El juez Juan Carlos Peinado adoptó este lunes la decisión de tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno de España en el marco de una causa de tráfico de influencias contra su esposa que la Fiscalía considera que debería estar archivada y cuando todavía está pendiente que la instancia superior al magistrado, la Audiencia de Madrid, se pronuncie sobre las peticiones de cierre. En el caso de que no prosperen los recursos de la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía contra la citación de Pedro Sánchez, Peinado se asegura la imagen y el audio del presidente del Gobierno declarando ante él, probablemente recordando al juez algo que ya sabe: la ley ampara a los testigos a no declarar en causas que se siguen contra sus cónyuges.
Peinado cita a Pedro Sánchez con los argumentos de que hay “documentos” en la causa y “declaraciones testificales” que lo justifican. Aunque se conoció este lunes, el juez adoptó la decisión el mismo viernes, después de que Begoña Sánchez atendiera el criterio de su abogado y se acogiera al derecho los investigados a no declarar. El letrado Antonio Camacho explicó después que no tiene nada que ocultar y que solo intentaba salvaguardar sus derechos, cuando no hay un solo indicio contra ella dentro de los márgenes que la Audiencia de Madrid ha impuesto a la investigación del juez.
El partido Vox, a quien Manos Limpias ha cedido la batuta de la acción popular, anunció a la salida del juzgado que solicitaría a Peinado la declaración del presidente. Su escrito fue registrado poco antes de las siete de la tarde, pero el juez no dice en su resolución que atienda a la petición de esta acusación popular.
Para citar a Sánchez, Peinado menciona la modalidad de “tráfico de influencias en cadena”, esto es, influir en alguien para que a su vez presione a otro. De esta “cadena” resultaría imposible aislar al presidente del Gobierno: si Begoña Gómez hubiera influido en su marido para que este, como presidente, presionara a una empresa pública para adjudicar contratos a Juan Carlos Barrabés, Peinado estaría de nuevo tomando declaración como testigo a una persona contra la que existen indicios para ser imputado, lo que vuelve a cuestionar seriamente la instrucción del magistrado.
El juez ya imputó al empresario Barrabés después de tomarle declaración como testigo. Y este lunes hizo lo propio con Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, también con posterioridad a que acudiera como testigo. De haber apreciado indicios de que se autoinculpaban en sus testimonios, el juez debería haber detenido sus declaraciones y haberlos llamado a declarar en otra fecha, investigados y en compañía de un abogado.
Peinado puede alegar que ha recabado indicios contra ambos con posterioridad a sus declaraciones, pero no es el caso. El cambio de condición de Barrabés a investigado se produce de acuerdo a los dos informes de la UCO que estaban en poder del magistrado desde antes de que le tomara declaración como testigo. Es el propio juez quien así lo afirma en su auto.
En el caso del rector Goyache, el juez dice directamente que le convierte en imputado de acuerdo a su propia declaración, aunque añade que también influye que la realizaron el viernes pasado los vicerrectores José María Coello de Portugal y Juan Carlos Doadrio. Ambos confirmaron ante el magistrado lo que ya se conocía, que la decisión de crear la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez fue decisión del rector Goyache.
De momento, la Fiscalía ha tenido tiempo de recurrir la imputación de Barrabés. El Ministerio Público requiere de Peinado cuestiones básicas: “Una resolución judicial con una motivación y razonamiento mínimo y suficiente, ponderado y proporcional con la naturaleza de la resolución [de imputación]”.
Barrabés reconoció ante el juez que había visto en dos ocasiones a Sánchez. La principal fue en una ronda del presidente con empresarios del sector de la innovación y en presencia del secretario general de Presidencia. No estuvo presente Gómez. En la segunda fue en un acto con la mujer del presidente y otras personas pero Sánchez se excusó enseguida al recibir una llamada.
El estado de la causa de presunta corrupción en el que llega la citación de Sánchez como testigo alberga dos extensos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, redactados a petición del juez, que excluyen indicios de delito en los contratos que consiguió una empresa de Carlos Barrabés.
En 2020 y 2021, la UTE en la que participaba una de sus empresas consiguió sendas adjudicaciones por valor de 6,7 millones de euros. La primera oferta adjuntaba una carta-tipo de recomendación al proyecto firmada por Begoña Gómez, en calidad de directora de la cátedra en la que Barrabés había impartido clase. Otras personas e instituciones entregaron al empresario cartas similares, incluido el Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP. La Guardia Civil concluye que las adjudicaciones se produjeron dentro de los cauces regulados.
Por otra parte, un auto de la Audiencia Provincial de Madrid estableció que dichos contratos eran lo único que se podía investigar de la denuncia de Manos Limpias porque el resto eran “conjeturas” o un bulo. Y la Fiscalía europea se hizo cargo de investigar esas adjudicaciones, en detrimento del juez.
Con estos mimbres, la defensa de Begoña Gómez ha solicitado el archivo de la causa, a lo que se ha adherido la Fiscalía. Los tiempos en los que se mueve la justicia hacen que resulte casi imposible que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie antes de que Peinado practique las diligencias. Mientras, el juez ordena diligencias en providencias de apenas un párrafo y a toda velocidad, como la citación del jefe del Ejecutivo central.
Con este marco, Sánchez se convertirá en el primer presidente en ejercicio que declara ante un juez en fase de instrucción. Felipe González testificó en la vista por el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL y Mariano Rajoy hizo lo propio en el juicio por la financiación irregular del PP o caja B.
Los recursos anunciados por la defensa de Gómez y la Fiscalía tienen complicado evitar la comparecencia de Sánchez. El juez Peinado ha citado al presidente por medio de una providencia –en lugar de hacer uso de un auto o resolución razonada– por lo que los recursos tienen que ser presentados primero ante él y, en caso de rechazarlos, ante la Audiencia Provincial en apelación, señalan fuentes jurídicas. Resulta casi imposible completar todos estos trámites y que se de un pronunciamiento de la instancia superior antes del día 30, añaden.
En consecuencia, los hitos extraprocesales de Peinado serán imborrables: tres vídeos, dos de Begoña Gómez y uno de Pedro Sánchez, sentados ante el magistrado. El de la primera comparecencia de Gómez, ya filtrado, y los que se publicarán en el futuro después de que el juez ignorara la petición de la defensa de que solo se recogiera la voz o que se pusiera marca de agua a los vídeos para conocer qué parte los había hecho llegar a los medios de comunicación.
En su breve providencia, Peinado aprovecha para impartir instrucciones con el fin de que los funcionarios del juzgado se desplacen el día antes al Palacio de La Moncloa para que la declaración de Sánchez sea grabada. El juez pide expresamente que el día 30 haya “dos técnicos” por si se diera “algún incidente que impidiera que pueda ser recogida adecuadamente”.
La argumentación del juez para que Sánchez no pueda declarar por escrito es que los hechos por los que se le cita tienen que ver con su condición de “esposo” de Begoña Gómez. Peinado presenta esta argumentación pese a que anteriormente anunció que iba a investigar a Gómez por todos los hechos que hubiera realizado desde que su marido es “presidente del Gobierno”.
Un precedente se sitúa en frente de las tesis del magistrado. En 1991, las acusaciones solicitaron la declaración del entonces presidente de Castilla-León, José María Aznar, como testigo en el juicio contra el empresario Méndez Pozo. La Audiencia Provincial de Burgos resolvió a favor de que Aznar contestara a las preguntas por escrito porque los hechos por los que se le preguntaban tenían relación con su cargo de presidente autonómico –se reunió cinco veces con el acusado– cuando se cometieron los delitos del constructor que iba a ser juzgado.
El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró este lunes a solicitar la dimisión de Pedro Sánchez. “Vaya imagen la de un país de un presidente entrando a un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer”, dijo el presidente del PP. El PSOE califica la causa judicial como “un montaje de la derecha y de la ultraderecha”. Su portavoz parlamentario, Patxi López, bautizó este lunes las diligencias como “el caso Peinado”.
