Durante la ceremonia por el 83° aniversario de la Inmolación del capitán José Abelardo Quiñones y Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), celebrado hoy, 23 de julio, la presidenta Dina Boluarte brindó un discurso en el cual reafirmo su permanencia en el poder hasta el 28 de julio del 2026 e indicó que ningún "ruido político" detendrá su actual gobierno, ya que "nada los distrae" hasta terminar su mandato.
En esa línea, hizo caso omiso a las protestas que se vienen realizando en las diversas regiones del país contra su gobierno y en su lugar, llamó a los peruanos de las tres regiones (costa, sierra y selva) a unirse para "continuar construyendo un país más justo, más inclusivo y con más esperanza".
"La patria demanda unidad y trabajo, constante, premisa bajo las cuales el gobierno desarrolla sus acciones día a día, en favor de los peruanos y peruanas, en especial de los que se encuentran en condición vulnerable", argumentó.
De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, la presidenta Dina Boluarte podría ser considerada autora mediata de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de los primeros meses de su mandato.
El documento titulado "¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú", presentado el pasado 18 de julio, señala que Boluarte tuvo conocimiento de las acciones de los altos mandos policiales y militares en los días de mayor represión y no dio ninguna orden para detenerlas.
"Estaba al tanto de lo que sucedía y no haber actuado podría implicar responsabilidades penales", explicó Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
A través de sus redes sociales, el Ministerio Público dio a conocer que se oficializó dos nuevas investigaciones preparatorias contra Dina Boluarte, a las 18 que ya existían por muertes y lesiones ocurridas durante las protestas contra su Gobierno. Estos serían por la muerte de un menor en Apurímac y por la violencia cometida por el comandante PNP Segundo Martín Ocampo en el aeropuerto de Juliaca.
"Son 20 las investigaciones preparatorias formalizadas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho; las cuales involucran a 160 miembros de la Policía Nacional y el Ejército imputados por las muertes y lesiones en agravio de 274 ciudadanos", publicó la entidad estatal.
