ERC también ha confirmado su voto a favor del decreto en el Pleno que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados
Así queda el IVA de los alimentos básicos tras la reducción del impuesto al aceite de oliva
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este martes un acuerdo con el Gobierno para apoyar la convalidación en el Congreso del último decreto anticrisis, a cambio del mantenimiento hasta finales de año del bono social eléctrico, que tal como está redactado el texto se reduciría en septiembre.
“Hoy puedo anunciarles que hemos alcanzado un acuerdo y que el Partido Socialista va a retirar ese desmantelamiento del bono social eléctrico que estaba incluido dentro del escudo social”, ha adelantado Belarra en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados.
Según ha trasladado la secretaria general de Podemos, el acuerdo incluye una enmienda para que el próximo mes de septiembre se prorrogue hasta el 31 de diciembre del año 2024 los descuentos del bono social eléctrico aplicables a consumidores vulnerables y vulnerables severos del 65% y 80%, respectivamente. En el decreto, se prevía que desde octubre hasta final del ejercicio se rebajarían al 57,5% y al 72,5%.
La enmienda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, sustituye íntegramente al artículo 20 del Real Decreto-ley 4/2024, y se queda de la siguiente forma: “En el caso del consumidor vulnerable, el descuento será del 65%. En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 80%”.
“La legislatura ha entrado, desde nuestro punto de vista, en una dinámica muy preocupante, con un acuerdo de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero mientras nuestros votos sean imprescindibles, desde luego con los votos de Podemos no se van a hacer recortes y hoy lo volvemos a conseguir”, ha remarcado.
Además, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha confirmado el voto a favor de su formación al decreto anticrisis. “Siempre intentamos mejorar la agenda legislativa del gobierno y eso incluye este decreto”, ha subrayado.
Otro de los grandes problemas que aborda el último decreto anticrisis aprobado en Consejo de Ministros a finales de junio es la inflación de los alimentos. La principal medida del Gobierno de coalición para aliviar este daño a las familias, sobre todo a las más vulnerables, fue el recorte del IVA a los alimentos básicos desde principios de 2023. Esta bajada del impuesto caducaba a finales de este mes, pero el Ejecutivo ha decidido prorrogarla en el Consejo de Ministros de este martes, con un esfuerzo extraordinario para controlar el precio del aceite, totalmente desorbitado en esta crisis de inflación.
El aceite, que ya pasó del 10% al 5% de IVA desde el decreto anticrisis que se empezó a desplegar en enero de 2023, forma parte ahora del grupo de productos de primera necesidad —el pan, las harinas, la leche, los quesos, los huevos, las frutas y verduras— que tienen un tipo del 0% desde el año pasado (en lugar del 4% que se aplicaba hasta entonces) hasta el 30 de septiembre. A partir de octubre pasarán al 2% de IVA, hasta final de año.
El coste total de todas las medidas tomadas desde 2021 para aliviar el daño de la inflación es de alrededor de 50.000 millones, siendo las medidas más caras las relacionadas con la electricidad (que superan los 20.000 millones entre todas: recorte del IVA de la factura, del impuesto especial, subvenciones al sector...) y las deducciones en el IRPF (impuesto de la renta).
Precisamente, en junio se prorrogaron otras medidas del decreto anticrisis que decaída entonces, como la rebaja del IRPF para las familias con menos ingresos, exactamente para las que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero que beneficiará a las rentas hasta 22.000 euros brutos anuales. “La suma de las medidas fiscales, entre IVA e IRPF, suponen para las familias un ahorro de 3.000 millones de euros al año”, apuntó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.
“También extendemos el escudo social para los colectivos más vulnerables, que también se benefician de las medias anteriores”, añadió Montero. Este escudo social incluye la prohibición de cortes de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, hasta final de año. Además, el nuevo decreto anticrisis hace indefinida la tarifa de último recurso (la TUR) de gas para las comunidades de propietarios.
Mientras, el IVA del recibo de la luz de los contratos domésticos regresa al valor reducido del 10% con el repunte en el precio del mercado mayorista de la electricidad por encima del listón de los 45 euros por megavatio hora (MWh), como pasó de junio, según contempla el primer decreto anticrisis, de 2021.
En el mismo paquete de medidas, el Gobierno aprobó la ampliación del Programa de Apoyo a la Movilidad Eléctrica, conocido como MOVES III, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024. Supone incentivos para la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga, pero aún está por determinar la dotación económica que va a suponer, que se canalizará a través del IDAE.
El nuevo decreto anticrisis incorpora un refuerzo de “los incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades a los vehículos eléctricos promoviendo una amortización libre”, para “promover las inversiones en nuevos vehículos eléctricos y en nuevas instalaciones de recarga”. Esta medida beneficia a inversiones nuevas que entran en funcionamiento en los periodos impositivos iniciados en 2024 y 2025. En total, es un paquete de ayudas de 626 millones de euros.
Del mismo modo, se extiende “seis meses, hasta finales de 2024, el plazo para que las empresas gasintensivas receptoras de las ayudas de compensación de los costes adicionales derivados del aumento del precio del gas natural puedan acreditar el cumplimiento efectivo de pago a sus proveedores”. Por último, sigue “el mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva hasta el 31 de diciembre de 2024”, y “la flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2024”.
Además, se prorrogan las ayudas a La Palma, a través de una prórroga de los beneficios fiscales establecidos en el IBI y en el Impuesto de Actividades Económicas para los afectados por la erupción del volcán y se amplía seis meses más de la suspensión de obligaciones de pago de los préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria concedidos a afectados. También se amplía la prestación por cese de actividad y de la exención en el pago de cuotas a la Seguridad Social para los autónomos obligados a parar Prórroga de los ERTE vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en las empresas afectadas por el volcán.
