Tras revivir la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el presidente Javier Milei comenzó con su plan para transformar y reformular el Sistema de Inteligencia Nacional. De esta manera, hoy reglamentó la acreditación de $ 100 mil millones para dicha área del estado y en concepto de "gastos de carácter reservado". ¿Qué significan estas partidas fuera de todo control y cómo funcionó este sistema en gobiernos anteriores?
El Gobierno nacional dispuso a través del Decreto 656/24 la "necesidad" de "asignar partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran".
La Secretaría es conducida por Sergio Neiffert, aliado del asesor estrella de Milei Santiago Caputo y hombre no especializado en Inteligencia. El flamante funcionario tendrá a su disposición fondos y una nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia para "cooperar" con el organismo.
De esta manera, avanzaron con la primera parte de un plan de reestructuración de los servicios de inteligencia que habían sido desarmados por el segundo gobierno de Cristina Kirchner, reinstaurados por el gobierno de Mauricio Macri y luego nuevamente intervenidos por Alberto Fernández.
De hecho, la reacción desde el kirchnerismo no se hizo esperar. "La libertad retrocede y avanza el poder y la oscuridad de los servicios de inteligencia", cuestionó la exsecretaria legal Vilma Ibarra. Mientras que el diputado Leandro Santoro rechazó el DNU al afirmar en un posteo de X: "No hay plata para educación, dicen que hay que auditar la UBA y arancelarla. Sepamos que hoy.
También la senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, criticó que le hayan otorgado "100 mil millones de pesos para la SIDE en gastos reservados", mientras que "la jubilación mínima pasa a 254.454 pesos con 42 centavos". Añadió que el presidente Javier Milei que se presentó como nuevo referente "del 'cambio' hoy emite "un decretazo puro y duro gracias a los legisladores que le delegaron facultades".
La semana pasada, la hasta entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) volvió a denominarse Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la misma denominación que mantenía en los '90s.
Los cambios en el organismo de inteligencia no son solo de nombre. También se alterará su estructura interna y se subdividirá en tres grandes áreas. Así lo explicó un comunicado de la Oficina del Presidente que confirmaba la nueva conformación. La cuarta pata corresponde Asuntos Internos.
Según el decreto publicado esta madrugada, los fondos tienen como principal destinatario la SIDE y su función de "garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina". En este sentido, desde el Gobierno nacional entienden que su "publicidad" afectaría "el normal desarrollo de tareas de los órganos que integran el citado sistema".
"Por lo tanto corresponde establecer su carácter reservado, en los términos de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias", enumeran. Esta función, tendrá carácter reservado con lo cual generará que la ejecución del presupuesto de inteligencia sea secreta.
En otras palabras, no se podrá solicitar información pública sobre en qué se gastan los $ 100 mil millones que el Gobierno acaba de otorgarle a la Secretaría de Inteligencia. Las funciones de la exAFI quedarán así en el total anonimato público.
La SIDE fue llamado el "sótano de la democracia" en la pasada gestión de Alberto Fernández debido a su accionar irregular y poco transparente durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y la gestión del exdirector del organismo Hugo Anzorreguy.
Pesan las acusaciones de ocultar información fundamental en la causa que se sigue para esclarecer el atentado a la AMIA y la utilización de fondos reservados para el pago de sobresueldos a periodistas y funcionarios. De hecho, aún se desconoce el contenido de la totalidad de los archivos y grabaciones de inteligencia de aquellas jornadas.
Según un informe pericial encargado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el gobierno de Carlos Menem gastó durante más de diez años casi 3.400 millones de pesos-dólares de fondos reservados. Una cifra que no tuvo ningún control. Fue además la SIDE el organismo que mayor cantidad de fondos reservados utilizó.
Además, se comprobó que la SIDE Pagó u$s 400 mil a Carlos Telleldín, acusado en la causa AMIA, para involucrar con su declaración a un grupo de policías bonaerenses en el atentado con el fin de desviar la investigación.
En 2001, tras una década de gobierno menemista, la SIDE se disolvió y se transformó en la Secretaría de Inteligencia (SI) a través de la sanción de una nueva ley. En 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y por tensiones con la SI, el Congreso reformó la Ley de Inteligencia Nacional y creó la AFI, un nuevo organismo en su reemplazo.
Entre otros cambios, dispuso que el director y el subdirector del organismo fueran designados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) con acuerdo del Senado. En esta línea, esto implicó también el fin de los fondos reservados, en respuesta a un compromiso asumido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de transparentar los recursos del área, luego de que se comprobase su uso para el pago de sobornos en la causa AMIA.
Fernández de Kirchner creó entonces una "nueva doctrina de inteligencia nacional" que, entre otros cambios, distinguió entre los fondos públicos, sobre los que se podía conocer su monto y su uso, y los fondos reservados, que permanecían secretos sólo en casos que estuviese justificado. Esto dio un giro nuevamente durante la presidencia de Mauricio Macri, en mayo de 2016, cuando se dictó el decreto 656/2016 que devolvió el carácter reservado a estos fondos.
A partir de entonces, lo único que podía saberse una vez más era cuál es el presupuesto total que el Estado nacional destina a la AFI, pero no a qué funciones o gastos lo destina específicamente el organismo.
Finalmente, hubo una última contramarcha cuando, en su asunción, el Presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la derogación del decreto que dispuso que vuelvan a ser reservados todos los gastos del organismo. Ahora se dio marcha atrás otra vez con su publicidad.