la importante cita, manifestó que se debía a “una invitación del municipio” y desde éste se le respondió al articulista que la reunión de lobby realizada en la oficina del alcalde, con su presencia, había sido solicitada por Ambrosio García-Huidodro, en su condición de gerente de la inmobiliaria.
Demostrativo del arreglín secreto entre la inmobiliaria y el alcalde Ramírez lo constatamos al saber que la instancia judicial porteña impidió que el abogado Rolando Contreras, que se opone a la amistosa conciliación, interviniera en la misma como tercero coadyuvante, razón por la cual se vio en la necesidad de interponer un recurso de reposición, cuyo resultado no se conoce a esta fecha.
Dado que en Chile la ley existe pero no se cumple, el hotel que se aprecia en esta fotografía:
Probablemente no se demolerá transformándose en un “elefante blanco”, pero como la fundación
Defendamos la Ciudad, tal como lo ha propuesto previamente en este medio de comunicación y en otros, tiene una propuesta concreta para resolver el
impasse, siempre y cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con absoluta transparencia, se allane a modificar la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ya le solicitó una entrevista al presidente del CDE, la que se aprecia en
link en la cual, si él desea escucharnos, se le explicará detalladamente en qué consiste la solución de característica racional y prudente, la que asimismo podría ser utilizada para los llamados guetos verticales ilegales de la comuna de Estación Central y para el edificio de 20 pisos, también contrario a derecho, que no cuenta con recepción final, localizado en la esquina de Pío Nono con Dardignac, comuna de Recoleta, construido por el brazo inmobiliario de la Universidad San Sebastián.
Finalmente, si Calderón llegara a tener éxito en su gestión de lobbysta, obtendrá una jugosa remuneración y Chile será conocido en el mundo como el país en donde las sentencias de la Corte Suprema tienen un valor relativo, pues sus contenidos se transan en el mercado al mejor postor.
