La reciente condena del padre del senador Javier Macaya, Eduardo Mayaca, por abuso sexual ha desatado una ola de reacciones y comentarios, particularmente en relación a la legitimidad de las pruebas obtenidas. El senador, hace muy poco, señaló que su progenitor fue “grabado sin su consentimiento en un entorno familiar”, una afirmación que, aunque legalmente debatible, desvía la atención del tema central y pone en duda la credibilidad de las víctimas.
El abuso sexual es una realidad que ocurre con alarmante frecuencia dentro del núcleo familiar y por personas conocidas. Esta proximidad hace que los casos sean aún más devastadores y difíciles de denunciar, ya que las víctimas, su mayoría niños, niñas y adolescentes, enfrentan barreras significativas para hablar y develar lo ocurrido.
El miedo, la culpa, la vergüenza y la presión social son obstáculos poderosos que silencian sus voces. “Que la familia se dividiría y que era mejor evitar la denuncia”, fue una de las frases con que la familia más cercana de Macaya intentó mantener los hechos en secreto.
En muchas familias, los secretos y las dinámicas de poder crean un entorno donde el abuso puede perpetuarse. La denuncia de un familiar cercano es una carga emocional enorme para cualquier víctima, y muchas veces, el apoyo que deberían recibir se ve reemplazado por el escepticismo y la negación.
Por otro lado, ni la sociedad ni medios de comunicaciones, podemos permitir que se trivialice el sufrimiento de las víctimas poniendo el foco en aspectos colaterales, como la forma en que se obtuvieron las pruebas. Cada vez que se cuestiona la legitimidad de la evidencia en casos de abuso sexual, se envía un mensaje peligroso que podría desincentivar a las posibles víctimas, o a quienes estén sufriendo abuso sexual hoy en día, a hablar, debemos centrar nuestra atención en la gravedad del delito y en las consecuencias devastadoras que tiene para las víctimas.
Es crucial fomentar una cultura donde las víctimas se sientan seguras y apoyadas para denunciar el abuso, sin miedo a ser juzgadas o a que sus testimonios sean desacreditados.
Por último, no debiese existir la posibilidad de que una suma en dinero, por ejemplo 150 millones de pesos, sirva como fianza para que el abusador descanse en su casa. Es fundamental señalar que este castigo no repara el daño.
No normalicemos el abuso sexual, no desviemos la atención de la protección de las víctimas, puesto que solo a través de la empatía, el apoyo y la acción decidida podremos avanzar hacia una sociedad más segura para todos los niños, niñas y adolescentes.
Sandra Castro Salazar, directora ejecutiva CATIM.
