Bogotá. De niña cuidó ganado, luego limpió casas y a sus 68 años, Miriam Calderón todavía araña pesos como recicladora informal. Una reforma pensional en Colombia ilusiona a quienes, como ella, se quedaron sin jubilación.
Canosa y maciza, la mujer carga costales de basura por las calles de Bogotá para mantener el hogar que comparte con su esposo enfermo, de 85 años, Francisco de Paula López.
Cansada y con la voz quebrada por la pena, admite que hace un par de semanas se enfrentó a un dilema: “Yo no sabía si pagar arriendo o comer”, dice a esta agencia.
Amarra su tesoro a un carrito metálico de ruedas flojas y baja por las empinadas calles de Las Cruces, uno de los barrios más viejos y peligrosos de la capital. La paga: tres o cuatro dólares al día.
Con una de las tasas de informalidad más altas de América Latina (56%), Colombia alberga a unos 2,6 millones de adultos mayores que viven sin pensiones y en la pobreza, según el Ministerio de Trabajo.
Para saldar esta “deuda”, el presidente Gustavo Petro tramitó una reforma pensional que eleva los subsidios mensuales para los ancianos más pobres de $30 a $55.
La cifra sigue lejos del salario mínimo ($250), pero pone a esta franja vulnerable de la población sobre la línea de la pobreza extrema.
Francisco, quien manejó su propio negocio de reparaciones domésticas y quedó inválido por una trombosis, fue uno de los primeros en recibir el nuevo auxilio.
“Cuando fui a cobrar yo iba a llorar, me dio mucha alegría. Ese aumento del bono... ¡Bendito sea el Señor!”, se emociona su esposa Miriam, quien tiene alientos hasta para enfrentarse a los indigentes que intentan robarle su material.
Dentro de un año, el beneficio se extenderá a las mujeres mayores de 57 años y a los hombres por encima de los 62, a menos que la oposición de derecha prospere en sus intentos de derogar la ley en la Corte Constitucional.
“¿Por qué nos van a negar lo que hemos trabajado? Yo no tengo que recoger basura”, se disgusta Calderón al referirse a los detractores de la iniciativa.
Junto a su marido y bajo un ardiente sol andino, Calderón caminó hasta la Plaza de Bolívar para asistir al acto público en el que Petro sancionó la primera reforma social de su gobierno de izquierda.
Cerca de ella estaba Deyanira Cruz, de 65 años, una mujer pequeña, sonriente y de pelo corto que, como Miriam, tiene muy pocos días libres.
“Cuando empecé a trabajar yo era una niña. Tenía 10 años, pero tenía que ver por dos niños pequeñitos” de sus patrones, recuerda Cruz en la sala del apartamento que comparte con su hija y una nieta adolescente en Soacha, un municipio vecino de Bogotá.
Pequeño, iluminado y pulcro, su hogar emula las “casas de ricos” en las que trabajó la mayor parte de su vida. No tenía contrato laboral y a veces recibía menos del salario mínimo, explica Deyanira.
“A muchas no les pagaban, solo la comida y el techo. Yo di con buenas familias”, relata la mujer, quien recibió de sus empleadores una parte del mobiliario de su sala.
También tuvo un puesto de comidas callejeras y fue mensajera en una tienda de materiales de construcción. Todo eso mientras criaba a dos hijos sola. “Si uno tenía 24 horas, trabajaba prácticamente 19 o 18 horas para salir adelante”, relata.
Al cumplir la edad de jubilación (57 años), el sistema pensional solo tenía registro de siete años de su trabajo.
Sin derecho a pensión, el Estado le da unos $30 mensuales, que aporta a las apretadas cuentas de un hogar sostenido por el sueldo de su hija Paola, quien es vigilante.
“Aun sigo jugándomela el todo por el todo, trabajando si me dan un turnito” limpiando casas, explica Deyanira, quien también se verá beneficiada por la reforma a partir de 2025.
“Es un aporte muy grande. De pronto ya uno dice: ‘Hoy no voy a trabajar’ si me llegan 100.000 pesitos ($25) más”, se ilusiona.
Bajo el sistema actual, la mayoría de los empleados aportan a su propia pensión en cuentas individuales administradas por fondos privados.
La reforma, que cobrará plena vigencia dentro de un año, obliga a cotizar los primeros 2,3 salarios mínimos en un fondo público. De esta manera, el gobierno financiará el incremento en los subsidios para millones de personas de la tercera edad y ancianos.
Varios parlamentarios de derecha ya demandaron el proyecto, alegando vicios en su trámite.
Sobre los opositores, Miriam se pregunta: “¿Nos quieren comiendo mierda?”.
Expertos coinciden en que la iniciativa está bien encaminada, aunque señalan que, para hacerla sostenible, será necesario aumentar la edad de jubilación, que para los hombres es de 62 años.
Sus detractores sostienen que los aportes obligatorios al sistema público son una “confiscación del ahorro” y que reducirán las pensiones de los empleados formales.
