La presidenta Dina Boluarte ha recurrido al Tribunal Constitucional para anular la denuncia constitucional que presentó el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por el denominado caso Rolex. Dicha denuncia fue declarada procedente la semana pasada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Congreso.
Boluarte busca dejar sin efecto la denuncia constitucional a través del habeas corpus que presentó el abogado Marco Riveros a su favor en marzo de este año, luego de que la Fiscalía y la Diviac allanaran el domicilio de la mandataria y el despacho presidencial.
La jefa de Estado había desautorizado el referido habeas corpus; sin embargo, esto nunca surtió efecto alguno debido a que no ratificó el desestimiento ante el Poder Judicial. Ahora que el recurso se encuentra en el TC, la mandataria sí lo respalda y ha acreditado como sus abogados al exmagistrado Ernesto Blume y al reconocido jurista Domingo García Belaunde.
La República accedió al escrito de apersonamiento de los referidos letrados, que consideran la denuncia constitucional del fiscal de la Nación como un elemento que confirma una presunta “persecución” contra la presidenta. “(Juan Carlos Villena) no se ha dado cuenta que tal denuncia es insostenible a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución”, se lee en el documento de fecha 31 de mayo, días después que se presentara la denuncia ante el Congreso.
Luego, en un documento del 11 de junio, Boluarte ratifica su intención de participar en el proceso: “Cumpliendo mis instrucciones, los abogados Domingo García Belaunde y Ernesto Blume Fortini (…) se apersonaron en mi nombre y representación para ejercer mi defensa en este proceso, lo que con el presente (escrito) ratifico”.
El habeas corpus que presentó el abogado Marco Riveros pide, en concreto, que se anule la investigación del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra Dina Boluarte, por supuesto enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo impropio y omisión de consignar declaración en documentos. Sin embargo, la pretensión de la mandataria no coincide con la de Riveros, según declaró Domingo García Belaunde a La República.
“Nos han llamado porque, más allá de la buena fe del abogado anterior, no creen que esté muy acertado, con toda cordialidad. No se le puede tocar al presidente en ejercicio. Así de simple. Se le puede investigar, pero no se le puede tocar. Punto. Lo que quieren es acusarla y llevarla a un proceso. Eso no puede ser, lo prohíbe la Constitución. Hay que esperar que ella termine su mandato”, dijo García Belaunde a este Diario.
El jurista sostiene que la Fiscalía de la Nación se ha "precipitado" en denunciar constitucionalmente a la mandataria por una causal que no está establecida en el artículo 117 de la Carta Magna (traición a la patria, impedir elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso e impedir el funcionamiento del sistema electoral). No obstante, sí considera que un jefe de Estado en funciones puede ser investigado preliminarmente, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema en doble instancia.
“La denuncia no se puede hacer todavía. La investigación (preliminar) sí, pero no la denuncia. La denuncia es empezar un proceso. La investigación sí para que no se pierdan las pruebas y quede todo pendiente, que es como debe ser. (…) Lo único que se puede hacer es investigar, los plazos se suspenden mientas la presidenta sea presidenta. Ahí el fiscal de la Nación actual y la anterior, la doctora Benavides, están mal. No pueden acusar a un presidente en funciones, solamente investigar preliminarmente”, reiteró García Belaunde.
Ernesto Blume y Domingo García Belaunde han pedido al Tribunal Constitucional que se les dé el uso de la palabra en la audiencia a programarse.
