El Congreso de los Diputados decide este martes si la reforma de la Ley de Extranjería, con la que el Gobierno pretende crear un sistema obligatorio de reparto de menores migrantes, iniciará su tramitación parlamentaria o será finalmente tumbada. El debate ha arrancado con la defensa de la proposición de ley por parte del grupo parlamentario socialista, que insiste en la necesidad de impulsar de forma urgente un sistema automático para atajar la emergencia humanitaria en Canarias. “Espero que sus hijos nunca tengan que huir de su casa”, ha dicho el diputado socialista Luc André Diouf, de origen senegalés.
“Ante la sobreocupación por la llegada de niños y niñas mps encontramos en una situación extraordinaria y necesitamos dar respuesta al esfuerzo que hacen Melilla Ceuta y Canarias”, ha añadido el parlamentario. Desde Sumar, Nahuel González López, ha pedido solidaridad al PP y ha insistido en las necesidades que empujan a miles de niños y adolescentes de abandonar sus hogares. “Imaginen a sus hijos caminando durante días en el desierto. ¿Creen que no merecen solidaridad?”.
“Este debate no va de quien aguanta más menores, sino de derechos de la infancia”, ha continuado el diputado de Sumar. “No nos entra en la cabeza que no puedan apoyar hoy estas cuestiones en la Cámara”, ha dicho. “Junts piden más recursos, estamos de acuerdo, pero no utilicen esa excusa para votar en contra. No den mal ejemplo del solidario pueblo catalán por miedo a la extrema derecha en Catalunya”.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha desgañitado para pedir a la Cámara que vote a favor de iniciar el trámite parlamentario de la proposición de Ley para apoyar al Archipiélago y proteger los derechos de los menores. “Van a decir que no a los menores, van a decir que no a Canarias. ¿De verdad piensan que tenemos más tiempo, que los niños tienen más tiempo, que hay más personal cualificado en Canarias para atenderles? No lo tenemos”, ha afirmado. “Ahora mismo hay menores navegando que no sabemos si llegarán a la orilla. Deseamos que lleguen, lo triste es que hay algunos que desearían que no lo hiciesen”.
Después de varias semanas de contactos con los distintos grupos parlamentarios, en las que el PP ha subido el tono sobre migración, los números aún no salen y la normativa solicitada por el Ejecutivo de Canarias para aliviar la emergencia humanitaria en las islas depende de la posición del Partido Popular y Junts, que han mostrado sus reticencias al plan de traslados planteado por el Gobierno central. Con los respaldos confirmados actualmente, el Gobierno solo necesita la abstención de alguna de estas formaciones para que la modificación normativa pueda ser debatida, pero las últimas declaraciones de los portavoces de ambos partidos apuntan a que van a acabar tumbando la normativa.
Aunque los contactos con los grupos parlamentarios se habían impulsado desde hace semanas, desde el PSOE, Sumar y los ministerios más involucrados en la reforma normativa aceleraron durante los últimos días las conversaciones especialmente con el Partido Popular y Junts, sin apenas resultado. De hecho, este lunes, Alberto Núñez Feijóo ha endurecido de nuevo el tono en su discurso migratorio, relacionando una vez más la inmigración con la delincuencia sin datos: “Para los que llegan, porque se juegan la vida, pero también para los que estamos, porque los españoles tienen derecho a salir con seguridad a la calle”.
El Gobierno necesita, al menos, la abstención del PP o de Junts, siempre que el resto de socios parlamentarios apoyen la proposición de ley planteada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria. Catalunya también se opone a un reparto obligatorio si no se tienen en cuenta sus enmiendas acerca de la financiación y sobre la determinación de la edad de los jóvenes. En concreto, Junts ha solicitado que Catalunya se quede fuera del reparto de menores migrantes, algo a lo que el Gobierno central se ha negado y ha recordado que los criterios sobre los que se basaría el sistema de reparto son objetivos y podrán ser discutidos en una conferencia sectorial posterior, aunque de momento se aplicarían los aprobados anteriormente en el mecanismo voluntario, que tienen que ver con la población, la renta y el esfuerzo de acogida de niños y adolescentes migrantes.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explicaban este domingo por la tarde, en contra de lo difundido por el PP que aseguraba no haber podido negociar la normativa, que su departamento “ha seguido realizando rondas de contactos con los grupos parlamentarios”. Dentro de esa ronda, Ángel Víctor Torres mantuvo este domingo “una conversación por escrito con el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado. En esa conversación por escrito en ningún momento se le ha trasladado al PP el no a negociar del Gobierno ante sus peticiones”. También el Ministerio de Juventud e Infancia ha mantenido contactos hasta este lunes con Junts y el PP, pero sin lograr avances ni ningún cambio en su posición.
El texto de la proposición de ley registrado en el Congreso choca en algunos de sus puntos con las peticiones esgrimidas por el PP. Por ejemplo, en la insistencia de la formación de Núñez Feijóo de que las pruebas de determinación de la edad de los menores trasladados en el marco del sistema de reparto se hagan en la comunidad a la que llegan. Sobre la financiación, otro de los puntos de discordia, no está claro el detalle de las cantidades que alcanzarán los fondos, aunque el texto establece asegurar la financiación “suficientes” para recibirles. Atendiendo al dinero público estatal ligado a los anteriores acuerdos no vinculantes de traslados de menores, las demandas del PP, que pide que la atención de los chavales derivados sea cubierta el 100% hasta su mayoría de edad, parece más ambiciosa que lo planteado por el Ejecutivo central.
Canarias tutela a 5.600 niños y adolescentes en 80 centros repartidos por todas las islas. Las condiciones en las que los jóvenes son atendidos en las islas ha sido cuestionada, después de que saliera a la luz una denuncia registrada en la Fiscalía contra un centro de Lanzarote. El caso señala supuestas agresiones a menores, la insalubridad y mal estado de las instalaciones, la falta formación del personal contratado para atender a los chavales, etc.
