En duda se mantiene el veto presidencial que el Ejecutivo iba a presentar en medio de la discusión por la reforma electoral. La finalidad era reponer sanciones a quienes no voten, pero solo para “ciudadanos” y no “electores”, lo que deja fuera a los residentes extranjeros. Situación que ha despertado fuertes críticas desde diversos sectores.
Al respecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara -quien subrogó a la ministra Camila Vallejo en la vocería de este lunes- afirmó que están evaluando la decisión. “El ministro Álvaro Elizalde fue mandatado por el Presidente de la República para realizar algunas consultas durante estos días a fin de ejercer la facultad o no presidencial de imponer un veto”, señaló. Por tanto, dio a entender que el Ejecutivo está en busca de alternativas y que la presentación del veto no está asegurada.
No obstante, la posibilidad pone en una nueva encrucijada al Ejecutivo. Y es que la presentación del veto presidencial, según señaló la ministra Jara, busca “resguardar los principios en los cuales hemos estado promoviendo, entre otras, el voto obligatorio”. En caso de no presentarlo, la ley quedaría sin multas para quienes no concurran a las urnas en las elecciones municipales y regionales en octubre próximo.
Una medida que le ha valido al Gobierno críticas desde diversos sectores, incluyendo las propias comunidades de migrantes, pero sobre todo desde la oposición. Fue el diputado Andrés Longton (RN) quién este lunes profirió las declaraciones más duras al respecto.
“En este caso, el Presidente estaría infringiendo gravemente la Constitución”, lanzó en primer lugar el parlamentario de oposición. “La Constitución lo mandata a establecer en una ley orgánica las sanciones o multas en caso de no acudir a sufragar teniendo voto obligatorio”, agregó Longton.
Su crítica no terminó ahí, ya que además acusó al Gobierno de mostrar “un espíritu muy antidemocrático” y de querer “ganar por secretaría una elección alterando las reglas electorales”.
“Sería un evidente daño a las instituciones y a la democracia, que espero que el oficialismo no vaya en esa línea. Porque con eso repercutirá en que, cualquier instancia de diálogo con la oposición, se rompería de manera irreversible”, complementó Longton, quien además expuso que la propia coalición oficialista votó en su momento a favor del voto obligatorio con sanciones.
En esta disputa con miras a las elecciones de octubre próximo, en la Democracia Cristiana también se expresaron y presionaron al Ejecutivo. El diputado Eric Aedo realizó un llamado a la coherencia y señaló tajantemente que el voto debe ser “obligatorio, la votación debe ser en dos días y además con sanciones para quienes no voten”.
“Que el Gobierno no se ponga creativo y no comience a borrar con el codo lo que Chile necesita escrito con la mano, que es un voto obligatorio que tiene un amplio respaldo en la ciudadanía de nuestro país. Si el Gobierno va a actuar de manera incoherente, entonces va a tener una respuesta muy contundente desde el mundo político y en especial desde la Democracia Cristiana”, afirmó en su cuenta de X.
Presiones hacia el Ejecutivo que se multiplican en las últimas horas, y en medio de acusaciones por cambiar las condiciones de la votación para favorecer a su sector, también se han desplegado voces que apuntarían a una eventual acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric. Desde el Partido Republicano deslizaron esta idea, a la cuál se plegaron de manera fugaz desde la UDI y Renovación Nacional. “También es una vía el Tribunal Constitucional”, afirmó Andrés Longton.
