La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que dicte auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura juicio oral, contra Francis Puig -hermano del expresidente valenciano Ximo Puig– y su socio, el empresario audiovisual Juan Enrique Adell Bover, en la causa abierta por las ayudas públicas que recibieron las productoras que administraban entre 2015 y 2018. En un extenso escrito fechado el 18 de julio al que ha tenido acceso ABC, el Ministerio Público atribuye a Puig los presuntos delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil, mientras a Adell Bover le acusa sólo de este último. sin embargo, «vista la facturación cruzada, ambos podrían ser autores por cooperación necesaria de los delitos cometidos por el otro». No considera así que los hechos sean constitutivos del supuesto fraude de subvenciones que el PP, como acusación popular, sí entiende que se cometió. Por contra, las defensas de los investigados han reclamado el archivo de las diligencias tras descartar la existencia de ilícito penal. Los populares llevaron a los tribunales en 2019 las ayudas que recibieron del gobierno valenciano, el catalán y el aragonés Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, gestionadas por el familiar del exlíder del PSPV-PSOE; y Canal Maestrat, Kriol y Nova CB, a cargo de los Adell Bover. Aunque pudiera precisar más en un futuro escrito de calificación, la fiscal pone de relieve que los hechos imputados a las dos primeras y a Canal Maestrat podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Al mismo tiempo califica de estafa agravada -o, de forma subsidiaria, de apropiación indebida- las cantidades obtenidas por Mas Mut de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya en los cuatro años investigados. En total, 110.691,97 euros. Por ello, en caso de que el juzgado constate este supuesto perjuicio económico, considera que habría que ofrecer acciones a los servicios jurídicos de ambas administraciones públicas. Un error procesal a principios de 2023 –no se dio traslado a las partes para que pudieran presentar alegaciones antes de que el magistrado prorrogara la causa– puso fin a la investigación. Desde entonces, no se han podido ordenar nuevas diligencias, más allá de cerrar aquellas que estaban en marcha. De hecho, la Fiscalía indica en su escrito que «aunque otras personas pudieron haber intervenido en la confección de la facturación cuestionada penalmente o pudiera haberse planteado la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de estada, no es posible continuar con la investigación» por este motivo. Las partes quedan ahora pendientes de la decisión del juez, que confirmó el archivo del procedimiento, el año pasado, para el exdirector general de Política Lingüística del Ejecutivo valenciano Rubén Trenzano.
