Con la reglamentación del nuevo impuesto con el decreto 652/2024, el Gobierno gatilló los planteos judiciales que se desdoblarán en acciones colectivas e individuales. Quiénes encabezan la movida y bajo qué fundamentos
Con la reglamentación del nuevo impuesto a las Ganancias a través de la publicación ayer del decreto 652/2024 en el Boletín Oficial, el Gobierno gatilló los primeros dos planteos judiciales por parte de los gremios cuyos trabajadores y trabajadoras quedaron comprendidos en el pago de la cuarta categoría del tributo. De movida, la estrategia se desdoblará en oleadas de demandas colectivas -si la Justicia lo admite- e individuales, bajo el asesoramiento de los sindicatos.
Los bancarios se aprestan para hacer la primera tanda de amparos hoy en los tribunales laborales. Los abogados de la Asociación Bancaria, que lidera el diputado y dirigente gremial Sergio Palazzo, tenían listo un primer bosquejo de la presentación la semana pasada con miras a solicitar, por un lado, que la Justicia del Trabajo le permita avanzar al gremio como tal, en representación de sus afiliados y afiliadas. Esto sin dejar de lado las acciones individuales que se vayan a interponer.
Anoche, Palazzo estudiaba con los asesores legales de La Bancaria la letra de la acción que hoy interpondrán señalando el carácter "confiscatorio" del impuesto, caracterizándolo como una rebaja encubierta y que va contra el derecho de alimentación. Aluden a la contradicción de que en un país donde la canasta básica para no caer en la pobreza se ubica en los $ 873.000 en junio, el prorrateado del bono por el Día del Bancario y el aguinaldo sumado al básico ya pone a los trabajadores en un básico de $1,2 millones que es casi el nivel del piso mínimo no imponible. "Si además tiene que pagar una cuota alimentaria, es ridículo", sostuvo Palazzo.
Tanto Palazzo como Moyano descreen de cualquier tipo de negociación con el Gobierno en cuanto a la posibilidad de sumar deducciones. Más aún considerando que en el debate en el Congreso quedó en claro que no se aceptarían. De hecho, se dieron de baja, con la reforma, hasta 25 deducciones contempladas en los últimos incisos del artículo 25, los puntos 4 y 8 del artículo 82 y los artículos 110, 111 y 127 para eximiciones del pago del tributo.
"Este Gobierno no tiene intención de acordar con los trabajadores. El leitmotiv de sus leyes son todas en contra de los trabajadores. Los trabajadores pagan Ganancias, los no registrados se la tienen que aguantar y el que los tuvo sin registrar todavía tienen premio porque es el Estado el que se hace cargo de las cargas sociales", opinó ayer el líder bancario en El Destape Radio.
En simultáneo, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), sindicato nacional que representa a profesionales de la salud del ámbito público y privado, ya presentó un amparo ante el Juzgado Federal Nro 1 de San Martín pidiendo la suspensión del Título V de la Ley 27.743, en este caso, ante el fuero Contencioso Administrativo.
"El médico queda gravado por ganancias no por un salario alto sino por el pluriempleo que debe afrontar, trabaja entre dos y cuatro lugares para llegar a fin de mes", sostuvo el secretario adjunto del gremio, Carlos Wechsler, en declaraciones a los medios. Y alertó que en el caso de "un trabajador médico casado que gana $1.800.000 percibe ese valor por diversos trabajos y en cuanto comienza a tributar tal vez le conviene dejar alguno de esos empleos porque el impuesto le saca lo que gana en una guardia".
La demanda enfatiza en "la condición de pluriempleo que afecta a los afiliados a la Asociación de Medios de la República Argentina, sumada a la circunstancia que los mismos son profesionales con alta capacitación, aunque las remuneraciones no resulten justas por la trascendencia social de las actividades desarrolladas y las consecuencias que sus actos puede acarrear en la comunidad". Incluye a profesionales jubilados pues considera que "los beneficios previsionales son reintegros de aportes efectuados por el beneficiario y no ganancias".
En paralelo, "los gremios portuarios nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) que encabeza Juan Carlos Schmid, vamos a presentar acciones judiciales con medidas cautelares ya que se afectan principios fundamentales del derecho del trabajo como la progresividad y la tutela del salario", indicó Roberto Coria, secretario general del Sindicato Guincheros y Grúas móviles, a El Cronista
Y añadió que "los gremios lo harán con trabajadores afectados por la reimplantación del impuesto al trabajo y la baja de las deducciones para nuestro sector. Todo para que se reconozca la regresividad del tributo, la protección del salario y nuestras especiales características como actividad Portuaria".
A comienzos de mes hubo una reunión de los gremios de la CATT -la plataforma de transporte- junto a otros aliados, como el caso de los bancarios, donde fijaron una hoja de ruta de cuatro pasos para hacer frente a Ganancias: crear una mesa técnica con todos los sindicatos afectados por la reinstalación del impuesto a las ganancias a los trabajadores; formalizar ante la Justicia las presentaciones pertinentes reclamando por la inconstitucionalidad; acompañar la presentación judicial con una movilización de las organizaciones sindicales afectadas y realizar asambleas informativas para explicar los alcances de la medida judicial solicitada.
Algunos de los gremios allí sentados ya avanzaron con el primer punto del plan de lucha y se aprestan a ejecutar el segundo. A los citados previamente, se suman Camioneros y los aeronáuticos -desde APLA estimaban avanzar la próxima semana-, según informaron a este medio fuentes del sector. Los dos últimos pasos también se llevarán a la mesa del Consejo Directivo de la CGT del jueves con el fin de nacionalizar la estrategia. La UOM es otro de los gremios que trabaja en sintonía y en coordinación con las directivas de la CGT.
En el caso de AEFIP y Supara, en representación de los trabajadores fiscales y aduaneros, se mantenían a la expectativa de conocer el modelo de presentación que diseñan los abogados de la CGT de acuerdo a lo que trascendió de la reunión de la mesa chica hace dos semanas en la sede de UPCN. También la estrategia que barajan es combinar acciones desde los gremios con otras individuales.
Y los gremios aceiteros -SOEA y la Federación- informaron a El Cronista que siguen trabajando con los asesores legales para realizar presentaciones de amparo, en coordinación con los marítimos y el SOMU. El próximo miércoles ambos confluirán en un plenario nacional de delegados para definir el plan de lucha contra Ganancias y otros aspectos de la reforma laboral aprobada en la Ley Bases.
También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, presentó una acción para reclamar la suspensión del nuevo impuesto a las Ganancias sobre los salarios porque es "inconstitucional" y "menoscaba derechos adquiridos". En el Poder Judicial, solo pagan este tributo quienes ingresaron a la carrera después de 2017 y no sobre la totalidad de los ingresos.
Algo similar ocurre con las y los diplomáticos a quienes también impactó el nuevo impuesto en cuanto se eliminó la posibilidad de eximir de Ganancias un plus salarial que cobran aquellos destinados en el exterior, a partir de un monto que fija Naciones Unidas. En los escalafones más bajos, es hasta el 25% de sus salarios. En los más altos, se calcula en un 20%. De ahí el enojo entre las camadas más jóvenes que trabajan desde el exterior porque impacta directamente sobre los costos de vida.
Incluso de ATE Cancillería emitieron un comunicado bajo el título "El salario no es Ganancia" donde aluden a la eliminación de las excepciones en el artículo 280. Hay trabajadores y trabajadoras afiliadas a ATE y UPCN que también se desempeñan en el exterior.
El salario no es ganancia. Los trabajadores y las trabajadoras no somos la casta. pic.twitter.com/ovXe4JhBBQ
— ATE Cancillería (@atecancilleria) July 22, 2024El único gremio contemplado en la reglamentación para exceptuar algunos items en base a la Ley 26.176 que empujaban los salarios por encima del mínimo no imponible es el de los Petroleros. En rigor, una conquista del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante un juego de doble presión ante los gobiernos provinciales y las cámaras empresarias.
Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 27.743, el "personal de pozo" incluido en esta posibilidad de deducir determinados segmentos del salario incluye a aquellos que trabajadores que realizan actividades como la exploración petrolífera o gasífera, tareas en boca de pozo, perforación, terminación, mantenimiento, reparación, intervención, producción, servicios de operaciones especiales y servicios de ecología y medioambiente.
De igual modo, reconoce como "personal de pozo" a los trabajadores que, aunque no se encuentren directamente en los pozos, desarrollan labores "indisolubles" a estas actividades, como la operación y mantenimiento de instalaciones necesarias para la producción de hidrocarburos. Con lo cual queda contemplada casi la totalidad del sector salvo el personal directivo, ejecutivo y gerencial.
"Es un win win, ganan los trabajadores pero también las empresas", señaló una fuente del gremio a El Cronista, en referencia a la presión que desde el sindicato ejercieron sobre las empresas para que intercedan bajo la amenaza de bajarse de las horas extras y forzar a las petroleras a contratar un tercer turno para trabajar de forma ininterrumpida.
Un dato que no pasó desapercibido para el Gobierno es que el 72,7% de las firmas petroleras y el 100% de las gasíferas mantiene previsiones de realizar inversiones en el trimestre en curso 2024, acorde al último reporte de Indicadores del sector energético del INDEC. Del mismo modo, el propio gobernador neuquino, Rolando Figueroa, fue quien dijo en público que el excedente salarial que no se abona en ganancias se vuelca al consumo en la provincia, por lo cual también hubo presiones políticas en ese sentido.
