Comprométete con la noble lucha por los derechos humanos. Harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir.
Martin Luther King
El paquete de reformas que propuso el presidente de la República en febrero pasado incluye, como es sabido, la referente a eliminar a los organismos autónomos, al considerarlos contrarios al interés público. Si bien el debate se ha centrado en la propuesta de reformas al Poder Judicial, seguramente en los meses por venir también se estarán discutiendo el resto de las propuestas.
A reserva de que se realicen diálogos públicos para ello, me permito compartir algunas reflexiones sobre la potencial desaparición de los organismos autónomos garantes de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales en México.
Primero, es una cuestión de derechos humanos. Desaparecer a estos organismos implicaría desaparecer también al Sistema Nacional de Transparencia que se ha venido construyendo en las últimas dos décadas. Este sistema es un engranaje de instituciones y procesos que han hecho posible materializar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de los datos personales. El sistema no es sólo el INAI y sus equivalentes en los estados, sino también las unidades de transparencia en las instituciones públicas y los mecanismos interinstitucionales, a través de las cuales es posible ejercer los derechos mencionados.
Además, el acceso a la información abre las puertas a otros derechos, ya que permite a la gente saber, por ejemplo, dónde y cómo acceder a programas sociales o cómo promover la mejora de los servicios públicos que necesita. El derecho a saber existe en favor del pueblo.
Segundo, a través de la transparencia es posible monitorear el ejercicio de las autoridades y los presupuestos públicos, y así identificar posibles actos de corrupción. Ejemplos existen para cada una de las administraciones federales desde que se promulgó aquella primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002. Por eso, la transparencia no puede depender de la voluntad de quienes ejercen las funciones públicas; debe ser garantizada desde una posición de independencia y autonomía respecto al poder. Además, la transparencia favorece la confianza en las instituciones, ¿cuánto más si está siendo garantizada por organismos independientes?
Tercero, la protección de los datos personales es una cuestión de salvaguarda de la privacidad, la integridad personal y la seguridad financiera de las personas. La difusión de la información confidencial puede motivar –injustificadamente– expresiones de discriminación en distintos niveles, puede hacer identificables a personas expuestas al crimen y puede facilitar el robo del patrimonio personal. Por ejemplo, el estado de salud o la orientación sexual de las personas pueden ser motivo de discriminación laboral y, en el peor de los casos, de crímenes de odio. De igual manera, la difusión de la información bancaria hace posible la comisión de robos y fraudes. Estas son situaciones muy reales a las que están expuestas las personas, por lo que es difícil imaginar cómo podría asignarse la función de proteger los datos personales entre instituciones distintas a los organismos garantes.
Por eso, estas instituciones son parte fundamental del mismo Estado mexicano del que forman parte los Poderes de la Unión; no como adversarios sino como parte de un todo en favor de los derechos de la gente, la atención a las problemáticas sociales y las finanzas públicas. Todos los órganos del Estado tienen funciones específicas y complementarias hacia un mismo fin que es el desarrollo progresivo.
Así como Martin Luther King hizo un llamado a comprometernos con los derechos humanos, la existencia y la independencia de estos organismos garantes es una muestra del compromiso que tenemos como nación con los derechos humanos.
