El Colegio de Abogados de Lima, a través de su director de ética profesional, Mauro Leandro, cuestionó el rechazo del ministro de Justicia, Eduardo Arana, a la opinión de organismos internacionales solicitando al Poder Ejecutivo no firmar proyecto de ley que prescribe delitos de lesa humanidad, aprobado en segunda votación en la Comisión Permanente del Congreso el pasado 4 de julio.
Leandro aclaró al titular de la cartera de Justicia que no se puede juzgar como intromisión dichos pronunciamientos, debido a que nuestro país es miembro de distintos convenios internacionales. Al haber firmado dichos acuerdos, cede una parte del Estado soberano peruano.
"El ministro de Justicia mencionó que existe una intromisión en nuestra soberanía. Sin embargo, al firmar un convenio internacional, estamos cediendo parte de nuestra soberanía. Hemos suscrito y ratificado este acuerdo a través del Congreso de la República, convirtiéndolo en parte de nuestra legislación", dijo para Canal N.
En esa misma línea, el representante de la CAL resalta el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el efecto que ha tenido bajo el principio de retroactividad en delitos contra la humanidad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas recuerda que los crímenes siguen siendo imprescriptibles "cualquiera que sea la fecha en la que se haya cometido", tanto en tiempos de guerra como de paz.
Por otro lado, Mauro Leandro se mostró en contra de aquellas opiniones que promueven la salida de Perú del Pacto de San José. Desde el Gobierno, no han descartado salirse de dicho tratado internacional que engloba a organismos como la Corte IDH y CIDH.
"Los delitos de lesa humanidad no pueden ser justificados. Se ha mencionado la posibilidad de renunciar a los tribunales internacionales para permitir actos de impunidad, lo cual se busca al no permitir la aplicación retroactiva… deberían ser castigados de manera drástica", concluyó.
A principios de julio, la Corte IDH pidió al Perú que los tres poderes tomen medidas para evitar la aprobación, anulación o entrada en vigor del proyecto de ley N.º 6951/2023-CR.
Este proyecto tiene como objetivo prescribir los crímenes de lesa humanidad mencionados en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como en otras iniciativas similares, con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de dichos casos.
La Corte tomó esta medida al otorgar medidas provisionales a las víctimas, luego de que el Congreso aprobara en segunda votación una ley que restringe la aplicación del delito de lesa humanidad a eventos ocurridos después de julio de 2002, lo que podría resultar en la impunidad de numerosas violaciones graves de derechos humanos.
